Con votos del oficialismo y de forma exprés, según el Frente Amplio (FA), el Senado aprobó el proyecto de ley de reparación económica y social a víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976. El proyecto nació a partir de una minuta impulsada por Cabildo Abierto (CA) en la que se solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley con este cometido. La iniciativa, finalmente, fue aprobada el martes en la Comisión de Legislación y este miércoles se terminó votando en el plenario. El FA propuso que el documento vuelva a comisión para que sea estudiado “seriamente”, pero no tuvo los votos necesarios.

Para defender el proyecto, el primero que tomó la palabra fue el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech, quien aseguró que “las víctimas de la violencia política eran personas que en general no tenían ninguna militancia política, no estaban alineadas a ninguna corriente política, no tenían ningún sesgo ideológico que las hubiera presentado como figuras de notoriedad”. Asimismo, recordó varios “casos paradigmáticos” de víctimas de la guerrilla, como Carlos Burgueño, que murió producto del tiroteo entre integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y la Policía durante la toma de Pando, en 1969.

“Eran personas de origen muy humilde, que dejaron a sus familias desvalidas”, insistió Domenech, y agregó: “Hay una numerosa serie de personas asesinadas, secuestradas, objeto de rapiñas, que el Uruguay se debió haber ahorrado”.

Al respecto, la senadora nacionalista Carmen Asiaín especificó que el monto de la reparación a las decenas de víctimas “está por determinarse”. “Se habló de 75 personas; hay pocos como sobrevivientes, tras largo tiempo”, expresó.

“No hay exclusiones; es el derecho a las reparaciones a aquellas personas que hayan sufrido ataques a su persona o bienes por integrantes de grupos armados de carácter ideológico”, sostuvo, y añadió que “se hace un tratamiento equitativo”.

El pedido de la oposición

Por el Frente Amplio (FA) tomó la palabra el senador Óscar Andrade, que puntualizó que el proyecto genera “un montón de dudas”, entre ellas la selección de fechas desde 1962 a 1976, cuando a su entender hay evidencia de otras víctimas de la violencia política desde 1956.

“¿Vamos a una discusión de muertes por violencia en Uruguay? No empezaron en el 62, no entiendo la fecha, tendría que ser mucho más amplio, y para un tratamiento serio tendríamos que medir a cuántos impacta”, lanzó.

También habló el senador frenteamplista Charles Carrera, quien recordó que su partido está dispuesto a “analizar y a estudiar posibles situaciones a reparar”, pero con la condición de que se reconozca explícitamente que en Uruguay hubo terrorismo de Estado. En particular sobre el proyecto en discusión, se alineó con Andrade y reiteró que no comparten “las formas” ni los rápidos tiempos en los que se procesó. “Se dio un trámite exprés a un tema complejo, sensible”, subrayó.

Asimismo, señaló que el proyecto no indica a cuántas personas abarcaría la reparación, y marcó que no se permitió que los equipos de jurídica que asesoran a la comisión trabajen sobre el proyecto para analizar si hay algún tipo de inconstitucionalidad. En este sentido, subrayó que es competencia de la Asamblea General acordar pensiones y compensaciones, pero eso no quedó redactado en el proyecto. “No queda claro el alcance del proyecto, tenemos dudas de la constitucionalidad, y es una lástima que no se haya podido analizar por parte de los jurídicos”, resumió.

Por su parte, la senadora por el FA Silvia Nane se preguntó de dónde sale la cuantificación de las 70 u 80 personas que se verían beneficiadas con esta reparación económica. “No termina de cerrar ni la oportunidad ni el alcance de este proyecto, ni el período, ni qué se quiere decir cuando se refiere a grupos armados de carácter ideológico”, cuestionó, y agregó que “el timing de la urgencia” no suena “como algo que hoy tengamos que tratar como tal”. “¿Cómo se manejó esta urgencia? Tenemos que saberlo. Hay más confusión que precisión”, señaló.

En tanto, el senador frenteamplista Eduardo Brenta consideró que no se puede hacer un tratamiento “semanal” sobre un proyecto de “estas características”. “Está incluida la JUP [Juventud Uruguaya de Pie], El Escuadrón de la Muerte... Yo fui víctima de los grupos estudiantiles fascistas, fui rehén. Fueron grupos organizados y armados que en algún momento balearon a estudiantes. ¿Esas víctimas están incluidas? Héctor Castagnetto, Ibero Gutiérrez, todos aquellos asesinados y desaparecidos por el Escuadrón de la Muerte por la cual la Justicia procesó a Miguel Sofía”, ejemplificó.

Por su lado, la frenteamplista Amanda Della Ventura consideró que “nadie de la coalición” pidió que se tratara como urgente en los pasados dos años. “¿Por qué estamos en este momento tratando esto? Podemos pensar muchas cosas y, si se nos pide que las expresemos, las expresaremos”, dijo. “Se toma como válida la teoría de los dos demonios, y la rechazamos enfáticamente. Quieren hacernos creer que se enfrentaron dos bandos, que si un bando paga, el otro también. Y eso es una visión deformada de la historia reciente”, expresó.

Por último, estableció que esto debería haber dado para un debate “muy serio” e incluso con una investigación desde el Parlamento “muy profunda”.

A su vez, apuntó que pese a ser perjudicados, a los familiares de los desaparecidos no les corresponde una reparación económica. “Fueron perjudicados con esos secuestros y desapariciones [de sus familiares]. El universo puede ser mayor al de 70 u 80 personas” con este proyecto, analizó.