“Así el Estado no se sostiene más”, repitió varias veces Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) en una charla con la diaria a raíz de un libro académico que publicó recientemente, donde estudió la forma de ingreso de los funcionarios en los países de América Latina. Ligado a eso, el otro tema que dominó la conversación fue la reforma de la carrera funcional, el eje central de la tan repetida reforma del Estado. El jerarca, que ya tropezó en su intención de impulsar estos cambios en los años previos, tiene confianza en que logrará cerrar un acuerdo en 2023, aunque reconoce que debió “ceder” y el proceso comenzaría a partir del siguiente período, con un esquema de “transición”.
En lo que va del gobierno, la ONSC trabajó con foco en dos objetivos: identificar las más de 1.000 compensaciones de distinto tipo y valor económico que cobran los funcionarios públicos por encima de su salario base; y establecer un nuevo esquema de ocupaciones dentro de la administración central, que valora la tarea que se realiza más allá del escalafón, los estudios o el lugar en donde trabaja una persona. Con esos insumos, según Ramos están las bases para dar el siguiente paso, que es implementar los cambios en la carrera funcional.
En las últimas dos rendiciones de cuentas, los proyectos con cambios presupuestales que el gobierno envía al Parlamento a mitad de año, estuvo la intención de la ONSC de avanzar con la reforma funcional, pero no tuvo éxito. A mediados de 2021, “no dieron los tiempos” para zanjar la discusión política y los artículos fueron retirados previo al envío del proyecto; un año después, las disposiciones llegaron al Parlamento, pero se desecharon rápidamente ante el reclamo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
El planteo sindical fue que se envió una reforma sin haber pasado por la negociación colectiva, lo que incumple el estatuto del funcionario público. Por eso, se retiraron las disposiciones y meses atrás comenzó una instancia tripartita que aún está en proceso –se retomará en febrero–, en la que participan COFE, la ONSC y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
“Habilitar el proceso de negociación con COFE no fue sencillo. No es que no negocié con COFE porque no quería, venimos hace dos años [trabajando en la reforma], pero no estaba habilitado eso. Ahora empezamos a negociar y lo que me dicen ellos es que la reforma es necesaria, que es una reivindicación histórica del sindicato que haya a igual función, igual remuneración”, declaró Ramos.
Sin embargo, en sus declaraciones públicas más recientes los dirigentes de COFE han sido prudentes y mostrado puntos de discordia con el plan de Servicio Civil. En diálogo con la diaria, el secretario adjunto del sindicato, Aidemar González, expresó que hay disposición a hablar sobre los cambios en la carrera funcional, pero no aceptan las bases de esa negociación: “Hoy hay falta de personal, problemas con los ascensos en todos los organismos y restricciones presupuestales”; sumado a esto, la propuesta de Servicio Civil incluye una nueva escala salarial que generaría “pérdidas para 85% de los funcionarios”, lo que “no genera incentivos” al procurar “equiparar para abajo”.
Ramos sostuvo que “COFE dice con razón que 70% [de un total de 12.000 trabajadores públicos que serían abarcados] hoy cobra por arriba de la nueva línea salarial por las compensaciones que tienen”. De todas formas, tiene prevista una fórmula para negociar con el sindicato, que contempla no modificar el salario y que a medida que la persona ascienda vaya reduciendo su nivel de compensación al elevar su línea de base.
Compensaciones y salario
González, de COFE, sostuvo que primero deberían discutirse “las compensaciones discrecionales” que deciden “los jerarcas en cada ministerio”, un asunto que, manifestó, “no resuelve” la reforma de la carrera funcional de Servicio Civil. “Las compensaciones por la tarea que desempeña el funcionario o el organismo en el que está hoy son parte de la realidad. Las que generan inequidad son las compensaciones de asignación directa, de las que sólo el jerarca sabe los motivos”, añadió.
Ramos detalló que hay unas 1.200 compensaciones de distinta especie, que pueden clasificarse en cuatro grandes categorías, y de esas “sólo una es la problemática [las llamadas compensaciones especiales], que se lleva 85% de la masa salarial” de todos los funcionarios estatales. “Es terrible, en algunos ministerios el salario promedio es de 60.000 pesos, pero hay funcionarios que cobran 200.000 pesos de compensaciones. Así es imposible tener una función pública profesional, esto es un disparate que se fue acumulando por décadas”, expresó.
El plan de reforma que impulsa Ramos busca que cada funcionario tenga una ocupación asignada y cobre lo mismo que otro que realiza igual tarea en otro ministerio. Pero eso lo proyecta para al menos dentro de un quinquenio, porque los cambios se darían dentro de “una transición”, en la que asegura que habrá “ahorros” para el Estado.
El proyecto es que todos los nuevos funcionarios que ingresen al Estado lo hagan por el nuevo esquema de ocupaciones, que tiene asociada una línea salarial. “Hoy el salario de ingreso al Estado está en algo más de 30.000 pesos, pero en algunos lugares ya entrás con compensaciones gordas, cobrando 70.000 o 80.000 pesos. En estos dos años le dimos valor a cada ocupación. Entonces, quizás tenga que empezar [al ingresar al Estado] con un sueldo de 40.000, y alguien que se va [haciendo la misma tarea] gana 80.000 pesos, porque cobra la mitad en compensaciones”, detalló. Siguiendo esa lógica, empiezan a surgir ahorros, que serían utilizados para elevar la línea salarial base de cada ocupación.
“Si logramos ahorros que vayan a subir la línea salarial genuina, no la trucha de las compensaciones, tenemos un logro. Porque no le sacamos dinero a otro rubro, a salud o educación, para subir los salarios públicos. Con los ahorros hacemos una racionalización y una redistribución, sin afectar los derechos de nadie, y se sube la línea salarial”, afirmó.
En tanto, los funcionarios ya activos dentro de la administración central no verán modificadas sus condiciones salariales. Lo que sí, explicó Ramos, podrán concursar por ascensos y así parte de la mejora en la remuneración será absorbida por el salario base de esa ocupación y ya no por alguna compensación.
Para el secretario adjunto de COFE este plan no genera “incentivos”, porque los funcionarios nuevos cobrarán menos que otros pares al ingresar, y quienes ya están en la administración “no tendrán una perspectiva de crecimiento” porque, si bien podrían ascender, eso no impactará en su remuneración y seguirán cobrando lo mismo con más responsabilidades.
Otro aspecto a solucionar, sostuvo Ramos, es equiparar la duración de la jornada laboral en los ministerios. Su intención es pasar a todos los trabajadores a un régimen de siete horas, ya que hoy conviven esquemas de entre seis y ocho horas. De hecho, dijo que logrando elevar la línea base y equiparar las horas, se podría pedir exclusividad a los funcionarios públicos y así mejorar su productividad. “Me pasa que hay expedientes atrasados, pero la gente se va porque tiene otros trabajos, y así la línea de productividad del sector público no mejora”, añadió.
Lo político
Tras los vaivenes que experimentó para impulsar la reforma, Ramos reconoció que el objetivo es “difícil” y para hacerlo “debe estar en la agenda del gobierno”. ¿Hoy eso ocurre? Según lo que expresó, “todavía no”, pero sí valoró avances como que los ministerios hayan habilitado los estudios previos que viene llevando adelante la ONSC. “Yo estoy peleando por esto, pero todavía no está en la agenda del gobierno”, indicó.
De todas maneras, el jerarca se mostró confiado en que en 2023 cosechará buenos resultados. En el caso de la negociación con COFE, planteó: “Viene bien. A ellos hay cosas del nuevo sistema que les hacen sentido, y es cierto que hay cosas que les preocupan, pero estamos pensando soluciones. En estas cosas hay que ceder; como esto produce ahorros, redistribuye mejor y existen aumentos genuinos, yo tengo una luz de esperanza”.
El jerarca agregó que “mucho se juega en la negociación con COFE, pero también mucho se juega en el intercambio y los diálogos con la oposición política”. Ramos recordó que “el Frente Amplio ya había hecho” avances de cara a la “simplificación” del esquema de compensaciones, por lo que entiende “que esto puede transformarse en una política de Estado”.
“Como fracaso puedo decir que no la pude implementar en este período, pero si me pongo en una actitud de ir por todo o nada, no conseguimos nada. Esta reforma es posible si se explica, se deja intervenir y participar a todos, se toman aportes siempre que no cambien lo sustancial –que son las ocupaciones y una línea salarial que tienda a simplificar las compensaciones–, porque todo lo demás es negociable”, resumió.
Desde COFE, González expuso otro escenario: “Los cambios en la carrera administrativa requieren un análisis profundo y serio. Si bien es parte de una reivindicación histórica de COFE, se requieren intercambios que difícilmente puedan procesarse con un gobierno entrando en su etapa final y en el año preelectoral”.
El dirigente sindical complementó sobre el tema: “No defendemos el régimen actual ni mucho menos. Más allá de que desde lo conceptual podemos tener diferencias o matices con el planteo de Servicio Civil, lo que complica su aplicación es la tabla salarial, que es muy baja y deja a la gran mayoría de los trabajadores por debajo de lo que ganan”.