Pese a que se encuentra sujeto a negociaciones, Cabildo Abierto (CA) reformuló un viejo proyecto en el que propone crear la “Junta de Garantías en Comunicación Política”, que tendrá la potestad de conocer “todo lo relacionado con la información y la comunicación política en los servicios de difusión regulados”, como también de “realizar la observación de los programas y espacios”, según informó Búsqueda. En el texto, al que tuvo acceso la diaria, se apunta que la junta que fiscalizaría a los medios de radiodifusión se crearía como una institución del Poder Legislativo, que se compondrá de nueve titulares, un presidente y ocho vocales, que tendrán doble número de suplentes respectivos.
En la fundamentación indican que los ciudadanos tienen el “derecho” a recibir una comunicación política de “manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”. Esta “obligación” comprende a “todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico y electoral”.
En ese marco, indicaron que la ley “garantiza” a los actores políticos el “derecho” a acceder a los servicios de difusión regulados por la “presente ley”, en base a lo que establece la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual, “en forma proporcional a su representación parlamentaria, con la finalidad de emitir sus mensajes y difundir sus opiniones, valoraciones e informaciones”.
Esto sería reglamentado por la Junta de Garantías en la Comunicación Política “por mayoría especial”. El planteo también “debe comprender a las instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República”. Según consignó el semanario, el texto está en manos del diputado cabildante Álvaro Perrone, que, según dijo a la diaria, ahora está concentrado en la discusión de la reforma jubilatoria.
“Términos amplios, vagos y ambiguos”
Ante la posibilidad de que se trate este proyecto en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, distintos expertos cuestionaron el planteo de CA. Por ejemplo, el exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza dijo a la diaria que el proyecto establece que la junta se va a reunir dos veces por mes a evaluar todo lo que tiene que ver con “el trabajo periodístico, de qué manera [se hace], y además va a estar condicionado a estos términos amplios, vagos y ambiguos, en caso que esto se apruebe”.
El documento indica que la junta sesionará con la presencia de cinco de sus miembros, uno de los cuales deberá ser necesariamente el presidente, o en ausencia del presidente, con la presencia de seis de sus miembros. Aclara que las resoluciones ordinarias se adoptarán por mayoría absoluta de los presentes y en caso de que haya un empate la resolución “se reputará negativa”.
“Las violaciones a la imparcialidad, al equilibrio, al pluralismo y a toda esta cantidad de requisitos que establece la ley van a tener sanciones. Creo que es una junta interventora de contenidos que es incompatible con el Estado democrático”, fustigó Lanza.
A su vez, consideró que ve al anteproyecto un “poco contradictorio” con la “prédica” que ha tenido “la propia coalición de gobierno” en lo que refiere a la llamada ley de medios. Recordó que esta establece una única regulación de contenido que está admitida por el propio derecho internacional, que es la protección de la niñez y la relacionada con los discursos de odio. “Esas son las únicas limitantes que ponen, en un horario específico”, sostuvo.
El experto consideró que de aprobarse el proyecto se traduciría en una “injerencia a la línea editorial” de los medios de comunicación, con sanciones que ponen “en riesgo” la sustentabilidad de un medio. Según el proyecto, el medio puede tener una “amonestación pública” y multas de un valor que oscila entre 10.000 y 10.000.000 de unidades indexadas, “según la entidad de la violación”. Señala que en caso de reincidencia “se duplicarán los montos”.
En caso de que un medio de comunicación persista en una conducta “violatoria de la imparcialidad y del equilibrio político”, el proyecto señala que podrá, por “mayoría especial”, solicitar a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación “la suspensión de la respectiva frecuencia por un término de 30 hasta 180 días”. Para el caso de reincidencia está previsto “el retiro de la respectiva adjudicación de frecuencia”.
Lanza insistió en que el documento “no resistiría un test de protección de la libertad de expresión”. “En una democracia lo que tenés que hacer es ampliar las voces, y no tenés que poner mecanismos de control y sanción para vigilar a los medios de comunicación”, consideró.
“Efectos inhibitorios” sobre el trabajo de los medios
Por su lado, el docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y experto en libertad de prensa Martín Prats coincidió en que juzgar la imparcialidad de los medios “en principio parece desmedido”. “Desde el Estado no se debe evaluar [los] contenidos, es peligroso para la libertad de expresión”, alegó.
En tanto, el integrante del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) Daniel Lema también manifestó su preocupación por el texto legislativo. En diálogo con la diaria, dijo que en el documento se plantea un concepto “bastante complejo y peligroso” al decir que los medios de comunicación tienen que brindar a la ciudadanía información de manera “imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y sociales”. “Uno se pone a pensar cómo controlarían eso. Los medios de comunicación tienen la potestad de decidir cuándo llamar a un dirigente político o cuándo a otro”, sostuvo.
Consideró que afecta tanto la libertad de expresión de los medios como la de sus trabajadores. En esa línea, Lema afirmó que “suena peligroso” el tipo de potestades que tendría la junta, en caso de que se apruebe. Además, cuestionó las sanciones que establece el proyecto: “A la enorme mayoría de los medios les cae una sanción de este tipo y los hace cerrar, básicamente. ¿Cómo van a hacer para pagar?”, se preguntó. Añadió que desde Cainfo tienen la expectativa de que la propuesta “no tendría mucho andamiaje viendo los antecedentes y posturas” de los partidos de la coalición.
Prats también opinó que las sanciones son desproporcionadas y que pueden afectar la viabilidad de los medios. “Esa amenaza de sanciones puede causar efectos inhibitorios sobre la libertad de elegir contenidos que puede tener un medio”, valoró.
El financiamiento
En caso de que se le dé andamiaje al documento, según CA, la Junta de Garantías en la Comunicación Política deberá elaborar su presupuesto para remitir a la Cámara de Representantes para su consideración.
Adicionalmente, percibirá para su financiamiento 3% de la facturación que los servicios comprendidos en la presente ley “realicen a los partidos y agrupaciones políticas”, el “producido de las multas que aplique” y el “ahorro” que realice el Estado en el “financiamiento público permanente a los partidos políticos”.
En ese marco, se considera “ahorro del Estado” a "la diferencia entre el monto que [el partido político] debió haber pagado de participar en las elecciones referidas la totalidad de los habilitados para votar y los montos efectivamente aportados a los partidos políticos", entre otros puntos.