Con la firma de todos los ministros, el Poder Ejecutivo envió a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado el proyecto para un nuevo “régimen de designación y cese de delegados uruguayos” en las comisiones binacionales, tanto la de Salto Grande como la Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Administradora del Río Uruguay y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo.
El documento es similar al que acordaron los partidos políticos este martes, cuando se discutió el proyecto de ley presentado por el nacionalista Jorge Gandini para que los delegados designados en estas comisiones no puedan hacer política partidaria. Esa propuesta fue aprobada por unanimidad en el Senado y pasó a Diputados. En diálogo con la diaria, Gandini indicó que la “lógica” es que Diputados “trate rápidamente” el suyo, que “ya tiene media sanción”.
No obstante, legisladores del Partido Nacional informaron a la diaria que esto se discute en el seno de la coalición y no se descarta que se tome el proyecto del gobierno, que prometió en la interpelación el propio Bustillo.
En su segundo artículo indica que los delegados de las comisiones binacionales “deberán abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos y ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. No se considerará incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los mismos a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración”.
Por otra parte, tal como se había adelantado en la instancia parlamentaria, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con los ministerios de Economía, Industria, Transporte y Relaciones Exteriores, “en el marco de sus respectivas competencias, fijarán las pautas y líneas de acción que la delegación uruguaya ante las comisiones referidas seguirá en materia presupuestal y de gestión financiera”.
En tanto, los gastos de funcionamiento de las delegaciones ante los organismos binacionales reguladas en la ley “se financiarán de conformidad con lo que establezca el Poder Ejecutivo en la reglamentación, debiendo rendir cuenta de los rubros ejecutados”.
Los movimientos
Algunos de los contratados de forma directa en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande decidieron o tienen previsto dar un paso al costado, mientras que otros optaron por continuar en su cargo hasta el fin de período. Con base en fuentes políticas, la diaria supo que hubo ediles blancos que en esta semana manifestaron su intención de renunciar al cargo para quedarse en el organismo binacional.
Según informó El País, 13 de los 36 designados de forma directa por el expresidente de la comisión, el nacionalista Carlos Albisu, pasarán a calidad de contratados, mientras que otros cuatro tienen previsto renunciar. A otros dos se decidió no renovarles el contrato, a uno no se le va a renovar en el momento en que vence –a fines de octubre–, mientras que otro, el blanco Pablo Constenla, ya renunció. Esto fue lo que acordó la delegación uruguaya con la argentina este miércoles en una reunión.
Los otros 15 continuarán sin modificaciones porque trabajan en el complejo hidroeléctrico y, según el medio mencionado, la delegación argentina no aprobó esos cambios. Por el momento, el único edil que renunció a la Junta Departamental es el ahora presidente del organismo, Martín Burutarán, según confirmaron a la diaria.
Fuentes del gobierno indicaron a la diaria que algunos de los designados de forma directa no tienen previsto renunciar porque existe enojo con la delegación, dado que sus integrantes todavía no dieron un paso al costado del organismo, tal como se pidió desde el Parlamento.
Estos movimientos tienen lugar más de una semana después de la interpelación en la Cámara de Diputados a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), donde por 93 votos en 95 de los presentes se aprobó el pedido de que la CTM de Salto Grande “promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional a través de las designaciones directas se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020”.
Además, sólo con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio (FA), se agregó un aditivo por la dimisión de Albisu, que debía ser acompañada “por la renuncia del resto de los delegados uruguayos”, además de encomendarse la realización de una auditoría externa de gestión. Esto, por el momento, no se cumplió, dado que el gobierno no tiene previsto pedir la dimisión de la delegación uruguaya en la CTM.
Al respecto, este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou señaló en una rueda de prensa que el Parlamento “se expidió” y que él había dicho en un primer momento que eso “no era vinculante”, pero que “tampoco podía desoír una opinión categórica del Parlamento”, y que se iba “a actuar en consecuencia”.
En ese marco, apuntó que “va a haber más renuncias”, tanto a Salto Grande como a la Junta Departamental. “Muchos de estos funcionarios van a pedir que sus contratos sean a término. Estamos actuando en consecuencia. Hemos estado tratando de seguir lo que nos parece correcto según los términos en los que se expresó el Parlamento”, añadió el mandatario.