El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) asistió este jueves, por primera vez, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de reforma de la caja que elaboró el gobierno para afrontar su “grave” situación económica financiera, con proyecciones de agotar sus reservas en el transcurso de 2025.
El proyecto tendrá poco más de 20 días para ser tratado y aprobado, dado que deberá votarse un año antes de las elecciones nacionales, que serán el 27 de octubre de 2025, por disposición constitucional. Para mitigar el déficit, el gobierno propone un aumento de la tasa de aportación de 16,5% a 19% –incluso puede llegar a 22,5%–, un nuevo impuesto a las jubilaciones superiores a los 33.960 pesos y “transferencias” por parte del Estado por un total de 2.000 millones de pesos, a partir de 2025.
Buena parte de la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en consonancia con la cartera de Economía y Finanzas, es cuestionada por varios colectivos profesionales y por el directorio de la CJPPU.
Ante los legisladores, las autoridades de la caja plantearon nuevamente que se incorpore un “apalancamiento” por parte del Poder Ejecutivo desde el momento en que los activos y pasivos comiencen “a aportar más”, y no recién desde 2025. En una rueda de prensa, la presidenta de la CJPPU, Virginia Romero, expresó que les parece “lógico” que el gobierno “también haga su aporte y desde el momento uno”. De acuerdo a Romero, el aumento de la tasa de 16,5% a 19% equivaldría a unos 36 millones de dólares.
Las autoridades de la caja propusieron a los legisladores una redacción alternativa al segundo inciso del artículo 10 del proyecto de ley, que refiere a la asistencia a la caja. En ese marco, plantean que “no podrá extenderse más allá de 2036 –como sostiene el gobierno en su proyecto–, salvo que a dicho año persistieran desequilibrios que no pudieran ser asumidos por la Caja, en cuyo caso deberán preverse otros mecanismos de asistencia por parte del Poder Ejecutivo”.
Tras su comparecencia en la misma comisión, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, señaló que la propia ley establece la flexibilidad para que las personas que “quizá no puedan pagar el aumento” puedan quedar en una categoría inferior y mantener el aporte anterior. “O sea, evitar el aumento pero manteniendo su afiliación, sus derechos y no pagando más”, sostuvo.
Además, las autoridades de la Caja de Profesionales piden que “el monto generado por las contribuciones de las jubilaciones” de los profesionales que corresponden al IASS se mantengan en la institución hasta que el déficit operativo “se corrija”, en lugar de que vaya al Banco de Previsión Social. Romero volvió a insistir en que el IASS que abonan los jubilados y pensionistas se dirija a la caja “a efectos de mejorar la situación económica financiera”. Asimismo, reiteró que, para ellos, “el aumento de los timbres profesionales también es una forma de mejorar las finanzas de la caja”.
Respecto de este planteo, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, indicó que el monto que se paga por IASS “no es suficiente”, por lo que “no se arregla el problema”: “Es desvestir un santo para vestir a otro, y se replicaría en otras entidades previsionales. No tiene sentido esa discusión”, expuso.
Otero: “Nadie va a querer trabajar con semejantes aportes”
La aprobación del proyecto, por el momento, parece ser una incógnita, y el tiempo corre. Ciudadanos, el sector del Partido Colorado, fue de los primeros en plantear reparos, como también el Frente Amplio (FA). No obstante, para Arizti, el tiempo “sigue siendo razonable” para que este proyecto de ley, como también el de la reforma de la Caja Bancaria –ya consensuada entre el sindicato bancario, la gremial y el gobierno–, se puedan considerar.
Gabriel Otero, diputado por el FA, fue crítico al respecto. Según planteó en una rueda de prensa, el gobierno “maneja la urgencia desde 2020” y “trae la ley a 27 días de tener que ser votada”. “¿Es la ley exprés o es expreso aprobarla? Realmente nosotros no entendemos esa forma, ese método que el gobierno sistemáticamente ha tenido estos años”, fustigó.
Por otro lado, señaló que tienen un “montón de pedidos de colectivos de profesionales para venir a la comisión y venir a plantear sus preocupaciones, que son ciertas, como, por ejemplo, pasar al 22,5% de aportes, lo cual sería prácticamente una corrida de aportantes a la caja. Nadie va a querer trabajar con semejantes aportes”. Por otro lado, mencionó el “apalancamiento” financiero, que se demora hasta 2025.
Por último, Otero apuntó contra la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el subsecretario, Alejandro Irastorza, y la directora de Política Económica, Marcela Bensión, por haberse ausentado de la citación. “Estamos frente a una ley que va a tener un impacto fuerte con 200.000 profesionales, de los cuales 100.000, entre activos y jubilados, están pendientes de su cobro; más de 100.000 que están por fuera, más miles que están endeudados. Si era tan urgente en 2020, este proyecto de ley debería estar [listo] hace meses”, concluyó.