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Agustín Mazzini (archivo, diciembre de 2022).

Foto: Alessandro Maradei

Archivos de la dictadura: proyecto del gobierno deroga consejo del Archivo de la Memoria y no explica “el criterio” de divulgación, señala el FA

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El ministro de Defensa Nacional, Javier García, sostuvo que no se publicará información obtenida bajo tortura una vez que se apruebe el proyecto.

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Leído por Andrés Alba.
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El propósito del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, expresó este miércoles el ministro de Defensa Nacional, Javier García, es “defender la libertad” de “todos los uruguayos”, desde el “mecánico” hasta el “panadero”, para que “puedan acceder a la verdad, a toda la verdad, sin que haya censuradores”, según consta en la versión taquigráfica de la sesión del miércoles de la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, a la que tuvo acceso la diaria.

Sin embargo, al término de la sesión, García afirmó ante la prensa que el derecho a la información no chocará con el derecho a la privacidad, dado que es un proyecto “enormemente garantista”, y aseguró que jamás será público “aquello que pueda ser fruto, por ejemplo, de declaraciones bajo tortura”.

Presentado en la víspera de la Marcha del Silencio, el proyecto dispone la creación de una “sección” en el Archivo General de la Nación (AGN) con “los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”, cuyo acceso “será libre”, siempre y cuando no haya información que sea considerada “sensible” conforme a la ley de protección de datos personales (18.331).

Además, establece la derogación de la ley orgánica (18.435) del Archivo Nacional de la Memoria, aprobada en 2008. Este archivo, que depende del AGN, tiene como cometido promover el “derecho individual y colectivo a la verdad, a la memoria y al acceso a la información pública sobre las violaciones a los derechos humanos” de la dictadura. Según la ley, este archivo es dirigido por un consejo de cinco personas: los directores del AGN, la Biblioteca Nacional, el Museo Histórico, un delegado del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y un representante de una organización de derechos humanos designado por el Poder Ejecutivo, y el consejo es el que define los “criterios” para “el acceso informativo a los documentos”. No obstante, el titular del MEC, Pablo da Silveira, afirmó este miércoles en rueda de prensa que esta ley “nunca se aplicó”.

El diputado frenteamplista Agustín Mazzini, miembro de la comisión que tiene a estudio el proyecto, señaló a la diaria que no está claro quiénes definirán los criterios de acceso a la información en caso de derogarse la normativa, sobre todo teniendo en cuenta que, como sostuvo García, no se publicará lo que se obtuvo mediante torturas. “Obviamente, acá hay un choque de derechos; a nosotros nos preocupa que el proyecto es súper vago, re cortito y no explica nada sobre el criterio”.

Por otra parte, Mazzini comentó que Da Silveira dijo en comisión que la divulgación de los documentos será de manera progresiva. El ministro señaló que “a medida que haya sectores de la información que estén ordenados y en condiciones de divulgarse con la seguridad de poder controlar quién la consulta, quién no y cosas por el estilo, vamos a ir liberándolos”.

El diputado nacionalista Álvaro Dastugue, también integrante de la comisión, afirmó a la diaria que el proyecto “da garantías” porque se apela a la ley de protección de datos personales, que establece que “la recolección de datos no podrá hacerse por medios desleales, fraudulentos, abusivos o extorsivos”. Consultado sobre cuál será el criterio para la divulgación, Dastugue respondió: “La verdad es que no sé cuál va a ser la metodología, seguramente se va a conocer cuando se reglamente el proyecto”.

En abril de este año, pocos días antes de que el Poder Ejecutivo presentase el proyecto, empezaron a subirse en el sitio web archive.org, bajo el título de “Archivos del Terror de Uruguay”, miles de documentos del archivo Berrutti, que contiene distintos tipos de documentos militares desde 1968 hasta 2004. La información sigue en línea y por el momento se desconoce quién fue el autor de la publicación.

Al respecto, García sostuvo en la comisión que, si bien se da “por bueno que es veraz” el contenido de la información, “no sabemos si hubo tergiversaciones”. Para Dastugue, se trata de “información parcial” que, además, “se subió de una manera no oficial”. Por eso, “yo estoy de acuerdo con que se publique todo lo que se encuentre, y seguramente a quien le interese analizará toda la información que anda en la vuelta, la oficial y la no oficial, y tomará sus conclusiones”, subrayó.

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