El anuncio del retiro de la empresa sueca Spotify del país pasó a ser un tema de análisis en Presidencia, según comentaron fuentes del gobierno a la diaria. La decisión, según indicó la compañía en un comunicado, va en línea con las advertencias que ya había hecho sobre los supuestos perjuicios que le generarían los cambios en las leyes de derechos de autor que se incluyeron en la pasada Rendición de Cuentas.
Spotify “lamentablemente comenzará a eliminar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1° de enero de 2024, y cesará completamente el servicio en febrero, en detrimento de artistas y fans”, señaló la empresa, que, según afirmó, ya paga más de 70% por dólar que reciben los intérpretes o músicos, por lo que ahora deberá pagar el doble.
Raúl Echeberría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que representa a varias plataformas de internet que tienen “un interés muy grande en este tema”, pero no a Spotify, señaló a la diaria que ya habían advertido que si se reglamenta la norma se verán “afectadas”. Echeberría comentó que durante el proceso de discusión del proyecto alertaron sobre la “inconveniencia” de aprobar esos artículos porque traía “efectos negativos”.
“Lamentablemente esas consideraciones nuestras no fueron tenidas en cuenta y ahora apostamos decididamente a tener un camino de diálogo con el gobierno para poder trabajar en la reglamentación y ver cómo se puede minimizar o reducir los efectos de esta ley por medio del trabajo de la reglamentación. Aspiramos a que haya una apertura de trabajo conjunto, de diálogo entre el sector privado y el gobierno, para ver cómo reglamentar esto de la mejor manera posible”, señaló.
Según Echeberría, las leyes de derechos autorales “son complejas” y no deberían ser tratadas en el marco de la Rendición de Cuentas, sino aparte. “Generalmente son proyectos grandes, largos, complejos, que llevan mucho tiempo de discusión en todos lados”, afirmó.
El proyecto habla, por ejemplo, de contenidos en internet, pero “no se sabe si está hablando de plataformas de streaming, de redes sociales, contenidos multimedia que pueden ser compartidos por los propios usuarios”, agregó Echeberría. Para el ejecutivo, tampoco puede implicar “cargas adicionales” a empresas que “ya pagaron” por los derechos a los productores. “¿Cómo se distribuye después eso que las empresas pagan al dueño de los derechos? Esa es otra discusión, pero no puede impactar en que empresas que ya pagaron por los derechos de uso de contenidos multimedia se enfrenten a la posibilidad de tener que pagar nuevos costos adicionales”, insistió.
Asimismo, opinó que la “falta” de “certeza jurídica” es un “problema grande”, por eso apuestan al diálogo “de manera de dar más claridad a los textos, a las situaciones que están directamente afectadas por esta nueva ley y además evitar que las empresas tengan que afrontar costos adicionales”.
Da Silveira había dicho a la diaria que “no hay que tomarse muy en serio” las declaraciones de quienes representan a Spotify en Uruguay, dado que “primero amenazaron con irse para ver si evitaban la aprobación de estos artículos, y como no lo evitaron”, luego amenazaron con que se irían del país “si no los satisface la reglamentación”.