El gobierno presupuestó a 27 funcionarios, en su mayoría, blancos y colorados, que habían ingresado por contrato al Ministerio de Ambiente bajo la administración de Luis Lacalle Pou. Esta presupuestación estaba establecida en la última Rendición de Cuentas aprobada por el oficialismo, algo que en su momento inquietó al sindicato de la cartera, la Asociación de Trabajadores de Medio Ambiente (Atrama).
La resolución, que dio a conocer el periodista Eduardo Preve, indica que el Poder Ejecutivo puede designar “a quienes al 31 de diciembre de 2021 se encuentren desempeñando tareas permanentes de carácter sustantivo, propias de un funcionario público, en régimen de dependencia, que cuenten con informe de desempeño favorable y que hubieren sido contratados a través de organismos nacionales o internacionales de cooperación”.
Por eso, por decreto, desde Torre Ejecutiva crearon “los cargos necesarios en el último grado del escalafón respectivo”, luego de un informe favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entre los presupuestados se encuentran la diputada suplente del Partido Nacional María Elisa López Ramírez, el sobrino del exministro del Interior y hoy senador -Luis Alberto Heber- Alberto Heber y el presidente de la Cámara de Eventos, Germán Barcalá, que, además, es militante colorado.
Los ingresos de estos 27 presupuestados oscilan entre los 40 y 90 mil pesos, según se desprende de la resolución firmada por la vicepresidenta Beatriz Argimón, que cumplía funciones como presidenta en ejercicio por la ida del jefe de Estado, Luis Lacalle Pou, a Río de Janeiro, en el marco de la última cumbre del Mercosur.
Un recurso
Desde Atrama definieron presentar recursos administrativos contra las resoluciones de estos ingresos. El estudio estará a cargo de Juan Raúl Williman, abogado del sindicato. Además, el gremio estará en asamblea permanente.
María José Crovetto, presidenta del sindicato, señaló a la diaria que estaban a favor del ingreso de aquellas personas que entraron por concurso, que fueron “varios”, pero afirmó que están “totalmente en contra de este tipo de contrataciones directas e ingresos a las funciones públicas sin ningún tipo de concurso”.
Por su parte, el secretario general de Atrama, Rinaldo Rossi, sostuvo que tratan de “no personalizar” la “discusión” porque “lo importante es que se respeten los procesos para el ingreso a la función pública sin importar quién sea”. “El énfasis que ponemos es que los ingresos al ministerio sean a través de llamados, de forma transparente y con la gente más capacitada para trabajar en el ministerio, respetando la carrera funcional”, afirmó en diálogo con la diaria.
Rossi expresó que “no importan esos nombres, porque si esas personas cumplen con los requisitos, se presentan a un llamado, lo ganan por méritos, lo ganan de una manera transparente, bienvenidos”. “Lo que nos preocupa a nosotros es que se afecta la carrera funcional por varios motivos”, agregó.
En ese sentido, aludió a que se da la “incongruencia” de que un artículo de la Rendición de Cuentas “habilitaba que entrara gente que hubiera entrado al ministerio hasta el 31 de diciembre de 2022 y no fueron presupuestados todos los compañeros que entraron por llamado y estaban en condiciones de ingresar según ese artículo”.
Dijo que hubo personal que quedó “afuera”, que había entrado por llamado y que cumplía con esos requisitos. “Eso es más grave aún, porque gente que entró por llamado, que se supone que fueron cargos y perfiles que el mismo ministerio buscó, que venían a satisfacer necesidades que el ministerio estaba buscando, no fueron presupuestados y, por el contrario, se presupuestaron contrataciones directas que desconocemos absolutamente cuáles fueron los criterios que se utilizaron para asignar”, consideró.
Crovetto, en tanto, dijo que esas contrataciones se aceptan desde el Fondo de Inversión, por lo que “se limitó por fecha a los que sí habían ingresado por concurso en octubre, o sea que quedaban afuera varios compañeros”.
Por otra parte, Rossi indicó que durante la discusión que mantuvieron con las autoridades, en el marco del proceso de incorporación de funcionarios, siempre manifestaron y dejaron “muy claro” que se oponían a la presupuestación de designaciones directas.
“La respuesta de las autoridades fue que entendían que eran tareas sustanciales, que tenían que cubrir, si no, el ministerio no funcionaba. Queda en evidencia que eso que dijeron las autoridades, no solo a nosotros, sino que también se lo dijeron al Parlamento, a la opinión pública, no está demostrado ni de cerca que esas tareas eran sustanciales. La prueba más clara de eso es que el 70% de estos ingresos, de estos 27, pertenecen a la Dirección General de Secretaría”, denunció el sindicalista.
Asimismo, señaló que en el MA, donde el perfil técnico es lo que “determina” la “posibilidad” de tener una gestión ambiental que “garantice la adecuada posición del ambiente, no lo vas a conseguir a través del fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría”. Los otros cargos, en tanto, se dividen entre otras reparticiones de la cartera. “Claramente, hay una inconsistencia entre las autoridades”, agregó.