El nacionalista Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, apuntó contra el senador del Partido Colorado Adrián Peña y criticó duramente el proyecto de ley que propuso para transparentar el ingreso a los gobiernos departamentales.
El proyecto de Peña tiene dos ideas centrales. Por un lado, aplica a los gobiernos departamentales las normas legales para la designación de personal de la Administración Central, por lo que pasa a ser obligatorio el concurso público y abierto y la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el año previo a que se terminen los mandatos. Por otra parte, especifica que el llamado debe realizarse para todo tipo de cargo y para todo tipo de fondos empleados para financiar el cargo.
En diálogo con la diaria, Peña había señalado al presentar el proyecto que el objetivo es llevar “a un orden la contratación de personal en el interior”.
Este viernes Vidalín fue consultado por el proyecto y no dudó en criticarlo. “A quienes plantean esto los pondría un ratito en el lugar de un intendente. Quien lo planteó fue el senador Peña, si Dios quiere va a ser intendente en el año 2080 o 2090, de Canelones. Mientras tanto va a tener que conocer la realidad de las intendencias”, dijo el jefe departamental en declaraciones recogidas por Telemundo y con referencia a las intenciones que ha manifestado el senador de ser candidato a la comuna canaria en las próximas elecciones.
Vidalín criticó a los que dicen que los intendentes “utilizan el dedo” para ingresar personal a las comunas, pero admitió que se “reciben planteos todos los días”. Para Vidalín, sería de “hipócritas” aceptar el proyecto de ley.
“Todos nosotros, no tengo problema en despacharme de esta manera, de alguna manera u otra hemos colocado gente. Gente que realmente lo necesita y debe cumplir una función acorde a esas necesidades. Estoy totalmente en contra de poner gente para devolver un favor político. Estoy a favor de contratar gente para cumplir una función”, aseguró.
El duraznense fue consultado por la situación del intendente de Artigas, Pablo Caram, acusado de nepotismo, al ingresar a familiares como personal de confianza de su gobierno. “No comparto ese tipo de acciones, no quiero justificar a mi amigo. Creo que ahí quien debería actuar es la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública] para poner las cosas en orden. Tenemos que ser tremendamente respetuosos para actuar con ecuanimidad y darles las mismas oportunidades a todos los ciudadanos”, opinó.
Por su parte, el Congreso de Intendentes “no tiene posición unánime” sobre este proyecto. La postura de la bancada nacionalista es defender la autonomía de los gobiernos departamentales, y aseguran que el proyecto tiene problemas jurídicos para poder ser llevado a cabo. Mientras que por el lado frenteamplista se considera “legítimo” que el Poder Legislativo, con la mayoría exigida de dos tercios, “legisle al respecto”.