Al término del primer día de trabajo de la comisión especial que estudia la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, afirmó una vez más que “en ningún caso va a haber una caída de las jubilaciones”. A pesar de que a fin de año levantaron la mano para darle media sanción al proyecto en el Senado, en Cabildo Abierto no opinan lo mismo.
De acuerdo a la versión taquigráfica de la primera sesión de la comisión, el martes, el diputado cabildante Martín Sodano afirmó que hay un “costo político que tenemos que pagar”, que es “decirle a la ciudadanía que le baja la jubilación”. Señaló que los guarismos que se utilizan en las tablas comparativas –con o sin reforma– “no son iguales”, dado que “hay cinco años de diferencia de aportes con relación al régimen actual”. La reforma sube la edad mínima de retiro de 60 a 65 años.
Este aumento, continuó Sodano, sumado a la modificación de la tasa de reemplazo, implica que “para conseguir iguales valores debo diferir la jubilación en por lo menos tres años y aportar por ese tiempo de trabajo”. Por lo tanto, “si decimos que hoy se jubilan con 10 pesos, en ese momento también se van a jubilar con 10 pesos, pero van a aportar más años”, apuntó; y añadió que en ese aspecto de la reforma “no coincidimos mucho”.
Por otra parte, Sodano cuestionó el artículo 76 del proyecto, que establece que los parámetros de edad del sistema previsional común “se adecuarán automáticamente” en función de la esperanza de vida. A su entender, el artículo le otorga “toda la potestad al Poder Ejecutivo para que cada cinco años pueda calcular si tiene que aumentar o bajar la edad jubilatoria”.
Al respecto, el principal redactor del proyecto, Rodolfo Saldain, sostuvo en la comisión que la “adecuación paramétrica automática” no implica “delegar la edad jubilatoria en el Poder Ejecutivo”, sino elaborar “de manera muy preceptiva los criterios y las pautas”. Agregó que se trata de “un estándar de todos los procesos de reforma” a nivel de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Rodolfo Saldain: “No es la mejor solución”
Otro de los puntos del proyecto criticados durante la sesión fue la fecha de comienzo prevista para el nuevo régimen previsional. En principio, el Poder Ejecutivo había establecido en el anteproyecto de la reforma que las primeras personas afectadas por la reforma serían las nacidas en 1967, las cuales debían trabajar un año más hasta los 61 años. Luego, el borrador preveía un aumento gradual de un año de trabajo por cada año de nacimiento hasta los 65 años de edad.
Esto fue negociado y modificado a la interna de la coalición de gobierno previo al tratamiento parlamentario. Por ahora el proyecto establece que los primeros afectados por el nuevo régimen previsional serán los nacidos en 1973, quienes deberán trabajar como mínimo hasta los 63 años. En cambio, los nacidos en 1972 podrán jubilarse a los 60 años.
Según el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, la diferencia de tres años entre las generaciones 1972 y 1973 constituye “un problema de diseño que ya hubo con la anterior reforma y que después dio lugar a los cincuentones”, en referencia a la generación de trabajadores afectados en su jubilación por la reforma de 1996 que tuvieron una ley reparatoria en 2018.
Al respecto, Saldain admitió que este cambio negociado por la coalición “no es la mejor solución”. Puntualizó que en el anteproyecto estaba previsto “un corrimiento bastante más pausado” y estimó que la modificación tendrá un costo que “puede estar en el entorno de los 50 millones de dólares aproximadamente”. Dicho esto, afirmó que los legisladores “son expertos en buscar de dónde sacar dinero; habrá que ver si aparece alguna propuesta”.