El exdirector de Sanidad Policial, Leonardo Anzalone, asistió este lunes a la comisión investigadora sobre presuntas irregularidades ocurridas en el uso del Hospital Policial por parte de la dirección general del Ministerio del Interior (MI), entre 2010 y 2017, años en los que estuvo como titular de la secretaría el hoy senador frenteamplista Charles Carrera. Anzalone fue director nacional de esa área –de la que depende el Hospital Policial– entre 2012 y 2015 y, previamente, entre 2010 y 2012, se desempeñó como subdirector nacional técnico.
La comisión, en la que participa sólo el oficialismo, comenzó a funcionar a partir de una denuncia sobre un episodio de 2012, cuando Carrera habilitó –de forma especial– a atenderse en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un hombre que quedó parapléjico a raíz de una bala perdida que presuntamente provino de una fiesta que se celebraba en la casa del subcomisario de La Paloma. Asimismo, el fin de semana se conoció que el MI presentó una denuncia penal en Fiscalía por el uso de los servicios de Sanidad Policial por parte de la expareja de Carrera.
En términos generales, el Hospital Policial atiende a funcionarios policiales en actividad o retiro y a su familia, aunque hay distintas interpretaciones de la normativa.
En la versión taquigráfica de la sesión, el exjerarca dijo ante los legisladores que incluso antes de ser director de Sanidad Policial el “manejo” de las autorizaciones especiales le era conocido, pues existen de larga data. “Jurídica me habla de usos y costumbres, me habla de que no está reglamentada esta figura, pero que sí, como dice el senador [nacionalista Jorge] Gandini, se refiere -o asumo yo- que habrá iniciado a funcionar antes de 2001”, planteó, dado que es el año en que se empezaron a registrar a los pacientes en el sistema informático. Según Anzalone, hubo varias administraciones que “generaron” las autorizaciones especiales.
El extitular de Sanidad Policial sostuvo que para que haya una autorización especial “sí” queda claro que tiene que estar vinculada a una acción de salud y que está acotada en el tiempo, “no es que una persona entra al Hospital Policial, se le da una autorización y queda como si fuera un socio de una mutualista. ¡No es así! Si un paciente pierde la calidad de usuario por miles de causas y está bajo un tratamiento oncológico, yo, como médico, no puedo generar una omisión de asistencia”, explicó.
Dijo que a lo largo de la historia la autorización especial “no fue dada siempre por el director nacional, entonces, era medio caótico. ¿Por qué? Porque el director nacional delegaba en múltiples personas esta autorización especial. Estamos hablando de que de 2001 a 2017 el promedio de autorizaciones especiales que había en Sanidad Policial estaba en el rango de las 200. ¡Ahí, en esa bolsa, había de todo!”, exclamó, lo que generó la consulta de Gandini, promotor de la investigadora, de si eran 200 autorizaciones por año, a lo que el exjerarca le respondió que sí: “Desde 2001 que está registrado en el sistema informático”.
Para Anzalone, las autorizaciones especiales “no son algo oculto”, pues quedan registradas en la “pantalla del funcionario que lo está visualizando”. “Carga la pantalla y ve 'Juan Pérez. Autorización especial'. O sea que no era algo que se estuviera manejando de forma turbia u oculta. Yo asumo que cada uno de los directores anteriores, que fueron unos cuantos, también se habrán asesorado de cuál era el alcance de esta herramienta”, indicó.
Sin embargo, aclaró que “el tema de que correspondiera a los policías y a los familiares de los policías, en ningún momento estuvo reglamentado”. En ese marco, indicó que si una persona “viene de la calle” y no tiene ningún vínculo con la Policía ni con el Ministerio del Interior, “por supuesto que no se le iba a dar una autorización especial, a pesar de que fuera pedido por un jerarca policial, que puede ser un jerarca político o de carrera. Es más, muchas de las autorizaciones especiales son pedidas por jerarcas de carrera policial, y quedan registradas”.
Especificó que para dar la autorización especial tiene que hacerse de dos formas. Por un lado, a través de un expediente, donde hay una evaluación, que depende de la Subdirección Nacional Administrativa; por otro, mediante un formulario, que “dice que se autoriza por tanto tiempo y por tales razones, y figura la firma del director nacional de la época”.
El exdirector de Sanidad Policial confirmó que la orden de atender a Hernández por tres años y medio provino directamente de la Dirección General del MI de forma “verbal”. Gandini cuestionó que eso sucediese: “No me diga que había una reglamentación para que entrara gente que no tenía que atenderse, que se transmitía por vía oral y a modo de sucesión o herencia, que había un paralelo verbal apartado de lo que la normativa exige”.
Anzalone aseguró que se le ordenó por medio de la Dirección General de Secretaría, a través de uno de sus adjuntos, que “había que internar a una persona que tenía un problema de salud”, que era Hernández. Para el exjerarca, no era su función “interrogar” cómo se había dado esta situación.
“Nadie me informó –me enteré después por la prensa– de esta situación del balazo, etcétera. Viene un paciente con un problema de un balazo en la columna y una orden. Conclusión: no es el director nacional quien está tomando decisiones; esta orden viene de la Dirección General de Secretaría. Ese es el primer punto. Las órdenes no se discuten, se cumplen, y más cuando esta orden venía enganchada con una situación vinculada a una atención médica”, consideró. “Esto era un: lo hacés o lo hacés. Acá no es ‘un pedido de’, es ‘una orden de’”, afirmó.