La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) elevó un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Relaciones Exteriores para que brinde información del caso Aratirí, luego de que la Corte de Apelaciones en París revirtiera el fallo a favor de Uruguay.
La medida surgió del senador Charles Carrera, quien en diálogo con la diaria había dicho que era el primer juicio internacional de la administración de Luis Lacalle Pou en el que “comienza perdiendo”. “Hay un dato de la realidad y es que cuando comienza el gobierno sale un fallo favorable para el país, a favor de los intereses nacionales, y en el recurso de apelación se anula ese fallo”, había expresado. La demanda asciende a 3.600 millones de dólares.
En ese marco, el senador recordó que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el colorado Isaac Alfie, actuó como perito de parte a favor de la empresa que demandó al Estado uruguayo. “Ya habiendo sido designado por Lacalle, fue a defender los intereses de esta empresa en Estados Unidos”, recordó.
Según había dicho a El Observador el representante de la empresa, Pramod Agarwal, tienen “un caso fuerte” y esperan que ahora “se haga justicia”. “Lamentablemente, si no tenemos más remedio, iremos por otro arbitraje”, indicó.
La resolución de la Corte de París desestimó que existiera la necesidad de que los inversores fueran británicos para apelar al tratado de protección de inversiones firmado entre Uruguay y Gran Bretaña, y también el reclamo de que debían concurrir al ámbito nacional antes de iniciar el camino en el arbitraje internacional. “Ninguna de las razones aducidas por Uruguay impide que el tribunal arbitral tenga jurisdicción. Por lo tanto, debe concederse la solicitud de anulación del laudo arbitral por el cual el tribunal declinó la jurisdicción”, indicaron los jueces.
Pedido
En el pedido de la bancada del FA, al que tuvo acceso la diaria, los senadores solicitan que “ante la gravedad de los hechos” se den los nombres de los profesionales, nacionales o extranjeros, que “intervinieron en la defensa” de los intereses de Uruguay ante la Corte de Apelaciones de París en el caso Aratirí, como también el texto de los contratos celebrados con dichos profesionales y la copia “íntegra de los expedientes en los que se tramitaron las contrataciones, con constancia de las oficinas que intervinieron en la aprobación de los contratos de asistencia profesional”.
Asimismo, pidieron que se den a conocer los antecedentes profesionales de los abogados y otros técnicos, nacionales o extranjeros, que hayan participado en el proceso para la presentación de la defensa de Uruguay. Entre otros ítems, se piden los gastos en los que incurrió el país en la fase cursada ante la Corte de Apelaciones de París, “incluyendo honorarios profesionales, traslados, estadías, o cualquier erogación de la naturaleza que fuere”.
También solicitan saber quiénes fueron los funcionarios o autoridades que tuvieron a su cargo seleccionar a los profesionales contratados a tales efectos, “con aporte de la documentación respaldante o constancia de su inexistencia”, además de quienes concurrieron a las audiencias procesales, en la capital francesa, “con aporte de los documentos que respaldan las misiones oficiales asociadas”.
A su vez, pidieron un informe acerca de si intervino el doctor Paul Reichler, integrante del estudio Foley Koag, en forma presencial ante la Corte de Apelaciones, “en función de haber actuado junto a la delegación de Uruguay que obtuvo en Washington la victoria procesal contra los mismos reclamantes; o se optó por su sustitución”.
En ese marco, pidieron información sobre si el Poder Ejecutivo ha contratado un estudio local para desempeñar tareas de asesoramiento en materia internacional, “en lugar de hacerlo con profesionales del Estado, tal como se venía haciendo en el pasado”. En caso de que fuese así, pidieron el nombre del estudio involucrado y los documentos que justifiquen la eventual contratación.