2023 es un año de censo. Por eso, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya adelantó detalles de su ejecución, por ejemplo, que por primera vez se hará a través de dos modalidades: una digital y una presencial. Sin embargo, otra de las novedades es que se pedirá la cédula de identidad bajo el argumento de que dada esta doble modalidad se podrían dar duplicaciones o personas que sean censadas dos veces, lo que generó dudas en el seno del proyecto Datysoc, un laboratorio de datos y sociedad.
Según dijo a la diaria Patricia Díaz, integrante de Datysoc, “la preocupación básica es el hecho obvio de la expectativa de anonimato del censo”. Normalmente, se piden datos para generar “estadísticas segregadas” como origen étnico o identidad de género, que sirven como insumos para llevar a cabo políticas focalizadas. Por otra parte, “se supone que todo lo que pueda ser un dato identificatorio” tiene que ser resguardado.
Este “dato unívoco” no debería pedirse “por el objetivo del censo”, aseguró Díaz e insistió en que el INE debe tener una “responsabilidad proactiva” y un “diseño basado en la privacidad”. Asimismo, recordó que legalmente “hay obligación de hacer una evaluación de impacto sobre los datos personales”, lo que implica saber “cómo vas a gestionar la seguridad informática”.
Consultado por la diaria, Diego Aboal, director del INE, señaló que “el dato de la cédula no es un dato obligatorio, por tanto, aquellos que no quieran brindarlo no tienen la obligación de hacerlo”, pero sí se debe hacer al ingresar al cuestionario digital por un motivo de “chequeo de la edad”.
“Lo segundo es que la cédula se separa del resto de la información una vez que entra al INE y los procedimientos que tenemos para hacerlo cuentan con el visto bueno de la Unidad de Regulación y Control de los Datos Privados [URCDP], que es la que vela por la ley de protección de datos personales”, explicó Aboal, al tiempo que aseguró que se está trabajando “con Antel y algunas empresas subsidiarias y también con Agesic para proteger la información”.
“El instituto hace encuestas a empresas y sabe el número de RUT y la empresa le proporciona cuánto vende, cuántos empleados tiene y cuánto tiene de utilidad. Así lo brinda al INE, después, por supuesto, hay una ley que es la Ley 16.616 que establece el secreto estadístico y que el INE no puede divulgar hacia afuera los datos identificados”, sentenció.
Luego de que se hicieran públicas las preocupaciones de Datysoc, el INE agregó un apartado en su página web en el que explica por qué se pide la cédula de identidad e indica que estos datos, “al ingresar al data warehouse del INE, son transformados en un identificador de persona mediante un proceso de encriptación”; a partir de ese momento, “se realizan los controles de duplicación”. Asimismo, los datos “se encuentran alojados en el Data Center de Antel, con la seguridad que esto implica”.
Marco legal
La ley de protección de datos personales (18.331) establece en su artículo 12 el “principio de responsabilidad” para el “responsable de la base de datos”, que deberá hacerse cargo de “adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas”, tales como asegurar que haya “privacidad desde el diseño, privacidad por defecto, evaluación de impacto a la protección de datos, entre otras, a fin de garantizar un tratamiento adecuado de los datos personales y demostrar su efectiva implementación”.
Según consignó El Observador, la URCDP dio el visto bueno para el uso de la cédula, siempre y cuando el INE no utilice los datos para otros fines.