“Hay necesidad”, contestó recientemente el presidente de la República, Yamandú Orsi, acerca de una eventual expansión de la forestación en el territorio nacional. La Sociedad de Productores Forestales (SPF) ya le ha puesto un número: 500.000 hectáreas adicionales.
Ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, la gremial, que nuclea a un conjunto de empresas propietarias del 90% de la masa forestal con finalidad comercial que hay en el país, se explayó al respecto. “¿Qué impactos tendría plantar 500.000 hectáreas más? Tendría un aumento del 2,5% en el PIB y generaría 16.600 empleos [...] Además, generaría 1.300 millones de dólares más de exportaciones”, preguntó y respondió el vicepresidente de la SPF, Francisco Bonino.
De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Bonino advirtió que en el último tiempo “la superficie forestal no viene creciendo”. Explicó que el desarrollo industrial que se observa actualmente proviene principalmente de los árboles que se plantaron entre 1990 y 2015. “Nuestro foco es ver cómo se proyecta el crecimiento del sector en los próximos 20 o 30 años. Para eso, nos parece que hay que volver a plantar”, expresó.
Los números de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, divulgados la semana pasada, marcan que en el transcurso de 2025 únicamente se incorporaron 11.573 hectáreas. En total, hay 1.198.207 hectáreas plantadas, lo que equivale al 6,8% de la superficie terrestre de Uruguay.
Bonino indicó que las tasas de crecimiento del sector se ubicaron en 5% y 2,8% en 2007 y 2013, respectivamente. El año pasado “fue de 1% y este es un poco el signo de alarma que nosotros traemos”. “Lo que nos preocupa, precisamente, es que estamos en una tendencia a la baja y que, con ese ritmo, no vamos a poder tener desarrollo o vamos a demorar 30 años en dar un salto de desarrollo”, recalcó.
Las propuestas
Para superar este escenario, la SPF propuso “tres ejes de acción” en el Parlamento. El primero, modificar el marco regulatorio. “Uno de los problemas que tenemos es que los procesos de aprobación muchas veces no siguen criterios técnicos previsibles ni plazos ciertos”, señaló Bonino.
El vicepresidente de la gremial planteó adoptar un modelo regulatorio “basado en impacto, inspirado en lo que hace Nueva Zelanda, donde se notifica y se cumple, en lugar de pedir permiso y esperar”. “Lo que nosotros planteamos es ir a un esquema donde se entregue una declaración de qué es lo que se va a hacer y donde, por supuesto, haya multas y se exija si no se cumplen esas normas, pero que no sea un sistema que te tranca hasta que sale una autorización para cada proceso”, profundizó.
Bonino señaló que actualmente “cada pedazo de campo plantado tiene la firma de un ministro”, algo que, si bien “suena muy republicano”, en la práctica “tiene muy poco de efectivo”. Apuntó, además, que “esto solo ocurre en el sector forestal”, porque “nadie tiene que mandar un pedido de autorización para plantar soja, ordeñar las vacas o recriar ganado”.
El segundo elemento a abordar desde la perspectiva de la SPF es el paquete de la logística, la infraestructura y la energía, a los efectos de “reducir costos y ampliar la capacidad de la cadena”. En este plano, uno de los planteos que se mencionaron en la comisión –fueron varios– consiste en instalar “corredores para tritrenes”. Bonino señaló que estos camiones tienen mayor capacidad de carga y, por ende, “son más eficientes en el uso de combustible; o sea, son mejores ecológicamente y bajan el costo de transporte”.
“Hoy tenemos rutas que, en muchos tramos, habilitan el uso del tritrén, pero, de repente, administrativamente no está establecido que puedan circular por ahí. Tal vez, nos encontramos con un alcalde al que no le gusta que pasen por su ciudad; entonces, no se puede usar esa ruta para el tritrén”, lamentó.
En tercer y último lugar, la gremial planteó “trabajar en el desarrollo industrial y en el mercado, buscando generar más valor agregado”, ya que, “si bien se ha desarrollado bastante la cadena de celulosa”, hay otros rubros “a los que todavía les queda mucho por crecer”. A modo de ejemplo, Bonino mencionó las plantas de paneles y “toda la parte de biotecnologías asociadas al bosque”.
La vivienda y “la aceptación del sector”
Luego de la exposición de la SPF, el diputado del Frente Amplio William Martínez, miembro de la comisión, dijo haber notado que “hay una espera de las señales que pueda dar el Estado” con respecto al desarrollo de nuevas industrias. Pero, a su entender, no se vislumbra con claridad “dónde está pujando el sector privado en esas nuevas industrias”. “Esto de una nueva industria tiene que ir atado, porque seguramente las 500.000 hectáreas para nuevas industrias no sean del mismo formato ni las mismas variedades”, añadió.
Asimismo, Martínez comentó que la política pública de vivienda podría ser “una manera de acercar el sector forestal a las necesidades de la gente y a la vida cotidiana de las personas”. “Muchas veces, la forestación está lejos de lo que pasa, por ejemplo, en un barrio de la periferia de Montevideo”, señaló.
El legislador frenteamplista propuso analizar “propuestas claras y de innovación constructiva para las distintas necesidades que plantea el Estado y que están arriba de la mesa”. “Todos sabemos las grandes limitantes que tiene la vivienda en Uruguay”, remarcó.
En cuanto al desarrollo industrial, Bonino coincidió en que primero “hay que definir bien el rumbo”. En ese sentido, consideró que “el estudio que actualmente el gobierno está haciendo con la consultora AFRY va a ser algo muy interesante, porque va a relevar muchas áreas del sector para tratar de definir un rumbo de largo plazo”.
Con respecto a lo segundo, afirmó que “la vivienda es un gran ancla para la aceptación del sector”. “La vivienda, como cantidad de madera para el sector, no va a cambiar ningún número, pero sí va a influir para que la gente sienta como propio algo que está produciendo”, expresó.