En términos generales, el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República “es conteste, básicamente, en apoyar la aprobación definitiva” del proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70 años, manifestó su director, Germán Aller, el martes, ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que analiza la propuesta del Partido Nacional (PN). El catedrático fundamentó el apoyo en que el instituto históricamente ha tenido “un criterio de no incrementar el punitivismo”: “La regla y la línea nuestra ha sido esa”, afirmó.
El proyecto, presentado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín como una versión más “integral” del texto original de Cabildo Abierto, agrega un artículo al Código del Proceso Penal que autoriza la excarcelación –mediante decisión de un juez– a partir de los 65 años en determinados casos, como, por ejemplo, por tratarse de mujeres imputadas o condenadas con hijos pequeños a cargo. En tanto, establece que el juez “impondrá de oficio y sin más trámites” el régimen de prisión domiciliaria a partir de los 70 años, salvo algunas excepciones.
Aller celebró que haya una iniciativa “que propenda a tener menos situaciones de reclusión en las cárceles que poseemos”, y apuntó que el proyecto “no dispone la libertad de nadie”, sino que introduce “un cambio en los parámetros reclusorios”, modificaciones que “son las recomendadas por cualquier organismo internacional y en cualquier parte del mundo democrático”.
Para el instituto de la Facultad de Derecho, sostuvo, “lo que pretende” el proyecto es “ordenar un poco la casa”, ya que “por disposiciones dispersas que existen, y que se vienen ejecutando, se da la paradoja de que personas que cumplan menos requisitos que los que tenemos en esta iniciativa pueden obtener lo mismo y hasta la libertad”.
Acerca del otorgamiento preceptivo de prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, Aller señaló que “no altera demasiado el statu quo” dado que la posibilidad “ya existe” y “tenemos vasta experiencia de personas, incluso con delitos sumamente gravosos, que estaban en estas condiciones”.
No obstante, el catedrático expresó “cierta preocupación” porque “no están contempladas las hipótesis, por ejemplo, de homicidios muy especialmente agravados o muy agravados”. Si bien puntualizó que en los casos de entre 65 y 70 años el beneficio de la prisión domiciliaria requiere la decisión de un juez, el cual “puede no disponerla”, manifestó que “a uno le produce cierto escozor la idea de que un individuo cometa un homicidio especialmente agravado y esté recluido uno o dos años, o incluso no esté recluido en una prisión celular en ningún momento y pueda tener una condena que sería esa, igual, de 20 o hasta 30 años”.
La oposición ya tiene “un juicio formado”
El principal cuestionamiento del Frente Amplio (FA) es que, si bien el proyecto exceptúa del beneficio de la prisión domiciliaria a los procesados por delitos de lesa humanidad, los represores que están presos en la cárcel Domingo Arena no fueron imputados por esos crímenes, sino por delitos de homicidio, tortura y secuestro, entre otros. Por lo tanto, el proyecto beneficiaría a más de 20 represores condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Al término de la comparecencia de Aller, el senador del FA Enrique Rubio dijo en una rueda de prensa que la oposición ya tiene “un juicio formado sobre un problema”: “Si existe la posibilidad de que este proyecto, por algunas de sus disposiciones, modifique las situaciones graves producto del terrorismo de Estado, entonces no estaríamos de acuerdo en absoluto. Esto lo vamos a ir considerando en el camino, [pero] ese es nuestro punto de partida”.
En tanto, la senadora del PN Graciela Bianchi comentó en una rueda de prensa que la exposición de Aller fue “música” para sus oídos, porque es “gente que sabe de verdad” y que “está totalmente de acuerdo con el proyecto”. Afirmó que “Uruguay con este proyecto ha comenzado a caminar un sendero que nunca debió abandonar, en el sentido de que somos muy liberales para todo pero somos muy punitivos cuando se trata de atender el delito”.