Del anteproyecto que el presidente Luis Lacalle Pou le entregó en mano al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, en julio del año pasado, al proyecto que finalmente se aprobó el jueves en el Parlamento hubo decenas y decenas de modificaciones. Con todo, igualmente habrá una reducción del gasto previsional “en el entorno de los dos puntos del PIB” a largo plazo, lo cual supone “un cambio central”, afirmó Rodolfo Saldain, principal redactor de la reforma jubilatoria, el jueves en un conversatorio organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
Saldain aclaró que aun así “no está asegurada la sustentabilidad” de la seguridad social porque “es imposible lograr un equilibrio fiscal en un sistema previsional como el nuestro”. Afirmó que la “clave” está en que el “desfinanciamiento”, que existirá “siempre”, “debe ser controlable”. El principal redactor de la reforma destacó especialmente la creación de un suplemento solidario para las jubilaciones más bajas.
A su turno, Hugo Bai, economista del Instituto Cuesta Duarte, cuestionó de inmediato esto último. Manifestó que la sustentabilidad financiera “no está para nada garantizada” con la versión final de la reforma, sobre todo, porque los ajustes del suplemento solidario podrían realizarse tanto por la evolución de los salarios como por la evolución de la inflación, algo que dependerá del gobierno de turno. “Que se pueda cumplir con la sostenibilidad implicaría debilitar ese componente solidario”, advirtió.
Bai expresó que se trata de una reforma “profundamente injusta” porque pone “la tensión financiera asociada al cambio demográfico en las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores”. A modo de ejemplo, apuntó que cada año el Estado pierde 1.600 millones de dólares en exoneraciones al Impuesto al Patrimonio y al IRAE.
El evento también tuvo la participación de Ianina Rossi, economista de la Facultad de Ciencias Sociales, y Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve). Rossi comentó que el principal propósito de la reforma del gobierno era “corregir un problema de sostenibilidad fiscal” y, en ese sentido, dijo que efectivamente “deberían reducirse las erogaciones en el tiempo por la postergación de la edad de retiro”.
Definió la suba de la edad mínima de retiro de 60 a 65 años como uno de “los cambios más significativos” del proyecto, junto con la expansión de las AFAP y los incentivos para la postergación del retiro. En cuanto a la “justicia” de la reforma, valoró “la unificación de los subsistemas” -cajas paraestatales, policial y militar- en un sistema previsional común.
Al respecto, Zunino alertó sobre la posibilidad -promovida por Cabildo Abierto- de que el Poder Ejecutivo otorgue una duplicación de las bonificaciones al personal combatiente de las Fuerzas Armadas. Según advierten desde el FA, esto permitiría que algunos militares se retiren antes y con mayores jubilaciones.
“Si se duplican las bonificaciones en el servicio de retiro militar, yo creo que prácticamente se neutralizan todos los impactos en términos de edad y de ajuste de los montos jubilatorios. El sistema que hoy tiene más privilegios sería entonces, lejos, el que menos esfuerzos realiza hacia el futuro”, afirmó Zunino, aunque puntualizó que según las últimas proyecciones, “en principio”, habría una sustentabilidad financiera del gasto previsional.
Saldain contestó que gracias a la reforma las jubilaciones militares se calcularán en base a los 20 mejores años, en vez de los últimos cinco años o el último sueldo, como ocurre con “el régimen que aprobó el FA” en 2018. Aseguró además que el gasto del sector militar disminuirá de 0,8 a 0,4 puntos del PIB en el largo plazo. En cuanto a la posible duplicación de las bonificaciones, comentó: “Es para parte del personal combatiente y no para todos. Eso es algo que probablemente resolverá el futuro gobierno”.
La visión política
A la par de Saldain y Bai, expusieron los diputados Gustavo Olmos (FA) e Iván Posada (Partido Independiente). Olmos reconoció que la reforma aprobada en el Parlamento tiene “cosas razonables”, como, por ejemplo, el diseño del suplemento solidario y la creación de un sistema previsional común. Sin embargo, sostuvo que durante el tratamiento parlamentario el proyecto sufrió “un proceso progresivo de degradación” y se fue “perforando en muchos aspectos”.
El diputado de la oposición cuestionó que la reforma del gobierno “no toca las desigualdades de los distintos subsistemas”, como las de la Caja Militar, y tampoco “contempla a los trabajadores independientes”. Asimismo, mencionó que hay proyecciones que marcan que 15% de los trabajadores ni siquiera acumularán 15 años de aportes a los 70 años.
En tanto, Posada aseguró que la reforma “era absolutamente impostergable y necesaria para dar respuesta a la sostenibilidad del sistema” previsional. Expresó que su aprobación supone el cumplimiento de un compromiso de campaña y dijo que “las jubilaciones que se perciban a los 65 años [con el nuevo sistema] van a ser mayores o iguales a las que se hubieran obtenido jubilándose a los 60 años” bajo el actual sistema. “Ese es el compromiso que se asumió políticamente y que quedó consagrado en esta ley”, manifestó.