En días marcados por la situación crítica del agua, las sucesivas movilizaciones en rechazo a las medidas adoptadas por las autoridades, que implicaron un aumento de la salinidad del agua, y propuestas a nivel político para paliar la emergencia hídrica, una docena de organizaciones sociales emitieron un comunicado en el que demandaron la convocatoria de un ámbito para abordar la situación “con participación social real”, un pedido que acompañaron con una batería de propuestas.
En el texto, los colectivos ambientalistas criticaron la “ineptitud” de los distintos gobiernos que no tomaron medidas para “cuidar el agua del río Santa Lucía y otros cursos de agua del país”, que llevaron a una situación de emergencia hídrica “sin precedentes”, pese a que en la reforma constitucional de 2004 se reconoció “que el agua es un derecho humano fundamental”. Para las organizaciones, “son responsables de la situación actual todos los gobiernos que no actuaron para cuidar el río y mantener la infraestructura de OSE en condiciones mínimas de funcionamiento”.
En este marco, proponen “medidas urgentes, contundentes y efectivas, sin dar lugar a la improvisación y especulación”, dado que “con esta emergencia pierde el pueblo que pone en riesgo su salud y tiene que comprar agua a las empresas embotelladoras, que son las beneficiadas de la situación actual”.
Los activistas establecen nueve “medidas urgentes”. La primera de ellas es la convocatoria a un ámbito para abordar la emergencia en el que se tengan en cuenta “las propuestas de la Universidad de la República y las organizaciones sociales”, así como un “plan de contingencia urgente para asegurar el suministro de agua potable a hospitales, escuelas, CAIF y residenciales”, acompañado de la implementación de la factura de OSE “con costo cero mientras el agua no sea potable”.
También plantean restringir el consumo de agua “a los grandes consumidores de agua no residenciales (industria, comercio y servicios) que no brinden servicio de primera necesidad para la población, a los efectos de garantizar el acceso al agua potable en forma inmediata”, y que se apliquen sanciones “de clausura por los días que sean necesarios” ante el incumplimiento de estas restricciones. Esta medida debería ir acompañada de un seguro de paro especial para los trabajadores afectados.
Exigen asimismo “inversión estatal (sin participación privada) para arreglar las cañerías en forma inmediata de todo el país, comenzando por los lugares que tienen mayor riesgo de falta de agua” y el ingreso de trabajadores/as presupuestados a OSE “para cubrir las vacantes que se han generado en los últimos cinco años, para que el organismo cuente con personal calificado propio, y eliminar las privatizaciones”, de la mano de la “cancelación del proyecto Neptuno” y de la presa “provisoria e improvisada aguas abajo de Aguas Corrientes”.
En último lugar, proponen abrir “todos los embalses privados no autorizados” y hacer un “estudio de apertura de los que tienen autorización, sobre el río Santa Lucía y todos sus afluentes”, y prohibir las “plantaciones o replantaciones de soja y forestación (especies exóticas) para madera en toda la cuenca del río Santa Lucía”.
Firmaron el comunicado Agrupación Tucu Tucu, Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay, Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, Comisión de Vecinas/os en Defensa de Laguna del Cisne y Solís Chico, Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, Coordinación por el Agua, Dafnias Colectivo Ecofeminista, Hermandad Pro Derechos, Intersocial Montevideo Oeste, Movimiento por un Uruguay Sustentable y Redes-Amigos de la Tierra.