El martes de tarde la prensa no tenía permitido “deambular” –palabra textual de una funcionaria– por los pasillos que rodean la Cámara de Senadores, por pedido expreso de la vicepresidenta Beatriz Argimón. ¿El motivo? Dentro de la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta se estaba estudiando el pedido de desafuero del senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, denunciado por varios delitos de explotación sexual de menores, en una causa que está siendo investigada por la fiscal Alicia Ghione.
Luego de un cuarto intermedio en el que los integrantes de la comisión fueron a sus respectivos despachos para estudiar el documento de 84 páginas remitido por Fiscalía, volvieron a sesionar y redactaron un proyecto de resolución para dar lugar al desafuero, que será tratado este miércoles a las 9.30 en la sesión del Senado.
El proyecto –con el que estuvieron de acuerdo tanto oficialismo como la oposición– tiene un solo artículo, que dice: “Ante la solicitud del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36 Turno, comunicada por la Suprema Corte de Justicia a través del menaje N° 11/2023, de fecha 31 de mayo de 2023, la Cámara de Senadores resuelve declarar que hay lugar a la formación de causa al señor senador Gustavo Penadés y suspenderlo en el ejercicio de sus funciones, quedando a disposición del tribunal competente, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Constitución de la República”.
la diaria accedió al documento remitido por la Fiscalía para solicitar el desafuero. En el capítulo “razones para la solicitud del desafuero” se señala que en el desarrollo del corto lapso de investigación sobre hechos relacionados con actos sexuales en el marco de la “explotación sexual de niños/adolescentes”, en que se denunció públicamente a Penadés, ya prestaron declaración ante Fiscalía ocho víctimas. “Y la Fiscalía ya tiene identificadas al menos otras cuatro más, pero, por diversas razones, aún no han comparecido. Obviamente, por temor al ‘poder’ del imputado y, en algunos casos, porque han recibido amenazas presuntamente de parte de los imputados”, señala el documento.
Por lo tanto, a esta altura de la investigación, “es necesario solicitar las audiencias de Prueba Anticipada de declaración de las víctimas”, según lo establece el Código del Proceso Penal, entre otras normas; y, “teniendo presente la investidura de senador de la República del denunciado Gustavo Penadés, para poder llevar al senador ante el juez en las mencionadas audiencias de prueba anticipada”, es que corresponde previamente presentar la solicitud del desafuero. “De otra forma, estaríamos debilitando la eficacia de la investigación y, peor aún, revictimizando y poniendo en riesgo la seguridad de las víctimas”, se subraya.
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Los hechos denunciados
En el documento se consigna que las víctimas relatan que el ahora senador Penadés “los levantaba en auto por distintos lugares públicos”: hace unos años atrás en Parque Batlle, “en la zona de los jueguitos o frente al gusano loco”; a otros, en “la explanada del Palacio Legislativo”, y más recientemente “en lugares como una esquina cualquiera o en plazas públicas alejadas de cámaras”.
“En todos los casos de los que hemos tomado declaraciones, desde los más antiguos hasta la fecha, en el correr de este año 2023, los adolescentes tenían corta edad, en su mayoría de 13 o 14 años, otros 15 y 16 años. La forma de relacionarse con los adolescentes fue similar, dependiendo de los años históricos, las oportunidades y el avance de la tecnología (contacto personal del senador Penadés, teléfonos, WhatsApp, contacto a través de Sebastián Mauvezín, internet, diversas redes sociales como Instagram, etcétera); generalmente en modos de perfiles con programas efímeros, y recientemente otras redes”, señala Fiscalía.
Además, en el documento se sostiene que, de las declaraciones obtenidas, “se reúnen similares formas de convencer a los adolescentes a que accedan a tener actos sexuales, de cómo acceder a sus cuerpos, lograr que se desnuden, besarles, tocarles, solicitarles que ‘lo masturben’ y le hagan ‘sexo oral’, para finalmente en algunos casos lograr algo más”. Luego, se agrega: “En ocasiones, con acciones violentas para obligar al ‘sexo oral’ o a la ‘penetración sexual’, en especial si los encuentros eran en la soledad del interior de un auto, donde sólo se encontraban el senador Penadés y su indefensa víctima varón adolescente, en la oscuridad de alguna zona de Montevideo”.
En el documento se destaca que la forma de proceder de Penadés “respecto a la explotación concreta de los adolescentes se sostiene a lo largo de los años” y el “modus operandi” o forma de acceso a los adolescentes “es similar”. “El relato de las víctimas es claro y contundente, hay víctimas de muy diversas edades a lo largo de los años; lo que otorga a los relatos mayor grado de certeza”, se subraya.
Fiscalía entiende que “prima facie” estos hechos se tipifican de acuerdo al tipo penal “retribución de actos eróticos y sexuales de cualquier tipo”, según lo establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 17.815 (violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces) del año 2004. Además, se señala que no se descarta que la investigación sea trasladada a los juzgados letrados especializados en Crimen Organizado, “según el número de imputados que se reúnen en la investigación, que al momento son dos personas”.
Mauvezín, el “reclutador” de menores
A su vez, en el documento remitido al Parlamento también se menciona a Sebastián Mauvezín, señalado como intermediario entre Penadés y las víctimas de explotación sexual, que es profesor de historia en el Liceo Militar –y que volvió a dar clases, luego de una investigación administrativa del Ministerio de Defensa Nacional–. Fiscalía consigna que algunas de las víctimas también dan cuenta en su relato “de una persona que los conecta con el ahora senador Penadés para tal fin de explotación”, es decir, “que recluta a los adolescentes y los pone en contacto con el senador para realizar los actos sexuales”, señalando a Mauvezín, que también es investigado en la causa.
Según Fiscalía, el profesor investigado cumpliría el rol de “reclutador” de adolescentes, “que los contacta con distintos hombres mayores de edad a fin de su explotación sexual y a cambio de dinero”. Se agrega que, de esa labor de “reclutamiento”, Mauvezín “recibe intercambio de dinero de parte de los presuntos explotadores”. Así las cosas, Fiscalía pidió que se levante el secreto bancario y de reserva tributaria del profesor, “con la finalidad de reunir las evidencias sobre los hechos denunciados por niños y adolescentes”.