La Comisión Especial de Ciencia y Tecnología inició la semana pasada el tratamiento del proyecto de ley “Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales”, que tiene como objetivo la prevención con foco en la búsqueda activa de material de contenido sexual relacionado con niños, niñas y adolescentes, promover la educación digital y fortalecer las prácticas de cooperación internacional en la materia.
Al ser recibida por la comisión, la diputada del Frente Amplio Martina Casas, una de las autoras del proyecto, señaló que el texto “no está centrado en quienes cometen los delitos, que ya están penados por ley”, sino en las víctimas y explicó que el proyecto surgió a raíz de denuncias que recibieron por casos de suplantación de identidad vinculados con la plataforma Only Fans, que posteriormente fortaleció sus requisitos de certificación para no tener cuentas de menores de edad.
Casas señaló que el Estado uruguayo tiene un compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño. Dado que la Observación General Nº 25 dice que los Estados “deben aprobar legislación nacional, y revisar y actualizar la existente, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, a fin de garantizar un entorno digital compatible con los derechos previstos en la Convención y sus Protocolos Facultativos”, la “legislación debe conservar su pertinencia en el contexto de los adelantos tecnológicos y las prácticas emergentes”.
Por su parte la diputada Micaela Melgar planteó la necesidad de que desde el Estado haya una política activa de protección en línea con la universalización del acceso a internet. “No puede pasar que el Estado uruguayo haya garantizado el acceso a internet y a dispositivos, y haya reducido la brecha digital, y no tenga políticas preventivas para, por lo menos, proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, al menos, del abuso sexual infantil”, expresó.
Melgar señaló la necesidad que tiene el Estado uruguayo de generar políticas activas de prevención y protección de los derechos en los entornos virtuales. “En la virtualidad los derechos humanos también tienen que ser protegidos porque en ella la vida se desarrolla casi de igual forma que en el entorno que no es virtual: existen relaciones humanas, vínculos, espacios educativos, se generan crianzas”, afirmó.
En diálogo con la diaria la diputada Lilián Galán dijo que el proyecto se creó en 2021 y lo diferenció de otras iniciativas como el proyecto de ciberdelitos aprobado esta semana en la comisión o el presentado por el Frente Amplio sobre seguridad digital, porque no tiene fines punitivos. “Lo que se establece es de qué manera cuidar los contenidos para que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros en las redes y que, siendo sujetos de derechos no puedan ser objeto de una amenaza a su seguridad”, expresó.
Galán valoró la presentación del Ministerio del Interior y de la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) y dijo que los firmantes del proyecto, presentado por el FA, se reunirán para realizar algunos ajustes que permitan una mayor precisión en la redacción del proyecto, que en las próximas sesiones contará con el aporte de otros organismos como el INAU, Unicef y los participantes del programa Kids Online Uruguay y la Internet Watch Foundation.
La diputada mencionó la importancia de hablar con los niños, niñas y adolescentes en la medida en que como sujetos de derecho, a partir del Código de la Niñez y la Adolescencia, “tienen voz” a la hora de establecer políticas en defensas de sus derechos y a su vez, al haber nacido en la “era digital” tiene mucho conocimiento sobre su funcionamiento.
El contenido del proyecto
En el primero de los 12 artículos que constituyen el proyecto, se determina el objeto central de la iniciativa como la protección de niños, niñas y adolescentes en plataformas virtuales, incluyendo bajo ese término todo el espacio virtual, y no sólo redes sociales o salas de chat.
El segundo artículo está vinculado al alcance de los contenidos que se busca prevenir como material disponible en el entorno digital el que “represente visualmente a un niño, niña o adolescente involucrado en una conducta sexualmente explícita real o simulada, cualquier representación disponible en el entorno digital de los órganos sexuales de un niño, niña o adolescente con fines primordialmente sexuales, ‘ciber-embaucamiento’, phishing, sextorsión, exposición involuntaria a material sexual que tenga como víctima a un niño, niña o adolescente”.
En el tercer artículo se establecen definiciones de varios términos como ciber-embaucamiento o sextorsión, en el cuarto artículo se establecen las obligaciones del Estado en materia de “detectar, interrumpir y desmantelar las redes, organizaciones o estructuras utilizadas para la producción y distribución del material y para identificar a las personas que incurran en las prácticas definidas” en el proyecto.
El quinto artículo propone que el Ministerio del Interior lleve un registro de sitios infractores, el artículo seis el procedimiento para que las empresas proveedoras de servicios de acceso a internet deberán bloqueen el acceso accidental o deliberado a los sitios web que tengan contenidos que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes, mientras que el artículo siete dispone que, bajo orden judicial, los contenidos alojados en servidores uruguayos puedan ser eliminados.
Además, el proyecto propone la creación de una comisión que se encargue de establecer un plan de acción para prevenir este tipo de delitos y rinda cuentas de su trabajo en forma periódica. También plantea que las entidades públicas fomenten la formación sobre entornos digitales, al tiempo de fortalecer los mecanismos de cooperación con otros países.
El Ministerio del Interior planteó la eficacia de la cooperación con organismos internacionales
En su comparecencia ante la comisión, el Ministerio del Interior planteó que una cooperación habitual entre diferentes plataformas internacionales como el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, que es un organismo sin fines de lucro subvencionado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que realiza reportes.
“La plataforma NCMEC recibe los reportes de las plataformas digitales y de las redes sociales utilizando inteligencia artificial y herramientas muy avanzadas con el fin de detectar posibles figuras de abuso y el reporte nos llega a nosotros como insumo”, señaló durante la comparecencia el director de la Unidad de Cibercrimen, Paulo Rocha.
Además señaló que “en la amplia mayoría de las investigaciones” que realiza la unidad hay un factor de transnacionalidad. “Muchas veces encontramos que se utilizan servidores de otros países; se usan muy pocos servidores exclusivos de nuestro país”, agregó.
Por su parte, la jefa operativa del Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, Magda Trindade señaló que “las plataformas más conflictivas para la captación de niños, niñas y adolescentes son los juegos en línea”. “Uno de ellos es Free Fire. Hemos tenido varias denuncias, porque no es sólo un juego en línea; también es un medio de comunicación, ya que por intermedio de ese juego tenemos formas de dialogar con los demás participantes”, añadió.
Trindade destacó el rol del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados a la que definió como “la madre de todas las plataformas”. “Todas las plataformas avisan a NCMEC y allí empieza la distribución”, señaló.
Trindade dijo que si bien las plataformas tienen sus políticas de privacidad y uso y mantienen la información de sus usuarios, salvo por exhorto judicial, en los casos de abuso sexual en línea “entregan la información de los usuarios sin la necesidad de tener una solicitud por parte del país”.