No hay información. Los últimos datos marcaban que 11,6% de los niños, niñas y adolescentes en Uruguay -unos 60.000- estaban en situación de trabajo infantil. Pero son cifras de 2010 y “resulta evidente que los efectos de la pandemia y la pospandemia han afectado notablemente las frágiles economías de los hogares”, por lo que “es de suponer que la falta de información actualizada no permita dar cuenta de la magnitud y las formas que el trabajo infantil y adolescente ha tomado en nuestro país en los últimos años”, advierte la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS), que agrupa a más de 20 organizaciones sociales, en un comunicado difundido en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este lunes.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como “toda actividad o trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y dignidad y es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. Según la normativa vigente, en Uruguay el trabajo infantil está prohibido para menores de 15 años, y a partir de esa edad sólo se permite con autorización del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), cuyas autoridades reconocen la carencia de información actualizada.
Uno de los indicadores disponibles es la cantidad de permisos de trabajo otorgados a adolescentes entre 15 y 18 años. En 2015 se entregaron 4.500. El año pasado, 1.666. Desde PIAS advierten que este descenso “podría significar una tendencia a la informalización del empleo adolescente”.
PIAS sostiene en el comunicado que la ausencia de datos, así como “la insuficiencia de recursos” para “la organización de campañas, construcción de políticas o generación de alternativas sostenibles para lograr la erradicación del trabajo infantil”, conducen a “la invisibilización de la temática en las políticas públicas”, aunque el trabajo infantil “ocurre en todo el territorio nacional y sigue violentando fuertemente los derechos e impactando negativamente en el desarrollo de las vidas de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes”.
El colectivo manifestó especial preocupación por “las situaciones que se relatan a nivel de las comunidades vinculadas con el aumento de la pobreza infantil” y por el desarrollo de nuevas formas de trabajo infantil “ligadas al microtráfico”, negocio indisociable al “aumento de la violencia”. PIAS también alertó sobre la explotación sexual infantil y “el impacto que tiene el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”, que recae mayormente en niñas y adolescentes.
Fernando Olivera es el director del programa Cardal, que a través de un convenio entre la asociación civil Cippus y el INAU trabaja en la prevención y la erradicación del trabajo infantil, desde hace ya 23 años, en el barrio La Unión. En diálogo con la diaria, señaló que “lo que está teniendo más notoriedad y también nos está impactando en los proyectos” actualmente es el involucramiento de las familias en el microtráfico. Por varios motivos: la violencia, “el uso de armas”, “madres presas”, “gurises que los utilizan para el reparto o la vigilancia en algunas bocas” e incluso la muerte de algunos adolescentes.
Asimismo, manifestó preocupación por la invisibilización de las tareas domésticas como una forma de trabajo infantil: “Se habla de que el trabajo infantil lo ejercen 65% varones y 35% mujeres, y en esto es al revés”. Mencionó además que en algunos casos, debido a “esto de 'para no estar en la calle'”, los menores se incorporan a las actividades familiares, como “la feria, recolección, mendicidad y otras tareas zafrales y no zafrales”, y “la solución es como la condena para los gurises”.
Olivera afirmó que el trabajo infantil “es una temática ausente en toda la agenda social”, y tampoco forma parte de “la agenda académica”. “Hay realmente un silencio muy grande sobre el tema”, subrayó.
Acerca de la falta de registros oficiales, señaló que “no hay nada actualizado”, especialmente vinculado a la pospandemia y “cómo ha impactado el deterioro económico y las pérdidas laborales de las familias en el trabajo infantil”. Por su contacto diario con la realidad, dijo que “hay un subregistro de la situación” y señaló que detrás de la caída de las autorizaciones otorgadas por el INAU “puede haber un crecimiento de la informalidad en el trabajo adolescente, ni hablar en el trabajo infantil, que es ilegal”.
Pablo Abdala: “Es evidente que hay un margen de informalidad”
El presidente del INAU, Pablo Abdala, coincidió en que “las cifras de trabajo infantil que se disponen son muy antiguas” y comentó que “se manejó” la posibilidad de incluir preguntas sobre el tema en el Censo 2023, pero eso al final “se descartó”. Sin embargo, aseguró a la diaria que el organismo tiene un proyecto “muy avanzado” con el Instituto Nacional de Estadística (INE), y el apoyo de Unicef y la OIT, “para financiar una encuesta específica sobre el tema”.
Abdala encabezará este lunes una conferencia de prensa por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en la que se presentarán las últimas cifras de permisos de trabajo, denuncias e inspecciones. Sobre esto último, adelantó que próximamente el organismo sumará cinco inspectores para reforzar la inspección “relativamente débil” del INAU, que hoy tiene seis inspectores. “Va a ser de mucha ayuda para el trabajo en territorio. Hasta hace un par de años la inspección de INAU intervenía exclusivamente a demanda o denuncia porque no teníamos capacidad como para realizar controles selectivos, que hoy sin embargo se están haciendo”.
La directora del INAU en representación del Frente Amplio, Natalia Argenzio, dijo a la diaria que desde el Estado “se sigue trabajando la problemática” del trabajo infantil “en forma aislada”, sin un enfoque “interinstitucional”. “Hasta que no haya una gobernanza que dirija la interinstitucionalidad en pro de atender realmente las problemáticas de la infancia y la adolescencia, difícilmente podamos estar hablando de erradicación del trabajo infantil”, aseveró.
Argenzio compartió el cuestionamiento de PIAS sobre la poca exposición del tema en la opinión pública. A su entender, “la invisibilización es la consecuencia de la falta de registros”, por lo que resulta “sustantivo tener la evidencia actualizada”. En ese sentido, afirmó que en el Censo 2023 “se perdió una oportunidad”. “Nos deja en una situación en la que si no hay dato, no hay problema”.
Advirtió además que los 1.666 permisos de trabajo otorgados el año pasado “no son un indicador positivo”. En vista de la “situación socioeconómica desfavorable” y el “crecimiento de la pobreza infantil” en el último tiempo, sostuvo que la disminución de la cantidad de autorizaciones “nos puede estar presentando un incremento de la informalidad”.
Consultado al respecto, Abdala reconoció que “es evidente que hay un margen de informalidad que nos debe preocupar”, pero resaltó que el proyecto que se está coordinando con el INE “va a ser muy importante para poder medir y mensurar el alcance de este tema”. En términos generales, y en comparación con otros países de la región, el presidente del INAU dijo que “Uruguay tiene la condición de que no es de los peores de la clase”, “sin perjuicio de que no podemos ser complacientes y tenemos que seguir avanzando”.