El equipo de asesores en seguridad de Cabildo Abierto (CA), compuesto por el coronel retirado Antonio Romanelli y los comisarios Gustavo Sánchez Paleo y Jorge Gómez Arbiza, elaboró un reporte final sobre la “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva” (ESIP) que presentó el Ministerio del Interior (MI) ante el Parlamento. En el reporte, enviado al MI y a la mesa política del partido, rechazaron nueve de las 16 propuestas que incluye el documento, cuya elaboración estuvo encabezada por el coordinador de estrategias focalizadas en Prevención Policial del Delito del MI, el colorado Diego Sanjurjo, y en la que participaron los partidos políticos, así como académicos, organizaciones sociales y sindicatos policiales.
La ESIP “puede describirse como una serie de enunciados con fundamento en publicaciones académicas, que guardan distancia con la realidad de medios humanos, materiales y el nivel de capacitación de los efectivos encargados de la seguridad”, señalaron en el reporte. En su opinión, si se ejecutara dicho plan, se “estaría colocando en apremios a gran parte de la fuerza desplegada, ya disminuida por varios factores”.
“Se insiste en llevar adelante acciones generalizadas en el papel, sin la contraparte de medios humanos a nivel del territorio, sin estudiar la dosificación de fuerzas en cada área particular, desconsiderando el nivel de capacitación y disponibilidad de todos los medios operacionales”, criticaron.
Apuntaron que la opinión del MI respecto a la inseguridad “dista mucho de la realidad y de la percepción objetiva de los habitantes” y criticaron la “escasez” de propuestas para el interior del país. “Nuestro partido sostiene la gravedad de la situación y cualquier explicación que lo relativice impacta y se termina con la realidad que vive nuestra gente”, indicaron en esa línea.
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Por otra parte, cuestionaron la contratación de consultorías internacionales con “costos no menores”, lo que implica que se estén “obviando las capacidades nacionales” y que se llegue a “diagnósticos redundantes”.
“No compartimos la mayoría de este documento, que no responde las tres preguntas fundamentales de cualquier estrategia y se diluye en vaguedades que no abordan la situación que palmariamente afecta a toda la población”, dispararon.
El grupo de asesores consideró necesario que las medidas rechazadas sean discutidas, así como también aquellas que propuso CA y que el MI no “apoyó en la forma requerida”.
“El Documento Final de la ESIP fue presentado con gran amplitud ante el Parlamento Nacional por parte de su coordinador, inconsultamente con nuestro partido, por lo que entendemos que su aprobación, a partir de esto, corresponde al Parlamento Nacional y no a una simple firma de acuerdo partidario”, concluyeron.
¿Cuáles son las propuestas que rechaza CA?
El grupo de asesores no comparte el programa focalizado en la prevención de homicidios, ya que el documento establece “la contratación de una ONG con señales de direccionamiento en su elección” y se basa en experiencias de otros países que no son “totalmente extrapolables” a Uruguay.
Asimismo, puntualizaron que no se tienen en cuenta los factores de riesgo que enfrentan los policías y que no se “menciona el respaldo legal de los mismos ni los protege de responsabilidades penales o civiles”. “Nos negamos enfáticamente a acompañar esta iniciativa porque no queremos cargar en nuestra conciencia la consecuencia fatal o invalidante para uno o más ciudadanos interruptores de violencia”, expresaron.
Rechazaron la estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario tal y como fue planteada debido al “exceso” de consultorías externas que se traducirían, en su opinión, en gastos y endeudamiento que son innecesarios. Entre otras cosas, recriminaron que no se haya incluido el pedido de CA para establecer la obligatoriedad del trabajo de las personas privadas de libertad.
“Se plantea, a nuestro entender, un exceso de burocracia e insuficiencia técnica para atender” a las personas privadas de libertad con uso problemático de drogas, indicaron respecto al programa dirigido a esta población.
Respecto al punto sobre la iniciativa para incluir en la currícula de Primaria y Secundaria contenido asociado a programas de prevención de la violencia para que los estudiantes tengan “herramientas de resiliencia” y “no caigan en delitos” –según palabras de Sanjurjo–, los asesores de CA objetaron que la propuesta excluye “el aporte que puedan brindar los actores de la Policía Nacional en la intervención dentro de las instituciones educativas”.
Además, criticaron que se dejó de lado la recomendación de brindar capacitaciones a los policías para el abordaje de estas temáticas, así como también se ignoró el pedido de contar con el “aval paterno” de los estudiantes. “Podríamos presumir que se tienen en cuenta los aspectos precedentes, pero el objetivo de avalar el informe es que los contenga explícitamente”, apuntaron.
Otro de los puntos que rechazaron es el relativo a la creación de consejos barriales y centros de atención integral, puesto que “no se menciona que el personal policial participante deba tener discrecionalidad operativa sobre las acciones que se determinen para evitar que un simple voluntarismo los deje sin posibilidad de actuar con eficacia”.
Sobre la ampliación del accionar de la Policía Comunitaria orientada a problemas en el interior, cuestionaron el objetivo de extender el servicio a todo el país “sin aumentar la cantidad de personal requerido”. Indicaron que se necesitan al menos 1.000 efectivos más para llevar adelante la función.
En cuanto a la inclusión en la ESIP del fortalecimiento de la Dirección Nacional del Liberado, que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, plantearon que “no le incumbe al Ministerio del Interior realizar este abordaje”. Sanjurjo había argumentado que se contempló este punto “para comprometer al sistema político”.
También se posicionaron en contra de la creación de un gabinete de seguridad integral que dependería de Presidencia, dado que “no queda claramente definida la línea y relaciones de comando y jerárquicas o si es solamente un órgano asesor”.