Con distintas cajas que reunían un poco más de 14.000 firmas que se juntaron en menos de 72 horas en distintos puntos del país, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentó este lunes en la Torre Ejecutiva el recurso contra el decreto presidencial que reglamentó la nueva ley de certificaciones médicas.
El secretario general de COFE, José Lorenzo López, expresó que ese decreto se hizo sin la negociación colectiva correspondiente, por lo que, según indicó en una rueda de prensa, van a recorrer “todos los aspectos formales”, porque “claramente” están en contra de que no haya pasado en el marco de la negociación. “Entendemos que algunas de las cosas que dice este decreto son absolutamente inllevables”, apuntó.
Para López, la ley establece algunas excepciones por enfermedades, que “son complicadas”; sin embargo, el gobierno determinó que aquel que esté enfermo, primero, se le descuenta el sueldo, y después, si el trabajador reclama, se le reintegra lo que se descontó. “Eso nos parece una aberración, estamos hablando de gente que puede tener enfermedades terminales, compañeras que pueden tener embarazos de riesgo, una cantidad de situaciones que realmente entendemos que son muy complicadas, y que por supuesto nosotros no compartimos”, indicó.
Por su parte, el presidente de COFE, Martín Pereyra, consideró que el planteo del gobierno “es generar un relato de que los funcionarios públicos no vamos a trabajar porque estamos certificados en masa”. Sostuvo que si se analizan en detalle los números, sacando al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional, “son similares” a los del sector privado. “Si [el gobierno] va a empezar a hablar de igualdad en el mundo laboral, tomemos lo mejor del sector privado, lo mejor del sector público y hagamos sólo una legislación”, estableció.
Además, dijo que el propio Ejecutivo “ha dicho que va a recaudar” con este decreto; según relataron algunos dirigentes de COFE a la diaria, se trata de un “ajuste fiscal”. “Ante una Rendición de Cuentas que ingresa muy pocos fondos para incluir, el gobierno intenta hacer caja con la enfermedad de los trabajadores”, acusó Pereyra.
Por otra parte, anunció que estudian junto con el constitucionalista Daniel Ochs presentar un recurso de inconstitucionalidad, que es otra acción jurídica, y agregó que el Consejo Directivo del sindicato definió plantear al departamento público del PIT-CNT hacer una queja ante la Organización Internacional del Trabajo. En ese marco, en las últimas horas cursaron una carta a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, que tiene representación en OIT, “para tenerlos al tanto de la situación que se vive”.
El presidente de COFE añadió que están en desacuerdo con el descuento salarial hacia los trabajadores, pero también “contra los abusos”: “COFE es la primera que está en contra de los abusos, porque el compañero que ‘abusa’ está dejando a otro compañero haciendo la doble tarea, no es sólo que está yendo contra el Estado, sino que está yendo contra sus propios trabajadores. Creemos que el gobierno se declara incompetente para poder controlar y lo que hace es ir al descuento con este aberrante decreto que dice: ‘Bueno, si estás enfermo y vos decís que tenés razón porque la ley te dejaría afuera, hacé la queja después de que te descontemos’. Todos sabemos los tiempos del Estado, que si se le descuenta a alguien va a estar dos o tres meses para poder recuperar esos fondos”, afirmó.
“Emparejar”
Desde La Charqueada, donde inauguró un puente que une Rocha con Treinta y Tres, el presidente Luis Lacalle Pou expresó que no entiende “por qué” el decreto “se toma como un ataque”. “La mayoría son trabajadores del sector privado, tienen sus licencias, tienen sus mecanismos; no parece muy lógico que otros ciudadanos tengan un status distinto, porque acá no es que se le empeora con respecto a otros sectores”, indicó.
Lacalle Pou sostuvo que no se puede “emparejar”, porque “ni cerca de ser todos, pero a veces cuando se usa patológicamente esta herramienta, nos parece más lógico, sobre todo, cuando a nosotros, los funcionarios públicos, nos paga el sueldo cualquiera de ustedes, cualquiera que se levanta a laburar”. En ese marco, dijo que hay que ser “cuidadosos de los recursos de la gente”.
“Cuando vemos que se va muchísimo dinero en licencias, nos parece que hay que emprolijar, no hay que tomárselo como un ataque ni nada por el estilo. Están en todo su derecho a reclamar”, señaló, y añadió que no comparte con que “no se haya discutido”. Fuentes del gobierno confirmaron a la diaria que no hubo una instancia de diálogo por este decreto.
Tras estos dichos, López consideró que lo que dice el presidente “no corresponde a la realidad” y anunció que van a seguir “hasta las últimas consecuencias”.