A poco más de tres meses de que se cumpla un año desde que el Senado aprobó el nuevo régimen de licencia y subsidio por enfermedad para funcionarios públicos, establecido en la Rendición de Cuentas de 2022, el Poder Ejecutivo dictó un decreto para reglamentar la normativa. En respuesta, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que se posicionó en contra de la iniciativa del gobierno desde que se instaló la discusión en torno a la implementación del nuevo sistema para las licencias por enfermedad, señaló que la normativa es “inconstitucional” y prepara recursos en su contra.
Según el decreto, que fue aprobado el 21 de julio, cada empleado estatal tendrá un máximo de nueve días al año de licencia remunerada para “cubrir períodos de inasistencia, alternada o consecutiva, por enfermedad”. Luego, a partir del décimo día de inasistencia en el año, de forma alternada o consecutiva, los funcionarios cobrarán “un monto equivalente al 75% o al 100% de su salario por todo concepto según corresponda”. Eso se establece en el artículo 10 del decreto, que agrega que quedan excluidos los beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extras.
La normativa aplica para todos los empleados estatales con excepción de los magistrados del Poder Judicial, los defensores públicos, los funcionarios del escalafón N de la Fiscalía General de la Nación –que comprende a los fiscales–, los diplomáticos del servicio exterior que están en el extranjero y los funcionarios de los gobiernos departamentales, detalla el texto.
A través de un comunicado, COFE criticó que el decreto “rebaja los salarios de los trabajadores públicos, en situaciones de enfermedad y no recorrió ni una sola instancia de negociación colectiva, ni siquiera existió una reunión de comunicación previa en los ámbitos establecidos por disposición legal”. En ese sentido, desde el sindicato afirmaron que al gobierno le resulta fácil “legislar y firmar decretos cuando los perjudicados son los trabajadores”.
Además, apuntan que el objetivo del gobierno con la nueva normativa es “recaudar, ajustar a costa de la salud de los trabajadores” cuando se encuentran en un momento de “mayor fragilidad”. “El objetivo fundamental del gobierno es hacer caja con la enfermedad de los trabajadores y con eso cubrir algunos agujeros que no quiere cubrir mediante la Rendición de Cuentas”, dijo José Lorenzo López, secretario general de COFE en diálogo con la diaria.
En el comunicado se plantea que el argumento del gobierno para implementar la nueva reglamentación es la existencia de “eventuales abusos en el uso de licencias médicas”. “Sin embargo, considerando los datos publicados por el Servicio Civil, para los trabajadores de la Administración Central, sin considerar el Ministerio del Interior, en 2022, el promedio de días de certificaciones médicas sobre el total de días trabajados fue de 3%”, apuntaron en el texto.
Además, López aseguró que el gobierno no demostró que exista abuso y que la normativa no solucionaría los abusos en el uso de licencias médicas, en cambio, “los va a agravar”. Planteó que la mayoría de las licencias por enfermedad se toman en el Ministerio del Interior, específicamente en la Policía, por el impacto en la salud mental de las tareas que desarrolla. “El problema está instalado en el Ministerio del Interior, no en la totalidad de la Administración Central”, insistió.
Otra de las críticas que se mencionan en el comunicado es en referencia al artículo 18 de la Rendición de Cuentas de 2022, que menciona que las enfermedades profesionales y las enmarcadas en las alertas sanitarias del Ministerio de Salud Pública ante situaciones epidemiológicas son excepcionales al régimen general de subsidios.
En esta categoría también se encuentran las enfermedades “vinculadas al embarazo o que pongan en riesgo a la madre o al feto”, las “invalidantes que conlleven tratamientos prolongados inhibitorios de la actividad inherente al cargo o función” y los accidentes laborales. Para esos casos, se contempla que el funcionario “percibirá desde el primer día el subsidio correspondiente al 100% de su remuneración”.
Sin embargo, en el artículo 24 del decreto se indica que el funcionario que “entienda que su situación está comprendida en algunas de las excepciones” y reciba un subsidio del 75% “podrá solicitar la revisión de dicha situación ante su organismo, la que tendrá carácter de petición simple”.
De acuerdo al comunicado de COFE, lo dispuesto en el artículo 24 es “insólito”, ya que no se indica con claridad “cuáles son las enfermedades que podrían no generar descuento” y “la norma prevé como principio primario descontar”. Por lo tanto, recaería sobre el funcionario probar “si el descuento aplica o no”.
López señaló que el decreto del gobierno es “inconstitucional”, por lo tanto, COFE presentará un recurso administrativo y un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El recurso administrativo lo presentarán el próximo martes 1º de agosto, mientras que el de inconstitucionalidad será presentado cuando se empiece a aplicar el decreto, en 60 días. Aparte de eso, comentó que la situación se está analizando “a nivel del PIT-CNT y probablemente se tomen más medidas al respecto”.