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Edgardo Ortuño (archivo, junio de 2023).

Foto: Alessandro Maradei

Crisis hídrica: director de OSE por el FA dijo que el abastecimiento de agua en área metropolitana no está asegurado “ni a corto ni a largo plazo”

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Ortuño aseguró que, de no hacerse las obras necesarias, la demanda de agua proyectada a 2045 superará la capacidad de producción actual y llamó a un acuerdo nacional “que asegure el cuidado de las fuentes de agua bruta como la cuenca del Santa Lucía”.

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Leído por Andrés Alba.
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El director de OSE por el Frente Amplio (FA), Edgardo Ortuño, dijo a la diaria que el abastecimiento de agua potable al 60% de la población que reside en el área metropolitana no está asegurado. Opinó que es necesario realizar “obras de infraestructura para embalsar agua dulce para asegurar el abastecimiento a corto y mediano plazo, así como reducir las pérdidas de agua potable del 50% a la mitad”.

Ortuño planteó que luego de las precipitaciones de agosto existió un desperdicio de más de 11 millones de metros cúbicos de agua por día que el río Santa Lucía “trajo” a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. De los 12 millones de metros cúbicos de agua por día que llegó a la planta sólo se aprovecharon 600.000.

Según el jerarca, esta situación podría haberse evitado con el reflote de la construcción de la represa en Casupá que dotaría al sistema de una capacidad de embalse de 118 millones de metros cúbicos. Además, aseguró que la conversión del dique provisorio de Paso Belastiquí (departamento de San José) es permanente que “permitiría aprovechar al menos 4 millones de metros cúbicos de agua”.

Críticas a la gestión de la crisis

Ortuño también señaló que hubo “una mala gestión de la crisis del agua por parte del gobierno con medidas tardías, insuficientes y costosas”. Con respecto a eso denunció que desde octubre de 2022 a mayo de 2023, con emergencia agropecuaria e imposición de restricciones al uso de agua potable de por medio, “no se adoptaron acciones u obras de emergencia, a pesar del reclamo de la oposición”. Para ejemplificar esto último apuntó hacia la obra de trasvase de aguas del río San José hacia el Santa Lucía, que fue proyectada a inicios de 2023 y finalizada pocos días antes de las precipitaciones de agosto, “por lo que se tornó innecesaria”. También hizo referencia a la planta desalinizadora —que fue anunciada en mayo y llegó a finales de julio— y la obra inconclusa de trasvase del arroyo Solís Chico.

Además, declaró que el gobierno tomó una “decisión política estratégica equivocada” al priorizar el proyecto Neptuno en Arazatí, que según indicó “no resuelve el tema y tiene debilidades técnicas asociadas a los problemas de salinidad del Río de la Plata”. Afirmó que “es un mal negocio” ya que contratar una gestión privada en lugar de gestionar el proyecto desde OSE “genera un sobrecosto de 300 millones de dólares en comparación a lo que se gastaría contratando a privados sólo para la construcción de las obras como OSE hizo en toda su historia”. El jerarca señaló que el proyecto “contraviene la Constitución y la voluntad ciudadana expresada en el plebiscito de 2004”.

Ortuño señaló la necesidad de “un acuerdo nacional por el agua que asegure una política de Estado en la materia y priorice lo ambiental”. El jerarca declaró que, a través de este acuerdo, debería garantizarse “el cuidado de las fuentes de agua bruta, como la cuenca del Santa Lucía, aplicando medidas de protección” y “la concreción de obras que aseguren abastecimiento de agua potable hasta 2050”. Además, señaló que este acuerdo debe ir acompañado de la firma de un compromiso “entre los partidos, la academia, la sociedad civil, gobierno nacional e intendencias” que respalde lo acordado.

Ministro de Ambiente será interpelado por proyecto Neptuno

Este jueves, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, será interpelado en la Cámara de Diputados por la concesión de la planta potabilizadora de Arazatí.

El proyecto fue adjudicado al consorcio privado Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saceem Ciemsa, Berkes y Fast, y levantó críticas de la oposición al considerarlo “ilegal e inconstitucional”. El mismo tendrá un costo de 950 millones de dólares para OSE, mientras que el costo estimado al inicio de la licitación era de 253 millones.

El diputado del FA Felipe Carballo, que será quien interpelará al ministro, declaró a través de la red social X que la adjudicación del proyecto fue una “decisión nefasta”. El diputado opositor calificó de “injustificables” los sobrecostos del proyecto y señaló que “sólo hay cifras millonarias a favor de alguien y pérdidas y costos desmedidos para OSE”.

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