El sábado al mediodía el colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido (Nitep) se reunió en plaza Cagancha para conmemorar el día de las luchas de las personas en situación de calle.
El día rememora actos de violencia llevados a cabo contra estas personas en la ciudad de San Pablo, Brasil, en 2004. Lamentablemente, parecería ser que, a 19 años del insuceso, no se ha avanzado lo suficiente: este año, el cura Omar França denunció hechos de violencia hacia personas en situación de calle en el barrio Malvín.
A pesar del frío y los fuertes vientos, la convocatoria contó con la participación de una gran cantidad de personas e incluso captó la atención de algunos transeúntes. Los convocados decoraron el entorno de la plaza con pancartas de protesta, así como con intervenciones artísticas en reclamo por la inacción por parte del Estado.
“La calle no es un lugar para vivir ni para morir”, reza un cartel en el piso. “Hasta los perros comen en platos”, puede leerse en otro. Más carteles con consignas similares reposan sobre las baldosas de la plaza. Su objetivo es visibilizar y alentar el diálogo en torno a una problemática que perdura en el tiempo.
Mónica Reina, integrante de Nitep, recalcó la necesidad de “reeducarnos para alcanzar el urgente objetivo de la coexistencia”, así como de “erradicar las diferencias”. Reina reivindicó el respeto a los derechos humanos entre las diferentes personas.
Por su parte, una de sus colegas, Susana Fernández, describió las diferentes formas en las que personas en situación de vulnerabilidad son violentadas. “Nosotros somos los primeros en recibir violencia”, detalló, a la vez que recordó la existencia de grupos que “salen a cazar” personas en situación de calle, algo que, se quejó, “a nadie le importa”.
Fernández acusó al Estado de “hacer caso omiso” y tratarlos como “números”, y denunció maltratos por parte de la Policía. También lamentó “la indiferencia de los vecinos”, que “mata”. “Yo sé lo que es la mirada de los otros humanos cuando te miran como una escoria, para mí es doloroso estar en la calle”, añadió.
Quien le siguió, Eduardo Cabrera, señaló una serie de críticas hacia los sistemas de refugios del Ministerio de Desarrollo Social. Cabrera señaló que los refugios “no están preparados para la cantidad de personas ni la cantidad de población en calle”, y acusó la existencia de rigideces arbitrarias, comida y equipamiento en mal estado, e incluso discriminación. Para el integrante de Nitep, “los refugios se convierten en un negocio”, y de esta forma, denunció, se “está jugando con los derechos humanos de las personas”.
“Es como si fuéramos extranjeros: no tenemos nada. Y hoy por hoy, la ley de faltas te puede criminalizar. Por eso, por no tener nada. Somos parias en nuestra propia tierra, somos ciudadanos de quinta. Somos números, no personas. [...] No lo aceptemos: busquemos un camino a la vivienda, ¡porque la unión es la fuerza!”, concluyó.
Una vez abiertos los intercambios, una de las concurrentes, Sonia, denunció energéticamente cómo al Estado “no le importa el pobre”, así como el trato injusto que entiende sufre la comunidad. “Mañana cumplo 18 años estando en situación de calle. ¿Qué le parece al gobierno? ¿Qué le parece al presidente de la República?”, sentenció.
Por su parte, Miguel, integrante del espacio La Casa, llamó a repensar la forma en que son gestionados los servicios, que según describe “no debería limitarse a la gestión del espacio, sino a viabilizar las estrategias para el desarrollo”, con “un acompañamiento personal de los sujetos”.
Desafortunadamente, la actividad se vio interrumpida súbitamente, luego de que la Policía apareciera para detener un corte de calle que algunos de los presentes llevaron a cabo.
Los sonidos de las sirenas de las múltiples patrullas que arribaron a las inmediaciones de la plaza así como los cada vez más intensos gritos de rechazo por parte de los manifestantes terminaron por distorsionar el intercambio.
Ministerio del Interior responde
El Ministerio del Interior (MI) emitió un comunicado en la tarde del sábado en el que explica que, en el marco de la convocatoria, hacia las 12.50, “se generó un desorden con los participantes donde no se registraron lesionados, ni móviles afectados”.
De acuerdo con el documento, la Policía detuvo a una persona, “poseedora de varias indagatorias”, por desacato. También acusan el robo de artículos de un supermercado, cuyo importe asciende a los 10.000 pesos, por parte de algunos manifestantes o personas que aprovecharon la confusión generada por el incidente, según dijo Pablo Benítez, vocero del MI.
Asimismo, el MI denuncia que “una funcionaria policial debió concurrir a un centro médico por haber sufrido lesiones tras una agresión por parte de manifestantes”. Según desarrolla el comunicado, la funcionaria radicó las denuncias correspondientes.