Una delegación integrada por 12 personas en representación del Estado uruguayo informó al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, sobre la situación del país en relación con la población afrodescendiente, indígena y migrante.
Esta instancia estaba prevista para 2020, pero la pandemia pospuso el calendario, no sólo de Uruguay sino de los otros países, debido a que el CERD no acepta que las reuniones se hagan de forma virtual.
Las preguntas de integrantes del comité –varios de los cuales hicieron mención a lo numerosa que era la delegación oficial uruguaya– fueron sobre cuatro temas: estadísticas e indicadores socioeconómicos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en el ordenamiento interno y en el marco institucional, y las políticas para su aplicación; el acceso a la justicia y la discriminación racial en el sistema judicial; y el combate a los estereotipos raciales.
Las consultas incluyeron la aplicación de esta convención internacional en diferentes áreas, desde la educación a las denuncias presentadas (sobre las que el gobierno consideró que hay un subregistro) y las sentencias judiciales. Además, un integrante del comité planteó su rechazo a las propuestas de derogación de la ley de servicios de comunicación audiovisual –también conocida como ley de medios– por considerar que sería regresiva al eliminar disposiciones vinculadas con el derecho a la no discriminación.
También hubo consultas sobre el accionar de las fuerzas policiales respecto de personas afro, la cantidad y situación de la población afrodescendiente en cárceles y el concepto de “apariencia delictiva” incluido en la ley de urgente consideración, lo que desde el gobierno se afirmó que refiere a hechos y no a personas.
Los problemas de vivienda de la población afrouruguaya y la exclusión territorial, incluido el desalojo de conventillos en la dictadura, fue otro de los temas planteados. La delegación oficial incluyó a los subsecretarios Ana Ribeiro y Nicolás Albertoni y a la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, quienes estuvieron acompañados del representante uruguayo ante las oficinas de la ONU y organismos especializados con sede en Ginebra, Álvaro Moerzinger, funcionario diplomático de extensa trayectoria y asesor del presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral pasada. También participó el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Marcos Israel –que no integra la delegación estatal, ya que la institución tiene un estatus independiente de la delegación oficial ante el comité– y dos representantes de diferentes ONG.
Fuentes del gobierno que participaron en las audiencias informaron a la diaria que prevén que algunas de las observaciones del CERD estarán relacionadas con la falta de cumplimiento del porcentaje de la cuota de ingreso de la población afrodescendiente a la administración pública y la brecha económica y educativa de este colectivo, la ausencia de políticas públicas para la población indígena y las afectaciones de poblaciones vulnerables por la crisis hídrica.
Orlando Rivero, quien participó en representación de la organización social Salvador, dijo que planteó “la necesidad de que el Estado reconozca la emergencia social y la exclusión territorial de la población afrodescendiente ante los miembros del comité”, y afirmó que algunos ministerios “no han ejecutado ni una política referida a la población afro”. Añadió que el CERD “profundizó argumentos ante el vacío existente de acciones y mediciones del gobierno uruguayo, porque no hay cálculo de impacto más allá de titulares. Hay agenda de actividades y reconocimientos, pero que no impactan en la calidad de vida de la población afrouruguaya”.
La cuestión indígena
Respecto del tema indígena hubo duros cuestionamientos al gobierno por parte de algunos de los miembros del CERD, pero la delegación oficial destacó que en Uruguay hay personas que se identifican como indígenas pero no pueblos indígenas, lo que no hace posible aplicar algunas definiciones y medidas tomadas por otros países en esta temática.
Ciro Chonik, representante del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), en estas instancias en Ginebra, dijo a la diaria que los argumentos y respuestas de la delegación uruguaya “fueron flojos”, al igual que los datos que dieron, y cuestionó la “negación sistemática” y la “visión sesgada” del tema indígena.
La delegación oficial también recibió consultas y cuestionamientos sobre la situación de los migrantes en el país, y en sus respuestas mencionó los servicios que se brindan a migrantes y refugiados en Uruguay, que incluyen documentación, salud y educación, y las medidas contra la trata y explotación de personas.
Informe de la INDDHH
La INDDHH presentó un informe sobre la falta de cumplimiento de acciones afirmativas para personas afrodescendientes y mencionó el reciente informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil con datos al respecto. Marcos Israel comunicó que en 2022 ingresaron 440 personas afro en el Estado, en el total de 126 organismos obligados por la ley (1,8%), y que sólo seis de esos organismos cumplió con la cuota que prevé un piso del 8% de ingresos. Existe un escaso cumplimiento en el Poder Legislativo y Judicial, en toda el área de la educación pública, en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y en la mayoría de las intendencias. Agregó que no se penaliza a los organismos infractores y en muchos casos es difícil hacerlo, y que para algunos cargos hay falta de postulantes afrodescendientes por el rezago educativo en esta población.
De 2014 a 2022, se relevó el ingreso al Estado de 2.293 personas afrodescendientes, y si se hubiera cumplido la cuota de 8%, deberían haber ingresado 12.403, agregó Israel, quien consideró que “es un deber moral hacer justicia con la población afrouruguaya”.
“Gracias, negrito”
También estuvo presente en las audiencias la polémica internacional que se generó en 2021 tras el mensaje “Gracias, negrito” en una red social del futbolista Edinson Cavani, en respuesta a un mensaje de un amigo. La subsecretaria de Educación y Cultura afirmó que los uruguayos creen que no son discriminadores cuando dicen eso y lo hacen como un comentario afectuoso y cercano, pero que gran parte de la delegación oficial entiende que sí fue un acto discriminatorio. De todos modos, acotó que el cambio en esta materia implica un proceso y que este caso ayudó a discutir el tema.
La delegación uruguaya tiene hasta el domingo para presentar por escrito más información y luego de ello el CERD redactará observaciones sobre el país, a las que el gobierno podrá contestar. Tras esa instancia, el comité presentará un informe final sobre Uruguay a la asamblea de la ONU.
Informes sombra
La organización social Salvador, en alianza con el Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos y el Conacha, presentaron informes alternativos al del Estado, lo que en la jerga del organismo se conoce como “informes sombra”, que contienen información y recomendaciones.
La organización Salvador presentó cinco capítulos temáticos al CERD en lo que define como “áreas claves para el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población afrodescendiente”, con información “que en la mayoría de los casos no se toma en cuenta en las decisiones de política pública”.
Esa situación es la que para esta organización “explica que en general no existan políticas públicas específicas hacia la población afrodescendiente, que permitan revertir la situación de desigualdad étnico-racial en la que vive en el país”.
Agrega que la situación es “de gravedad si observamos que Uruguay es considerado, según la evidencia desarrollada por la Cepal, el país de la región en donde se encuentran las mayores brechas de desigualdad étnico-racial entre la población afrodescendiente y la población no afrodescendiente”. Los informes contienen sugerencias para que el CERD recomiende al Estado uruguayo, y refieren a discriminación estructural y pobreza (artículo 2 de la Convención), educación (artículo 5), empleo (artículo 5), vivienda (artículo 5) y justicia racial (artículo 6).
El informe sombra de la Conacha ante el CERD recoge las recomendaciones recibidas por el Estado uruguayo en la edición anterior, “las que no han tenido respuesta satisfactoria ni muestras de avance en el desarrollo de políticas públicas, actualizadas al momento presente”. Organizadas en líneas temáticas, estas recomendaciones refieren fundamentalmente a datos estadísticos, políticas de lucha contra la discriminación racial, la pervivencia de estereotipos raciales, la situación de la mujer indígena, y avances y retrocesos referidos al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, cuya ratificación por el Estado reclama el Conacha.
Asimismo, plantea la necesidad de que las políticas y planes públicos contra la discriminación racial incluyan a la población indígena y que tengan representación en organismos estatales cuando traten temas referidos a indígenas. Menciona que perduran estereotipos raciales y prejuicios sociales sistémicos, y que esto se ha visto agravado por la vigencia de la LUC, “que introduce el concepto de apariencia delictiva, descripción que señala a los colectivos racializados”.