En medio de la emergencia hídrica, el Directorio de OSE aprobó, sólo con votos del oficialismo, el Presupuesto 2024 y su plan quinquenal, que trajo consigo críticas del director por el Frente Amplio (FA), Edgardo Ortuño. El jerarca informó a la Mesa Política de la coalición de izquierda los “recortes” y cómo se desfinanciará el organismo público de cara al próximo gobierno, que asumirá en marzo de 2025, por las iniciativas privadas que tienen el visto bueno del Poder Ejecutivo, entre ellas, la de Arazatí, una planta potabilizadora cuestionada desde ámbitos académicos, que se instalará en esa zona de San José para abastecer de agua “potable” al área metropolitana.
Según el informe que elaboró Ortuño con base en el plan quinquenal, al que tuvo acceso la diaria, habrá “recortes” que se traducirán en el “debilitamiento” de OSE para que pueda cumplir “sus objetivos”, además de “afectar la calidad de los servicios que debe prestar a la población”.
En ese sentido, opinó que “el déficit hídrico demostró que, por el contrario, deben realizarse importantes obras de infraestructura que eviten que se repita la crisis en el futuro y pagar enormes costos por realizar obras en plena emergencia”. Sin embargo, el frenteamplista consideró que “lamentablemente el gobierno no aprendió nada de la crisis del agua”.
Desfinanciamiento
Según los cálculos de Ortuño, el proyecto Arazatí -mejor conocido como Neptuno- y el de saneamiento en distintos puntos del país, ambas iniciativas privadas, supondrán el “desfinanciamiento” del ente público, “comprometiendo seriamente su futuro”. Por esta razón, indicó, “no se podrán realizar obras postergadas y necesarias en los departamentos del interior del país y del área metropolitana”. En este caso, se refiere a las prometidas anteriormente en Río Negro, Soriano, Colonia y Paysandú.
Ortuño analizó que, con los pagos por disponibilidad que surgen del plan quinquenal del presupuesto aprobado, “el impacto de la inclusión de estas dos iniciativas privadas en las proyecciones de los flujos financieros de OSE determina que a la firma del contrato se asumirán deudas por 20 y 25 años en cada caso”.
Caso por caso
Según estimó el director opositor, el proyecto Arazatí, bandera del gobierno desde que un consorcio privado le presentó la propuesta casi que al inicio de la gestión, implicará una inversión de al menos 253 millones de dólares. Sostuvo que el modelo de negocio aprobado para su ejecución, donde el privado es quien construirá, financiará y mantendrá la planta, no es el mejor, puesto que a OSE le costará, por año y según lo aprobado días atrás por el directorio, unos 52,7 millones, un total que superará los 950 millones de dólares en los 20 años de contrato. “Es más de lo que veníamos proyectando y denunciando”, explicó.
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Ortuño señaló en su informe que, si la gestión la tomara OSE, el costo anual se reduciría a la mitad, a 25 millones de dólares, por lo que, en 20 años, el proyecto valdría cerca de 480 millones de la moneda estadounidense. Señaló que esa alternativa existía porque “se podría considerar una combinación de fuentes de financiamiento que incluya fondos propios, préstamo con organismos multilaterales y la emisión de obligaciones por intermedio de un fideicomiso financiero”.
Aludió a que el costo de la gestión privada del proyecto podrá aumentar “con el ajuste de precios resultante de las ofertas presentadas en la licitación, aunque podrá reducirse si el proyecto consigue exoneración de IVA, lo que no se concretó hasta el momento”.
Por su lado, la iniciativa privada para el saneamiento tendrá un monto de inversión de 284,3 millones de dólares y un contrato de 25 años, por el cual OSE realizará pagos anuales “al privado por el financiamiento, la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento y pozos de bombeo, así como por la construcción de toda la infraestructura, por cuya disponibilidad pagaría la empresa pública por 25 años adquiriendo la propiedad de la misma al final del contrato”.
“El presupuesto aprobado incluye un monto de pago anual del entorno de los 37 millones de dólares, que al final de los 25 años significaría un costo para OSE de 914 millones de dólares”, añadió. De acuerdo con la asignación de recursos, las obras se realizarían a partir de 2026, es decir, en el próximo gobierno.
En síntesis, al final de los 25 años, por la ejecución de ambas iniciativas privadas, habrá un déficit “y, por tanto, una necesidad de fondos, del entorno de los 1.700 millones de dólares”. “Y si se retomaran los niveles de inversión de los gobiernos frenteamplistas, que culminaron en 85 millones de dólares anuales, la cifra de desfinanciamiento asciende a 2.100 millones de dólares”, afirmó.
¿Inversiones?
Ortuño denunció que, desde que asumió la administración de Luis Lacalle Pou, en OSE “vienen bajando sustancialmente con respecto a lo invertido en las administraciones pasadas”. Según ejemplificó, si se toma en cuenta el quinquenio comprendido entre 2021 y 2025, “la comparación entre lo definido por esta administración, ya parcialmente ejecutado, y lo definido por la administración pasada resulta en una reducción y postergación de inversiones del orden de los 184 millones de dólares”.
Asimismo, en su informe alude a que se mantiene un recorte de recursos que “no contempla la realización de obras previstas para asegurar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana”, como la construcción de la represa del arroyo Casupá -que eran aproximadamente unos 100 millones de dólares-, que “aporta reservas suficientes de agua dulce a la planta de Aguas Corrientes, sin las cuales sólo puede dar agua salada, como comprobamos en la sequía de 2023”.
Sobre esta planta, mientras tanto, Ortuño apuntó que para la gestión ambiental se eliminaron los 30 millones de dólares de inversión para el tratamiento de lodos, que estaba previsto por la administración anterior. A su vez, apuntó que tampoco se incluye la construcción de la represa en el arroyo Solís Chico con su nueva usina, que cuesta cerca de 33 millones de dólares, “prevista como solución definitiva para el abastecimiento de agua potable de Costa de Oro”.
Sin recursos
A modo de rendir cuentas, el director por la oposición de OSE afirmó que hay un escenario preocupante por la baja en la plantilla de los funcionarios de la empresa pública. Por ejemplo, planteó que es “alarmante” que se hayan “perdido” unos 1.113 funcionarios, de los 4.454 existentes a inicios del período. “De todas las vacantes generadas no ingresó al organismo ni siquiera el tercio de funcionarios permitido por la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto]”, se quejó.
Por otro lado, consideró “significativa” la pérdida “cualitativa” de las capacidades de OSE, puesto que al analizar las bajas de funcionarios entre 2020 y 2022 discriminadas por escalafón, observó que “de los escalafones técnicos se han ido cerca de 80 funcionarios, 270 de los escalafones obreros y unos 250 de los administrativos”. El presupuesto aprobado prevé el ingreso de 276 funcionarios, pero no es suficiente.
En ese sentido, señaló que los ingresos previstos, “de dudosa concreción por el escaso tiempo legal que se dispone para concretarlos”, supondrán una pérdida en el período de 837 funcionarios. “De igual modo, la estructura objetivo aprobada, de concretarse en algún momento, supondrá la pérdida de 721 puestos de trabajo en OSE”, vaticinó.
la diaria intentó obtener respuestas por parte del oficialismo en el ente público pero no tuvo respuesta.