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Lucía Etcheverry (archivo, junio de 2023).

Foto: Camilo dos Santos

Diputada frenteamplista elevó pedido de informes al MGAP sobre funcionamiento de la comisión para plan nacional de agroecología

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Lucía Etcheverry cuestionó los criterios de selección y designación de candidatos para integrar la comisión a raíz de un llamado para renovar los representantes de las organizaciones sociales.

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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) publicó un llamado realizado por el presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas (CNPA), Eduardo Blasina, a candidatos a integrar la CNPA en representación de organizaciones sociales.

La CNPA tiene sus orígenes en la Ley 19.717, de 2018, que según el artículo 1 tiene por objetivo “elaborar, coordinar la implementación y monitorear la ejecución del plan para la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica”.

De acuerdo con el artículo 5 de dicha ley, la CNPA tiene 13 miembros titulares, con sus 13 respectivos suplentes. De ellos, cinco cupos pertenecerán al Poder Ejecutivo, que designará delegados en representación del MGAP, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), así como un delegado que represente a los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Desarrollo Social (Mides). Al primero de ellos le corresponde la presidencia de la comisión.

Por su parte, cuatro corresponden a un delegado que representa a la Universidad de la República (Udelar), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), simultáneamente; uno en representación de la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); y otro en representación del Congreso de Intendentes.

Los seis cupos restantes –y sus correspondientes suplencias– corresponden a “organizaciones de la sociedad civil con reconocido trabajo en áreas vinculadas a la temática”, si bien serán designados por el Poder Ejecutivo. Dichos representantes gozarán de cuatro años en funciones, “efectuándose renovaciones parciales cada dos años y pudiendo ser reelectos”.

También, de acuerdo con el artículo 5, a la presidencia de la CNPA le corresponde efectuar “las convocatorias correspondientes”, así como coordinar sus actividades y dotar al organismo de personal. De esta manera, no parecería estar claro a quién le corresponde el llamado a organizaciones, si al Poder Ejecutivo o al presidente de la CNPA.

la diaria se comunicó con Blasina, quien explicó que el llamado se realizó ya que se aproxima el final de los períodos establecidos por la ley. De todas formas, al ser consultado sobre si su realización le corresponde a él o al Poder Ejecutivo, el presidente de la CNPA respondió que no sabía.

El llamado llevó a la diputada por el Frente Amplio (FA) y presidenta de la Comisión Especial de Ambiente de esa cámara, Lucía Etcheverry, a realizar un pedido de informes al MGAP, con el objetivo de determinar los criterios detrás del proceso de designación, así como de renovación y posible reelección.

Según explicó a la diaria la diputada, “la ley establece que [quien designa] es el Poder Ejecutivo, no necesariamente el presidente de la comisión”, algo que “algunos abogados entienden que no le corresponde”. Asimismo, detalló que tampoco conocen con claridad “cuáles son los criterios y en qué espacios se decidió a qué organizaciones se renueva y a cuáles no”.

Etcheverry cuestionó el funcionamiento interno de la CNPA, una situación que describió como “bastante compleja”. Según describió la diputada del FA, desde la Comisión de Ambiente se citó, desde el inicio del período de gobierno, a “buena parte de los actores” ya que “hubo dificultades importantes para su funcionamiento”.

La diputada explicó que “hasta ahora no ha habido demasiado avance en cuanto a lo que estaba establecido dentro del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, algo que encendió la “luz amarilla para ver qué es lo que está pasando”.

Entre otras cosas, Etcheverry explicó que, luego de comenzar el actual gobierno, comenzaron a presentarse “dificultades en la convocatoria” de la CNPA, así como “cuestionamientos de los contenidos” del plan de agroecología, que atribuye al gobierno.

Etcheverry recordó y cuestionó la suspensión de la habilitación de la Red de Agroecología (RAU) en 2021 por parte del MGAP.

Así, a su entender, las acciones del Poder Ejecutivo –y, por extensión, de la CNPA– irían en contra de “un plan de trabajo” que contó con la participación de “más de 120 organizaciones y personas de reconocida trayectoria en términos de la producción agroecológica”, así como con el apoyo del sistema político, lamentó la diputada frenteamplista.

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