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Rodrigo Blás en una reunión de senadores de la coalición, el 21 de setiembre.

Foto: Ernesto Ryan

Rendición de Cuentas: la coalición anunció un “acuerdo completo para habilitar el voto” de todos los socios

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El oficialismo informó que se llegó a una reasignación de recursos “del orden de los 25 millones de dólares”; el acuerdo contempla una reasignación de 406 millones de pesos para los salarios militares.

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Leído por Andrés Alba.
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La coalición de gobierno dio una conferencia de prensa en la tarde de este martes para informar sobre la concreción de un “acuerdo completo para habilitar el voto” en la Rendición de Cuentas, que en esta jornada se comenzará a votar en el seno de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Tras varias semanas de negociaciones entre los socios del oficialismo, con protagonismo de Cabildo Abierto (CA) y sus reclamos para incrementar los salarios militares, el senador nacionalista Rodrigo Blás, presidente de la comisión, dijo que “con los avales del Poder Ejecutivo” se llegó a una reasignación de recursos “del orden de los 25 millones de dólares”.

Blás, que encabezó la conferencia, recalcó que por ser la última de este período de gobierno, esta rendición tiene una importancia “aún mayor que las anteriores”. El legislador destacó que la reasignación de 25 millones de dólares que resolvió el Senado se suma a “los 20 millones de dólares de incremento en el Plan de Salud Mental que vinieron desde el Ejecutivo” y dos millones más por la redirección del destino de “parte de las multas de tránsito hacia la UTEC [Universidad Tecnológica]”, que serán “anuales, en forma permanente”.

Esa reasignación comprende, asimismo, 3.300.000 dólares al área de salud, 1.200.000 a cultura, 3.700.000 al Hospital de Clínicas, 2.000.000 a la Justicia, un millón de dólares a turismo, un millón al Tribunal de Cuentas, 10 millones de dólares a los salarios militares y 1.800.000 dólares a seguridad. Blás señaló que estas reasignaciones económicas se suman a “una serie de medidas sin costo económico, pero que son tanto o más importantes para el funcionamiento del país y del gobierno”, entre las que mencionó “el aumento de la pena mínima por homicidio”, “la posibilidad de poner tobilleras a los menores de edad cuando el juez así lo dispone” y el “pedido de la historia clínica obligatoria por la Justicia para dar prisión domiciliaria a un preso o a un procesado”.

Por su parte, el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos sostuvo que “significa una gran satisfacción haber llegado a este punto de acuerdo”. Dijo que en su partido son “conscientes” de que han “aportado al mejoramiento del articulado y que la Rendición de Cuentas que sale del Parlamento tiene una serie de aspectos que no incluía al ingresar y que atienden distintos problemas en distintas áreas”. “Quedamos conformes con lo actuado, creemos que se ha mejorado”, afirmó el legislador, y sentenció que esperan “que en la votación se termine de ratificar lo que acabamos de acordar”.

Consultado sobre los detalles del incremento para los efectivos militares, Manini explicó que el acuerdo contempla una reasignación de 406 millones de pesos para el salario de las tropas, de los cuales el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo más temprano que “más del 50% será financiado con fondos del ministerio. De dónde saldrá el monto restante, indicó Blás, lo está “determinando [el Ministerio de] Economía [y Finanzas]”. No obstante, adelantó que “no se toca ningún programa; son rubros no ejecutados, no salen ni de la salud ni de la educación. Salen de rubros no ejecutados, de distintos incisos y algo de Rentas Generales”, apuntó.

Manini también recordó que el aumento que se dispone para las Fuerzas Armadas es fijo, de 1.000 pesos, de soldado a teniente coronel, sin distinción. “Es decir, [que] para unos va a significar casi el 4% de su sueldo y para otros va a significar casi el 2% de su sueldo”, acotó.

Por el Partido Colorado quien tomó la palabra fue el senador Adrián Peña. En nombre del partido transmitió “la satisfacción de haber llegado a este acuerdo” y dijo que se trata de una rendición de cuentas que “atiende a los grandes temas pero también atiende, como señalaba el presidente [de la comisión] recién, aquellas cosas que son problemáticas en pequeñas localidades y puntos del país”. En ese sentido, aseguró que con este acuerdo se da una “señal política” a la ciudadanía, que es “la consolidación definitiva de este proyecto político que ha comenzado hace unos años y que se proyecta hacia adelante para transformar definitivamente la realidad del país”, en referencia a la coalición multicolor.

Marcha atrás en contrataciones directas

Tras el intento de la coalición de aprobar en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado nuevas contrataciones en diversos ministerios y organismos, a poco más de un año de las elecciones, finalmente se dio marcha atrás, celebró el senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez. Al respecto, su correligionario José Carlos Mahía había publicado en X que había un “exceso de grasa”.

En una rueda de prensa, Sánchez sostuvo que en “18 hojas” se daba la presupuestación “a medio pueblo en el Estado”. “Lo que se quería hacer era meter a todo el mundo dentro del Estado. Por el momento se han retirado, no todas, pero se han retirado unas cuantas, lo cual me parece una buena señal, porque estaba establecido el ‘si pasa, pasa’. Por suerte, no pasó. Eran todas contrataciones que se realizaban un año antes de las elecciones, en las que se habilitaba a que los conjuntos de funcionarios que ni siquiera habían entrado por concurso quedaran en la planilla”, afirmó.

En ese marco, expuso que es una “especie de Salto Grande en todo el Estado”, en alusión a las designaciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Por esas contrataciones el Frente Amplio interpelará a los ministros Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores). Sánchez sostuvo que esperarán a ver cómo se da el trámite en comisión, porque “acá están jugando a la mosqueta: dicen una cosa, después la retiran, después ponen. Están midiendo”. Desde la coalición de gobierno indicaron a la diaria que continúan a estudio algunos de esos aditivos.

En ese marco, Sánchez adelantó que propondrán una reasignación de gastos dirigida a la salud mental, por considerar que los recursos incrementales que dio el gobierno no son suficientes. Asimismo, plantean fortalecer las becas y las dedicaciones totales en la Universidad de la República y en la Universidad Tecnológica.

“Vamos a fortalecer el trabajo en políticas sociales que requieren cierto financiamiento y vamos a apoyar algunos otros artículos que tienen que ver con la creación de algunas fiscalías y algunos juzgados que se necesita crear por violencia de género”, añadió.

Un nuevo aditivo contra los narcos

Luego de una conversación con el Ministerio del Interior, la coalición sumará un nuevo artículo a la Rendición de Cuentas para que, al dar prisión domiciliaria a un condenado, se deba pedir la historia clínica para “no estar dependiendo de informes de peritos”, anunció el senador nacionalista Rodrigo Blás.

En una rueda de prensa sostuvo que si esto se aprueba, el juez “obligatoriamente” debe pedir la historia clínica, porque actualmente “no se pide”. Sánchez, en tanto, señaló que van a estudiar el aditivo, pero que en principio no quieren que se agregue a la Rendición de Cuentas, sino que se trate en otro ámbito. “No podemos legislar al grito. Por legislar de esa forma son los problemas que tenemos gracias al ministro [Luis Alberto Heber]”, añadió.

En ese sentido, pidió “escuchar a los que saben” para ver “si eso se puede hacer o no”: “Aquí estamos todos preocupados porque se dieron una serie de situaciones en las que personas a las que les dieron prisión domiciliaria luego se escaparon. Pero también hemos escuchado que esas personas incumplían, como se ha dado el caso del narcotraficante que tenía que ir a hacerse diálisis además de otras vueltas. Y esas irregularidades el ministro del Interior no las notó. Entonces, no permitamos aquí que el ministro oculte su falta de gestión”, fustigó.

El aditivo se propone luego de una investigación llevada adelante por el Ministerio del Interior que detectó que cinco traficantes de drogas que estaban en régimen de prisión domiciliaria se fugaron, según informó El Observador.

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