Todos los viernes, la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados tiene como tarea recibir a una larga lista de organizaciones sociales, que van al Parlamento a pronunciarse sobre la Rendición de Cuentas. El viernes 17 los legisladores recibieron a una delegación de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), que planteó algunos reparos con respecto a algunos artículos del proyecto presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo.
El presidente de la ARU, Rafael Ferber, se refirió en primer lugar a las dudas que se le presentan a la gremial en torno al artículo 136, que autoriza a la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a comunicar a los frigoríficos, de forma reservada, una lista de establecimientos ganaderos que “hayan sido objeto de observación sanitaria como consecuencia de la detección de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y/o contaminantes ambientales en productos de origen animal”. El planteo del Poder Ejecutivo surge semanas después de que China detectase carne uruguaya con residuos de garrapaticida, lo cual provocó alarma en la cartera y en las gremiales rurales.
Si bien a principios de julio, el titular del MGAP, Alfredo Fratti, dijo que este artículo se retiró del proyecto, la diputada del Frente Amplio Inés Cortés –quien presidió la sesión del viernes– puntualizó, ante una pregunta de la ARU, que “por ahora” el artículo sigue vigente.
“Si no está bajado, entonces lo que vamos a decir es que vemos muy inconveniente que se compartan con la industria datos de productores. El 136 es un artículo que nosotros llamamos ‘lista negra’”, manifestó Ferber en la comisión, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. A juicio de la ARU, la situación con respecto a los controles de la carne contaminada “no es nada clara como para generar una herramienta cuyos objetivos finales, cuando los tiene la industria, pueden ser dos: no comprar ganado o bajar el precio de ese ganado”.
Cuando anunció que el artículo en cuestión sería retirado de la Rendición de Cuentas, Fratti dijo que de todas formas se mantendría el artículo 137, que faculta a la Dirección General de Servicios Ganaderos a disponer la “interdicción sanitaria prevista” a los establecimientos agropecuarios cuando se detecte la “presencia de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y/o contaminantes ambientales en animales o productos de origen animal” o cuando se constate “presencia en niveles que impliquen un riesgo para la inocuidad alimentaria, incumplimiento de los estándares sanitarios nacionales o internacionales, o que implique un riesgo comercial en la exportación de productos de origen animal y en el acceso a mercados”.
Dicha prohibición establecida por el MGAP tendrá “carácter preventivo y provisional” y se mantendrá “únicamente por el tiempo estrictamente necesario para gestionar el riesgo sanitario que la motivó”; no podrá exceder el plazo de 90 días.
Ferber consideró que este artículo “es muy particular”, dado que “plantea interdicciones y es con respecto a los residuos en carne –todo lo relacionado a la garrapata–, pero realmente se viene manejando de una forma muy confusa desde el Ministerio de Ganadería”.
El presidente de la ARU citó ante los legisladores de la comisión una declaración del asesor de Sanidad Animal del MGAP Carlos Fuellis, quien señaló que “faltan conocimientos sobre los residuos”. En ese sentido, Ferber apuntó que “ni siquiera las autoridades saben si están interdictando productores que hayan hecho algo mal”. “Cuando uno le da 90 días para interdictar, significa que por 90 días el ministerio se va a tomar ese tiempo para hacer un informe y ver si libera de interdicción a ese productor”, agregó.
Ferber dijo que desde la gremial no entienden esa cantidad de días para hacer el informe. De hecho, sostuvo que el período de tiempo es “realmente un exceso”. “Que claramente el ministerio tiene que atender la situación y ver por qué pasó, no caben dudas. Lo que no puede ser es que se tome un período de tiempo, que es hasta superior a lo que es el cambio de ganado cuando se hace de campo a campo, y después va a frigorífico”, señaló.
Semanas atrás, Fratti explicó que los 90 días establecidos “se pueden reducir si se presenta un plan estratégico de trabajo con un veterinario privado que sea de recibo [por] los veterinarios oficiales”. “Cuando el MGAP interdicta no es una sanción, [sino que] es ayudarte a que mejores lo que estás haciendo, porque algunos los pueden hacer por desconocimiento, pero el desconocimiento no te inhibe de que te rechacen un contenedor en el exterior, por eso hay que ser muy celosos de esto”, expresó.