Este martes, las defensas del sector Marea Frenteamplista y de Martina Casás comparecieron a una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El abogado de Casás, Juan Raúl Williman, presentó hace unos días un reclamo de haberes de 980.666 pesos en el marco de la denuncia de acoso sexual presentada por Casás contra el diputado Gustavo Olmos. Sin embargo, no hubo acuerdo entre las partes y la instancia habilitó a que el caso se lleve a la vía judicial.
La abogada de Marea Frenteamplista, Marina Morelli, dijo en una rueda de prensa que, por su parte, no puede decirle al sector que “proceda al pago de dinero”, ya que no encontró una “obligación resarcitoria”, que consiste en que tras un hecho ilícito dañoso, deba haber una reparación.
Por lo tanto, en esta audiencia habilitaron un proceso judicial que, con las “máximas garantías para la parte citante [Casás]”, determinará “cuáles son los hechos”. Morelli explicó que hay que analizar si los hechos “constituyen una situación de acoso sexual” y, si lo hacen, evaluarán “cuál sería la responsabilidad de Marea Frenteamplista”.
El abogado de Casás, Juan Raúl Williman, quien no estuvo presente en la audiencia pero informó que concurrió una abogada de su estudio, dijo a la diaria que “pasó lo que estaba previsto” y que entiende como “esperable” que “no hubiera una transacción, en tanto no hay admisión de los hechos”. Explicó que la audiencia en el MTSS es un requisito para pasar a la vía judicial.
“Ahora ya se cumplió con el requisito y están las dos vías para recorrer: la vía de la justicia laboral y la vía de la justicia penal”, acotó Williman, quien agregó que una vez que Casás vuelva al país, ya que se encuentra en el exterior, se retomarán ambas vías.
Por su parte, Morelli consideró el reclamo presentado por la defensa de Casás como “poco serio” y “contradictorio”. Este consiste en 468.000 pesos por la indemnización a la que tienen derecho las víctimas de acoso sexual en el trabajo, 312.000 por despido indirecto, 21.666 de aguinaldo, 93.000 por una multa por la omisión de pago de créditos laborales, 43.000 por licencia y 43.000 más por salario vacacional.
La abogada de Marea Frenteamplista agregó que es “contradictorio con la realidad”, porque Casás “se considera despedida” indirectamente el 31 de octubre de 2023. Sin embargo, según señaló, “alguien que se considera despedido es alguien que no hace tareas, que no recibe el pago del salario, que no coordina dividir las vacaciones y tomarse una licencia unos días en enero y otros días en febrero al año siguiente al que se consideró despedida”. Es por eso que cree que “hay contradicciones que son de hecho”, apuntó.
Consultada sobre si el pago de la demanda correspondería al sector frenteamplista en caso de que se confirme la demanda, Morelli explicó que “en materia de responsabilidad de las violencias en el ámbito laboral, específicamente en acoso sexual, no existe la automaticidad: nadie es responsable automáticamente, por ser el empleador, de algunas cuestiones que pueden suceder”. Agregó que “tiene que haber un incumplimiento de las obligaciones que la ley pone a cargo de Marea para uno poder dirimir si es responsable, si existe la obligación resarcitoria”.