La denuncia por acoso sexual y laboral contra el diputado del Frente Amplio (FA) Gustavo Olmos por parte de su suplente, Martina Casás, continúa por dos vías: por un lado, una investigación en curso en la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo del fiscal Maximiliano Sosa, y, por otro, en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde se llevará a cabo una audiencia de conciliación la semana que viene.

En este último caso, la defensa que encabeza el abogado Juan Raúl Williman presentó un reclamo de haberes que asciende a 981.000 pesos, según informó El Observador y confirmó la diaria. Williman explicó a la diaria que “las víctimas de acoso sexual en el trabajo tienen derecho, por la Ley 18.561, a una indemnización tarifada especial”, que varía respecto de “si la persona puede seguir trabajando o no”; de no poder continuar, “le corresponde la indemnización tarifada de la ley y además el despido”.

La defensa de la diputada suplente pide 468.000 pesos por este concepto, además de 312.000 por despido indirecto, 21.666 de aguinaldo, 93.000 por una multa por la omisión de pago de créditos laborales, 43.000 por licencia y otros 43.000 por salario vacacional.

De acuerdo con Williman, en la audiencia en el ministerio aún está por verse “qué postura toma el sector [Marea Frenteamplista] que es el empleador”, pero sí se mostró confiado en que “el relato de Martina es muy claro y ella va a contar con evidencias que la van a apoyar”.

En tanto, en materia penal, Williman adelantó que si bien este camino “arrancó en diciembre, en el medio estuvo la feria judicial”, por lo que esperan que “en febrero o marzo se retome”. En este caso, Casás también “tiene un relato muy sólido, muy claro [sobre] lo que vivió, más allá de que se tengan que hacer las pericias”; además, “ofreció pruebas testimoniales”, indicó el abogado.

En diciembre, la jueza de Familia Especializada Lilián Elhorriburu había determinado algunas medidas cautelares, como impedirle a Olmos acercarse a Casás en un radio menor a 100 metros y la prohibición de comunicarse con ella hasta junio de 2024.

El tercer ámbito en el que se encuentra el tema en paralelo es el Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA, a donde lo llevó el propio sector de Casás y Olmos, algo que fue criticado por el entorno de la denunciante porque no se la consultó para llevar a cabo el procedimiento.

Desde la presidencia del FA se optó por seguir lo que dice el Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia política basada en género de la fuerza política, que exige “separar a las personas involucrados en el caso de que compartan un mismo ámbito de acción” y recomendarle a la persona denunciada “su apartamiento de la actividad pública y de la representación en el cargo hasta que culmine el procedimiento”.

Sin embargo, fuentes cercanas a Casás consultadas por la diaria contaron que Olmos continúa llevando a cabo actividades políticas, por más que no sean públicas, algo que tendría que revisar la presidencia de la fuerza política. En el FA, asimismo, se espera que en cuanto esté la resolución del TCP se convoque a un Plenario Nacional, lo antes posible, para que resuelva en torno a la denuncia.

En su momento, además, fuentes del entorno de Casás criticaron las filtraciones a la prensa, con detalles que, señalaron, no eran “ciertos”.