En el comienzo del último año de la legislatura, el Frente Amplio (FA) presentó dos proyectos de ley para modificar la normativa vigente contra el lavado de activos. El primero, promovido por la Vertiente Artiguista, disminuye de un millón a 80.000 unidades indexadas (UI) el máximo permitido para transferencias en efectivo, mientras que el segundo, impulsado por el Movimiento de Participación Popular, reincorpora como “sujetos obligados financieros” a los usuarios de zonas francas que llevan a cabo actividades logísticas.
El pasado martes, el senador del FA Charles Carrera presentó formalmente este segundo proyecto en comisión y sostuvo que en la última Rendición de Cuentas “se flexibilizaron los requisitos para las empresas de logística que utilizan zona franca” y “se modificaron las normas antilavado” sin ningún asesoramiento técnico del Banco Central del Uruguay (BCU) ni de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Carrera señaló que en aquel entonces “los usuarios de zonas francas decían que se exigía más a las zonas francas que a los otros regímenes de puertos libres”, y por eso a través de un artículo de la Rendición de Cuentas de 2022 se los excluyó de la obligación de informar al BCU acerca de transacciones “inusuales”.
El proyecto del FA propone derogar ese artículo de la Rendición de Cuentas y además amplía a los usuarios de puertos y aeropuertos que hacen traslados de mercaderías la obligación de reportar operaciones que “se presenten sin justificación económica o legal evidente”. El senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo a la diaria que el cambio normativo que la oposición pretende desandar “igualó la situación en zonas francas a un nivel más bajo”.
Consultada al respecto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo a la diaria que “hay una confusión” en la iniciativa del FA, dado que conlleva “volver atrás” con lo dispuesto en la ley de urgente consideración (LUC), que dio una nueva redacción a la ley contra el lavado de activos y que “fue refrendada por la ciudadanía en el referéndum”. “Nosotros no vamos a hacer lo mismo que se hizo con la ley de caducidad, que fue pasar por encima del cuerpo electoral”, subrayó.
Bianchi, que preside la Comisión de Constitución y Legislación que tiene a estudio los dos nuevos proyectos del FA, señaló que en la comisión “hay 64 proyectos pendientes” y dijo que dar marcha atrás en la regulación de las zonas francas “no es prioridad en absoluto”. El representante del Partido Colorado en la comisión, el senador Adrián Peña, dijo a la diaria que todavía no analizó la propuesta.
Para Bianchi, se trata de “un proyecto presentado para abonar lo que en campaña se está diciendo sobre el lavado de activos” por parte del FA, “que lo confunde con la bancarización obligatoria”. Afirmó que en materia de lavado de activos “las cosas no están peor” debido a la LUC y sostuvo que hay informes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica que “dicen que desde el punto de vista normativo nosotros estamos entre los primeros lugares en el mundo”. “En todo caso, hay que hacer más inspecciones y más controles, pero no es un problema normativo”, sentenció.
Los bancos “no son ninguna garantía de honestidad”, según Domenech
El otro proyecto del FA propone un nueva modificación en el máximo permitido para transferencias en efectivo. La LUC aumentó el tope de 40.000 a un millón de UI y el planteo de la oposición es bajarlo a 80.000 UI. “Francamente, yo creo que esa norma fue un desacierto de la LUC”, expresó Brenta.
Consultado al respecto, el senador cabildante Guillermo Domenech, miembro de la Comisión de Constitución y Legislación, manifestó a la diaria que “el efectivo le da libertad a la gente” y opinó que restringir los montos sin distinción “es absurdo”.
Asimismo, Domenech apuntó contra el sistema financiero. “Los bancos, para mí, no son ninguna garantía de honestidad. Acá tenemos una larga historia de quiebra de bancos y de dificultades con el sistema bancario, yo me acuerdo desde el Banco Transatlántico hasta el Banco Mercantil. Además, yo me pregunto: ¿dónde se lava el dinero si no es en los bancos?”, expresó.
Domenech dijo que una opción para combatir el lavado de activos sería tener “un registro patronímico” sobre vehículos y propiedades inmobiliarias; de este modo, “a quien esté comprando 30.000 hectáreas o tres Mercedes Benz lo llamamos y que venga a justificar cómo adquirió ese dinero”. “Si yo quiero controlar cómo se lava el dinero y el dinero se lava comprando inmuebles y autos de alta gama, es muy fácil”, aseguró.
Asimismo, Domenech resaltó que este método no afectaría “la libertad de la gente”, “porque, si no, acá vamos a terminar, como en todos los países totalitarios, con una cartilla de racionamiento, y los bancos van a ser dueños de nuestro dinero y van a disponer cuánto podemos gastar y a qué hora podemos gastar”.