El grupo canadiense ATCO, socio minoritario de Montecon, presentó el jueves un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por entender que se violó el tratado de inversión entre Canadá y Uruguay en el marco del acuerdo alcanzado con Katoen Natie. El diferendo se resolverá en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Se trata del segundo arbitraje internacional en contra de Uruguay a causa del contrato firmado entre el actual gobierno uruguayo y la multinacional belga, que alteró el funcionamiento del puerto de Montevideo. A mediados de enero, la empresa chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecon, notificó su intención de entablar un reclamo en el Ciadi -alegando también una supuesta violación al tratado de inversión entre Chile y Uruguay- y fijó preliminarmente la demanda en 600 millones de dólares.
Según informó el sitio especializado Ciar Global, el grupo ATCO será representado en el Ciadi por Bennett Jones. La solicitud del arbitraje internacional ingresó el 9 de mayo; los demandados son el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Presidencia de Uruguay. A diferencia del caso de Neltume Ports, aún se desconoce el monto preliminar de la demanda del grupo ATCO.
El acuerdo alcanzado en 2021 entre el gobierno uruguayo y Katoen Natie otorgó hasta 2081 a Terminal Cuenca del Plata (TCP), integrada por Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (ANP) (20%), la concesión de la terminal especializada y la prioridad de los atraques en el puerto de Montevideo.
El decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó el contrato establece expresamente que la ANP “deberá priorizar el atraque de buques y barcazas portacontenedores en la terminal especializada”, en donde opera TCP, y dispone que “sólo podrá decretar los mismos en los muelles multipropósito”, en los que opera Montecon, cuando la terminal especializada “se encuentre ocupada durante el período de 24 horas”.
Antes de la entrada en vigencia del acuerdo, Montecon movía 60% de la carga y TCP el restante 40%. Actualmente esto se revirtió: la multinacional belga mueve aproximadamente 80% de los contenedores, y la empresa por capitales chilenos y canadienses, 20%. Según Montecon, el nuevo régimen vulneró el principio de libre competencia.
Por otra parte, en el “acuerdo de fomento y protección de las inversiones” suscrito entre Uruguay y Canadá en 1997, el Estado uruguayo se comprometió a tratar a las empresas canadienses con inversiones en el país “de modo justo y equitativo”, conforme a “los principios del derecho internacional”, así como también a otorgar “plena protección y seguridad”. Se comprometió además a garantizar a las inversiones canadienses “un trato no menos favorable al que, en similares condiciones, [se] otorga a los inversionistas de cualquier tercer Estado”.
“Un problema de una gravedad extrema”, afirmó Carrera
En diálogo con la diaria, el senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, quien denunció penalmente el contrato con Katoen Natie junto con el senador Mario Bergara, adelantó que la oposición solicitará información oficial sobre “toda la instancia de negociación previa al arbitraje que se avecina”, el cual se resolverá en el próximo período de gobierno.
El senador frenteamplista dijo que hará pedidos de informes para saber “quiénes participaron en dicha instancia, cuáles fueron los planteos de ambas partes, si en algún momento los demandantes plantearon algún monto específico de reclamo, cuál sería ese monto, e información sobre la demanda arbitral presentada en contra del Estado uruguayo”.
Carrera sostuvo que “el próximo gobierno deberá cambiar la pisada” en este asunto y “plantear una estrategia de defensa absoluta de los intereses nacionales”. En lugar de “ceder a los intereses de las multinacionales”, como hizo “este gobierno de manera sistemática”, la próxima administración tendrá que “retomar la misma política que desarrollamos durante los gobiernos del Frente Amplio”, afirmó.
Consultado sobre la posición del actual gobierno frente a los anuncios de arbitrajes internacionales, el senador del FA consideró que “la reacción del gobierno es la típica de alguien que quiere minimizar un problema de una gravedad extrema”. “Tal vez actúen de esa forma porque será la próxima administración la que deba lidiar con este asunto, [pero] al menos deberían empezar a hacer un mea culpa y aceptar que fueron ellos quienes llevaron al Estado uruguayo a tener que enfrentar un arbitraje internacional ahora contra dos empresas, por tratar de evitar uno [contra Katoen Natie] que a nuestro criterio era ganable”, manifestó.
“No hay ningún problema”, aseguró Bianchi
A fines del año pasado, tras el archivo de la denuncia presentada por Carrera y Bergara, el entonces prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés afirmó en conferencia de prensa que la coalición de gobierno “heredó” una “situación ilegítima” en las áreas públicas del puerto de Montevideo, “donde se estaban dando permisos precarios y renovables por períodos cortos de tiempo por fuera de la ley de puertos”. Frente a eso, sostuvo que el actual gobierno tomó “determinadas medidas administrativas y de reorganización” y dijo que se sienten “tranquilos” con lo hecho.
En 2017, en el último gobierno del FA, Katoen Natie denunció un supuesto uso irregular de los muelles públicos por parte de Montecon y acusó a la ANP de otorgar de manera irregular ventajas y permisos a Montecon. En 2020 anunció que demandaría al Estado uruguayo por 1.500 millones de dólares.
Este número fue recordado en marzo de 2021, cuando, ya arreglado el acuerdo con Katoen Natie, el presidente, Luis Lacalle Pou, afirmó en el Parlamento: “Nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente por 1.500 millones de dólares en TCP, y tras un arduo trabajo del gobierno se cerró un acuerdo con Katoen Natie, que no sólo desiste del juicio, sino que se compromete a invertir en el puerto 460 millones de dólares”.
En diálogo con la diaria, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi aseguró que el acuerdo alcanzado con Katoen Natie “es absolutamente positivo”, algo que “queda claro con las inversiones que está haciendo en el puerto”.
Acerca de los arbitrajes internacionales que iniciaron los dos accionistas de Montecon, la senadora del PN sostuvo que “no hay ningún problema”, porque “los estados son soberanos”. A su entender, este tipo de reclamo era algo esperable. “Que hagan lo que quieran”, manifestó.
Según Bianchi, a partir del contrato firmado entre el gobierno uruguayo y la multinacional belga, a Montecon “se le acabó el curro”, porque “ya se sabe que Montecon estaba acomodada con el Frente”. “Eso es así. Todos lo saben, hasta en la oposición, [pero] no lo dicen”, expresó.