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Pablo Iturralde (archivo, agosto de 2020).

Foto: Ernesto Ryan

Tras la expulsión de Romina Celeste, el PN espera que la Justicia “escarbe a fondo” para determinar si hay “otras personas” involucradas

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El precandidato Jorge Gandini consideró que luego de estos hechos se debe “revisar” la ley de violencia basada en género.

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Sobre el mediodía de este lunes el directorio del Partido Nacional (PN) confirmó a través de un comunicado la expulsión de Romina Celeste Papasso, luego de que saliera a la luz que tuvo un papel clave en la denuncia falsa contra el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi. Previamente, la militante nacionalista se comunicó en la noche del domingo con el presidente del directorio del partido, Pablo Iturralde, y a través de un mensaje de Whatsapp le confirmó su desvinculación de la fuerza política.

Sin embargo, luego de que la Comisión de Asuntos Políticos del PN elevara al directorio un informe sobre el tema, se entendió que para hacer efectivo este proceso son necesarias “determinadas formalidades”. Según dijo Iturralde en rueda de prensa, la expulsión llega porque, más allá de que se trata de un partido de “compatriotas libres”, en este caso los elementos ya se encuentran “arriba de la mesa” como consecuencia de la propia confesión de Papasso. Es justamente por esto que, según explicó, no fue necesaria la actuación de la Comisión de Ética.

“Creo que ya tuvimos suficiente paciencia”, reflexionó el presidente de la fuerza política luego de recordar otros hechos en los que participó la militante nacionalista. En ese sentido, agregó que como partido se espera que la Justicia “escarbe a fondo” para determinar si hay “otras personas” involucradas en la denuncia. “Nosotros entendemos que esto es malísimo para el país, es malísimo para el sistema político y también malísimo para el Partido Nacional”, concluyó.

En ese sentido, Iturralde apuntó que no cree que “el sistema político esté involucrado”, aunque reconoció que se debe investigar. Desde el punto de vista legal, afirmó que en lo sucedido se incurre “no solamente en la simulación del delito”, sino también en “difamación e injurias”.

Por su parte, el precandidato nacionalista Jorge Gandini, quien también forma parte de la Comisión de Asuntos Políticos del directorio blanco, dijo a la diaria que es necesario actuar con “firmeza y contundencia” para que este tipo de hechos “no se hagan costumbre en la política del país”.

“Autoridad moral”

Consultado sobre si Papasso sería candidata a diputada en las próximas elecciones internas, Iturralde confirmó que ella misma le había expresado que no presentaría lista, pero que más adelante quizás valoraría la posibilidad. Sobre la responsabilidad del PN al tenerla en sus filas, el dirigente nacionalista explicó que la colectividad cuenta con “muchas agrupaciones” y que no puede encargarse de “garantizar” quién está al frente de estas. En esa línea, agregó que la única herramienta que se tiene es actuar en consecuencia y tomar medidas, como en este caso.

Iturralde, sin embargo, planteó la posibilidad de repensar la forma de ingreso de los dirigentes del partido. En esa línea, agregó que es algo que se plantea “hace muchos años”. Remarcó que se trata de un debate que “no se puede hacer a la carrera” ni tampoco “en medio de una campaña”.

Gandini, en tanto, afirmó que entiende que no hay “mecanismos” para controlar el ingreso al partido. Desde su perspectiva, la única herramienta para combatir este tipo de actitud es “reaccionar con severidad” para tener “autoridad moral”.

La ley de género en discusión

Iturralde expresó que la implicación de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género en este tipo de hechos es algo que se deberá “considerar”, dado que entiende que genera “un camino” para episodios de “enchastre” o donde se interpongan “intereses económicos”. Gandini, por su parte, remarcó que superada esta instancia de debate público se debe “revisar la legislación vigente”.

El senador apuntó que se debe trabajar para que “no haya abusos o desvíos” en la aplicación de la Ley 19.580. En ese sentido, agregó que en el Parlamento hay un informe de la Universidad de la República que contiene elementos “contundentes” sobre cómo se procede en torno a la mencionada legislación, los cuales llevan a plantearse la necesidad de “revisar” su texto.

Según supo la diaria, el mencionado documento parte de un convenio de la Facultad de Derecho con la Cámara de Diputados con el que se busca la “evaluación del impacto de leyes aprobadas”. La Ley 19.580 fue la primera puesta en estudio y los resultados del análisis de su aplicación llegaron a fines de 2023 al entonces presidente de la cámara, Sebastián Andújar. Hace una semana el informe está en manos de Ana Olivera, presidenta de la actual legislatura, y se espera que esto sea tratado en las próximas semanas.

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