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Manifestación del PIT-CNT, a 50 años de la Huelga General (archivo, junio de 2023).

Foto: Rodrigo Viera Amaral

PIT-CNT define este jueves si realiza paro y movilización el 27 de junio

2 minutos de lectura
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Algunos delegados de la Mesa Representativa ya tienen definida su postura respecto de las medidas que se deben tomar ante el seguimiento a Marcelo Abdala.

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Leído por Andrés Alba.
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El próximo 27 de junio se cumplen 51 años del golpe de Estado de 1973 y, por tanto, también se cumplen 51 años de la huelga general convocada por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en resistencia al escenario antidemocrático. En este aniversario, el PIT-CNT evalúa conmemorarla con un paro general parcial y una movilización, algo que resolverá la Mesa Representativa este jueves.

Daniel Diverio, representante del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en la mesa, confirmó a la diaria que en el Secretariado de la central sindical hay consenso sobre los puntos que abarcaría la movilización, entre otros, el seguimiento a Marcelo Abdala por parte del excustodio de Presidencia Alejandro Astesiano, del cual estaba al tanto el presidente Luis Lacalle Pou](https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2024/6/caso-astesiano-lacalle-pou-estuvo-al-tanto-de-operativo-policial-para-vincular-al-presidente-del-pit-cnt-con-una-boca-de-venta-de-droga/), pero que resta saldar diferencias “estratégicas” en cuanto a si es el momento de convocar a una medida de paro.

Fernando Gambera, representante de AEBU, entiende que desde el punto de vista “instrumental” sería más propicia una movilización sin paro. “Me parece que estaban mejor las condiciones como para generar una actividad más inclusiva, más grande, sumar al resto de la sociedad”, evaluó Gambera. “El tema del cuidado de la institucionalidad, del respeto a lo que representa un presidente del movimiento sindical, tiene que ver con la calidad de la democracia y me parece que trasciende al PIT-CNT, y un paro es propio del PIT-CNT”, agregó Gambera.

“Creo que es absolutamente insoslayable que el movimiento sindical reclame una investigación hasta las últimas consecuencias, porque no es un tema menor si se está violando el artículo 22 de la Constitución”, apuntó, por su parte, Sergio Sommaruga, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), en referencia a lo sucedido con Abdala. “Las libertades públicas son las que están en entredicho ahora, entonces no puede haber medias tintas”, agregó en diálogo con la diaria.

Sommaruga aclaró que cree que se debe pedir que Fiscalía “genere las condiciones para que los chats que vinculan a Astesiano y al presidente sean investigados para dilucidar si había consentimiento” de parte de Lacalle Pou. Subrayó que eso es lo que falta para pasar de “indicios razonables a la evidencia”.

“Lo que pasó con Abdala, más allá de que fue particular, tiene encubierto un escenario de ataques al movimiento sindical. No es solamente la represión que se le dio a los compañeros de la pesca”, manifestó, por su parte, Diverio. Para el dirigente del Sunca, el seguimiento a Abdala tenía como objetivo “desprestigiar a la central sindical”, por lo cual entiende que es parte de la “denuncia” que se debe hacer.

El consenso en los planteos

“La crítica al proceso de pérdida de garantías y de ejercicio de las libertades públicas en función del uso abusivo del poder del Estado, tanto en temas de corrupción, como en temas asociados a la persecución a la prensa, opositores y al propio movimiento sindical” sería uno de los ejes a poner sobre la mesa de cara al 27 de junio, indicó Sommaruga.

El dirigente detalló que otro de los ejes tendrá que ver con el reclamo de “memoria, verdad y justicia”. En específico, en la denuncia por “el incremento del discurso y de las prácticas gubernamentales asociadas al negacionismo”. En esa línea, puso el ejemplo del director general de UTU, Juan Pereyra, ante la colocación de una placa en la UTU de Malvín Norte o la eliminación del concepto de “terrorismo de Estado” de los libros de Historia en Secundaria.

Por último, Sommaruga señaló que existe consenso en cuanto a llevar adelante un planteo vinculado a la política económica desplegada por el actual gobierno. “Ha profundizado, con mucha evidencia empírica, la desigualdad social y las consecuencias desintegradoras que tiene en materia de convivencia colectiva y ejercicio de derechos”, apuntó.

Por su parte, Diverio apuntó a la necesidad de poner sobre la mesa la situación que atraviesan algunos sectores, como el de la bebida, la industria metalúrgica, la construcción y la pesca. “Son varias situaciones que vamos viendo en un escenario complejo, de muchas desregulaciones, de precarización y falta de controles del Estado”, enfatizó.

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