Este jueves, en La mañana de la diaria, el doctor en Ciencia Política Julián González Guyer y el criminólogo Nicolás Trajtenberg analizaron la iniciativa del gobierno para patrullar algunos barrios de Montevideo con los vehículos blindados Mamba MK7 que Estados Unidos donó al Ejército Nacional.
Guyer dijo que originalmente se fabricaron para ser utilizados en “escenarios de conflictos realmente graves” y resisten explosiones, una situación que “está bastante lejos de lo que ocurre realmente en un barrio, por más complicado que sea, de Montevideo, y parece un instrumento un poco exagerado”. Consideró que “se abre una rendija de una puerta que en principio estaba cerrada”, representada por la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el combate al crimen, y dijo que el peligro es que “marca una posible tendencia” respecto a que “gradualmente se vayan involucrando cada vez más las fuerzas militares en tareas de seguridad pública”.
Ejemplificó que la Prefectura Nacional Naval de la Armada Nacional ya cuenta con tareas de seguridad interna, lo que incluye una formación diferenciada, pero en el Ejército Nacional los oficiales “no están formados para eso y menos aún su tropa, que tiene una formación mínima”. Las FFAA se forman para “ejercer los máximos niveles de violencia no graduada”, sostuvo.
Algunos actores políticos reparan en que la donación tenía como objetivo específico las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, Guyer reafirmó que son despliegues voluntarios sin “una cuestión tan taxativa”, por lo que en todo caso la autorización debería llegar desde Estados Unidos: “Quizás [Donald] Trump no haga muchos problemas porque estaría encantado de involucrar a los militares en tareas de orden público, que es lo que él está forzando en toda la región”.
Consultado por el sustento normativo en el caso de que efectivamente se decida convocar militares, Guyer referenció el artículo 20 de la Ley Marco de Defensa Nacional y el 24 de la Ley Orgánica Militar. “Allí se incluye esta idea de habilitar al gobierno, sin mayores restricciones ni límites, a solicitar a las FFAA el cumplimiento de misiones por fuera de su misión fundamental –que es la defensa nacional frente a un posible ataque exterior–, siempre y cuando esa misión no limite la capacidad de las FFAA de cumplir con su misión fundamental”, indicó.
En ese sentido, “legalmente no habría inconvenientes”. Sin embargo, también es necesario analizar “lo que puede implicar para el personal” militar que participa en tareas policiales –al momento de defenderse de un ataque, por ejemplo–, aunque “aparentemente esto también estaría contemplado a través de alguna de las leyes que integraron la LUC” y permitiría considerarlo “legítima defensa”. En contraposición, que concurran desarmados “multiplica el riesgo del personal”.
Finalmente, están los lazos interinstitucionales en el marco de una “relación complicada”. En 1971 y después de la fuga tupamara de la cárcel de Punta Carretas, Jorge Pacheco Areco emitió el decreto que encomendó la lucha antisubversiva a las FFAA y los policías “terminaron subordinados”, algo que “no fue de mucho agrado” y generó un “recelo”. Además, dijo que las FFAA consideran la Policía como una “institución de nivel inferior” y un ejemplo son las polémicas que disparó el nombramiento del comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo, quien proviene de la Prefectura.
“No existe mucha evidencia” positiva de involucrar militares en la seguridad pública
Trajtenberg advirtió que “todavía es muy temprano para saber exactamente en qué va a terminar todo esto”, pero apuntó hacia dos posibles escenarios. Uno es que sea un “cambio contundente” y que “realmente se piense en desplegar equipamiento militar, incluso personal, y que tenga un rol más relevante”, y otro es que quede como un “esfuerzo puntual para ciertos operativos específicos”.
Dijo que “no existe mucha evidencia que demuestre que hacer operativos con un rol de los militares ayuda a reducir ni el delito ni la violencia, ni siquiera la percepción de seguridad de la gente, e incluso en algunos casos puede generar efectos imprevistos de aumento del delito”. “Si se va a vender como una especie de punto de inflexión o como un gran caballito de batalla de cómo resolver el problema del delito organizado y violencia, no soy muy optimista”, afirmó.
“Si esto tiene ciertos objetivos, que expliciten bien los resultados que esperan lograr y que lo hagan con una evaluación que permita a la ciudadanía saber qué es lo que va a ocurrir”, apuntó, y exhortó a informar a la población.
Desde el punto de vista político, dijo que “es razonable” que un ciudadano conservador concluya que durante años se criticó a su fuerza política por planteos similares y “ahora vienen con esto”, lo que también aplica a cuestionamientos del progresismo por apostar a esa corriente ya que lo “convencieron de que el otro camino no era el adecuado y ahora están proponiendo algo que tal vez no sea exactamente lo mismo”, pero que “va en la línea”.
En ese sentido, puntualizó que es necesario “tomar a la ciudadanía como adultos responsables” y explicar claramente los motivos de la decisión. De no ocurrir, valoró que es “razonable que desde ambos lados haya perplejidad y no se entienda el rumbo”, además de considerar que tras el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad Pública quedó “una especie de vacío” y no está claro “qué está pasando con ese plan, cómo están avanzando y qué obstáculos están encontrando”.