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José Lorenzo López.

Foto: Ernesto Ryan

Ante muerte de adolescente que era víctima de explotación sexual en Rivera, sindicato del INAU expresó que “el Estado debe hacerse cargo”

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Tenía 16 años, estaba embarazada y bajo el amparo del organismo, a donde había ingresado en julio de 2023 por disposición de la Justicia.

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El sindicato de trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Suinau) emitió un comunicado para expresar su posición ante la muerte de una adolescente que estaba embarazada y que, por orden de la Justicia, se encontraba bajo amparo del INAU, en el departamento de Rivera. Según informó Informativo Sarandí el martes, la adolescente de 16 años era víctima de explotación sexual en el marco de salidas no acordadas, y falleció el 8 de mayo después de que se le realizara una cesárea ante un parto prematuro.

El presidente del sindicato, José Lorenzo López, dijo este miércoles a la diaria que “la situación de crisis en los centros de protección integral de 24 horas la venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y lamentablemente esto es como la crónica de una muerte anunciada, ya que la situación era y es muy compleja”. Aclaró que si bien la muerte se registró en mayo, “ahora lo que se confirmó es que la menor era víctima de explotación sexual”.

Agregó que en ocasiones anteriores el sindicato, tanto en Montevideo como en el interior del país, ha denunciado situaciones de adolescentes “que se van sin autorización, y no hay manera de retenerlas, y es que el propio Código de la Niñez el que así lo prohíbe”. El dirigente acotó que “cuando se van, todo indica que puede haber una presunta explotación sexual, porque luego, cuando regresan, cuentan con dinero u objetos que se han comprado”.

Hechos de estas características, señaló, se vinculan a la falta de recursos humanos en diversos sectores y especialidades que permitan abordar las problemáticas en los centros de atención. El referente sindical expresó que esta situación “tuvo un desenlace muy doloroso” y que, más allá del esfuerzo que hacen los trabajadores, “el consumo, más casos de enfermedad mental, explotación sexual y otros temas”, desembocan en casos así.

Suinau: “El Estado debe hacerse cargo”

Dada la gravedad de los hechos, el sindicato consideró pertinente hacer algunas puntualizaciones. La gremial expresa que “las demandas y reclamos que hemos hecho a nivel intrainstitucional, y también en ámbitos parlamentarios, pretenden mostrar que el nivel de atención específica que se da a la población institucionalizada tiene relación directa con la falta de personal”.

En ese sentido, la nota advierte sobre “la falta de edificios apropiados y la imposibilidad de llevar adelante propuestas específicas, para dar respuestas efectivas a situaciones cada vez más complejas”. “El Estado uruguayo debe hacerse cargo para que esta vida que se perdió sea la última y para que las cientos de vidas que están en riesgo dejen de estarlo”.

Desde el Suinau indican que el aumento de la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes (NNA) se reporta anualmente en los informes de gestión del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia y que “se conoce a diario por parte de compañeros que trabajan en la atención directa, en la modalidad de residencia y en el acompañamiento de los NNA y sus familias, cuando vuelven a su contexto familiar”.

El sindicato sostiene que “es casi una obviedad decir que trabajar con casos de violencia sexual, abuso y explotación supone un plus para el que hay que estar preparados”, y que al tratar con una población en esas situaciones se requieren equipos técnicos reforzados y una capacidad de respuesta “no sólo del INAU, sino también de otras instituciones, como las que tienen que ver con la educación, salud, seguridad y vivienda”.

“Cuando los trabajadores organizados plantean en ámbitos institucionales correspondientes las condiciones en las que se trabaja en los servicios de protección de 24 horas, no lo hacen únicamente por un interés de mejorar la situación laboral de sus representados”, expresa el gremio.

“Como Estado, estamos lejos de llegar a niveles mínimos de satisfacción si se quiere proteger y restaurar los derechos vulnerados de estas adolescentes, que sufren las peores de las violencias en sus cuerpos y en sus psiquis”, concluye el comunicado.

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