Luego de varios intentos en anteriores legislaturas, y tras haberse presentado en la actual dos proyectos de ley al respecto en la Comisión de Constitución -uno por parte del Frente Amplio (FA) y otro de Cabildo Abierto-, este miércoles el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que condena el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
La iniciativa, que consta de un artículo único, pasará a la Cámara de Representantes, donde se espera que sea aprobada antes del final de la legislatura. Según destacó el legislador del FA Eduardo Brenta, miembro informante, este proyecto sustitutivo es “una elaboración conjunta” de las distintas bancadas “que da una señal política importante al conjunto de la ciudadanía uruguaya en lo que tiene que ver con la transparencia en la gestión y la ética pública”.
Se encuentran comprendidos en el proyecto aquellos “funcionarios públicos con la obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos”. El texto establece que se penalizará aquella actuación que “para beneficio propio o de terceros” -durante “el ejercicio de su cargo” o incluso “hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”- permite la obtención indebida de “un incremento patrimonial significativo e injustificado con relación a sus ingresos legítimos”.
En estos casos el funcionario “será sancionado con una pena de 18 meses a seis años de penitenciaría” y, además, con una “multa de 50 unidades reajustables a 15.000 unidades reajustables e inhabilitación de dos a cinco años” para ejercer funciones.
En este sentido, Brenta recordó que Uruguay ratificó en noviembre de 2006 la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Más allá de que no es vinculante, el senador destacó que se entiende que este nuevo proyecto “va en consonancia con los más altos estándares internacionales” que allí se plantean. Fundamentalmente, teniendo un “enriquecimiento personal ilícito” que puede “ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley”.
“Con este proyecto se apunta al incremento patrimonial que se obtiene a través del uso del poder que presupone la gestión pública. Es una situación que a veces no es tan evidente, pero que debe ser considerada por el derecho penal porque muchas veces es ahí donde ocurren los casos de corrupción”, apuntó el legislador frenteamplista.
“Se debe buscar entonces penalizar esta conducta que constituye verdadero vacío en el derecho penal uruguayo, sin ignorar igualmente que en nuestro derecho positivo ya contamos con ciertas figuras delictivas que se encuentran vinculadas de manera directa”, recordó Brenta. En este caso, debe tenerse en cuenta delitos ya existentes como el de enriquecimiento patrimonial, que es un agravante en varios de los delitos contra la administración pública.
Brenta detalló que los senadores firmantes de la iniciativa -integrantes de la Comisión de Constitución- se comprometen a “trabajar” con los representantes de sus respectivos partidos “a los efectos de lograr que antes del 15 de setiembre” se lleve adelante la aprobación definitiva en la cámara baja.
“Es un proyecto que recoge dos vertientes”
La senadora Graciela Bianchi, quien también integra la Comisión de Constitución, dijo que “es un proyecto que recoge dos vertientes”. En concreto, hizo referencia a que, por un lado, se tuvo en cuenta las sugerencias realizadas por el Instituto de Derecho Penal y, por el otro, los comentarios realizados por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), en nombre de su secretario Jorge Chediak.
Según detalló la legisladora, el instituto puntualizó que “el enriquecimiento ilícito no debe ser un delito autónomo”, sino que debe contemplar “delitos precedentes”. Por otra parte, desde la Senaclaft se indicó la necesidad de contar en esta materia, de forma explícita, con una norma de derecho positivo. En referencia a los proyectos presentados por el FA y CA, Bianchi recordó que no tenían discrepancias en “materia regular”, pero sí a nivel de lo técnico, cuestión que se zanjó con la intervención de la academia y de la mencionada secretaría nacional.
El senador cabildante Guillermo Domenech, en tanto, reivindicó “la honradez de la política nacional”, aunque destacó la preocupación nacional e internacional por “consagrar este tipo de ilícito”. En ese sentido, si bien admitió no compartir las “observaciones” realizadas en comisión a los proyectos originales, las aceptó con “ánimo de que se apruebe una legislación específica sobre el tema”.
“No soy partidario de lo que se ha denominado como la inflación penal, hay que reconocer que hay delitos consagrados en nuestra legislación -el cohecho y el fraude, por ejemplo- que también tutelan el interés público, pero en aras de consagrar un ilícito que claramente castigue a quienes corruptamente se benefician del ejercicio de la acción pública, nosotros vamos a votar afirmativamente este proyecto”, reflexionó Domenech.