El 11 de diciembre, el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó a la Asociación Civil Casa Ambiental que rescindía su convenio para la gestión de un centro juvenil en Castillos, Rocha, para adjudicarlo a otra organización. Los trabajadores denuncian que la decisión es “arbitraria e injustificada” y exigen “una fundamentación objetiva, basada en argumentos constatables”.
El INAU argumenta que la gestión presentó debilidades que imposibilitaron el vínculo y que existió “exposición de los adolescentes a la vulneración de sus derechos”.
Casa Ambiental mantiene desde 2013 un convenio con el instituto para la gestión del CAIF Rayuela. En junio de 2023 se le adjudicó la gestión del proyecto de atención integral de tiempo parcial para adolescentes de 12 a 17 años y 11 meses. El equipo de trabajo, compuesto por 13 personas, comenzó en agosto y el centro abrió en noviembre. El contrato debía renovarse en junio de 2024, pero se extendió hasta diciembre por falta de la evaluación necesaria a cargo del INAU. Tras la rescisión, se amplió el plazo hasta enero de 2025 para permitir el goce de las licencias reglamentarias de los trabajadores.
La rescisión del convenio “no tenía causa”, afirmó la directora del INAU por el FA
La resolución afirma que el Programa Adolescencia hizo una evaluación conjunta con la Dirección Departamental de Rocha, de la que surgió que la asociación civil “ha tenido observaciones desde el inicio de la gestión, lo que generó la aplicación de las debidas sanciones”. Hasta la fecha, los trabajadores del centro no han accedido al informe de evaluación realizado por el INAU.
La directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, subrayó que dicho informe “destaca específicamente que no hay nada que genere vulneración de derechos”, al contrario de lo que se expresa en la resolución.
Argenzio considera que la baja del convenio es injustificada, ya que “los argumentos que se presentaron en el expediente son subsanables en cuanto a lo que es el acompañamiento para la mejora de gestión”. Ante esto, la jerarca presentó un expediente para solicitar dejar sin efecto la decisión, “pero lamentablemente el oficialismo la ratificó”, afirmó.
En la actualidad, el centro brinda atención a 50 jóvenes y sus familias. Aproximadamente 30 asisten a diario, siete en acompañamiento y de los 13 restantes “se tiene conocimiento de sus situaciones, con intervenciones por parte del equipo técnico”, afirman en un comunicado los trabajadores. Sin embargo, la resolución afirma que “la asistencia de los sujetos de derecho constatada presencialmente es baja y en el trabajo se observa falta de material, escasa educación en relación al cuidado de los mismos, falta de organización”.
Asignación directa a Cooperativa Olas del Este
En diálogo con la diaria, Laura Cardoso, coordinadora del centro juvenil, contó que en la reunión en la que el INAU les notificó de la revocación estuvo presente la directora departamental del INAU en Rocha, Rosana Rodríguez, quien asumió el cargo en agosto, tras la separación del cargo de su antecesora, Élida Bentancor, denunciada por actitudes violentas, acoso y maltrato a los funcionarios. Además, participaron la asistente técnico-territorial del departamento, Antonia Méndez, y Maycol Cardoso, del área financiero-contable.
En ese encuentro los representantes del centro y su abogada solicitaron explicaciones. Méndez mencionó una baranda que instalaron sin autorización, pero Cardoso ratificó que la observación fue levantada porque “estaba mal hecha”, dijo la coordinadora del centro, ya que se basaba en un artículo erróneo del reglamento. También se enteraron allí de la decisión del INAU de suscribir el mismo convenio con la cooperativa Olas del Este, “por el plazo de un año o hasta la adjudicación de un nuevo llamado público y abierto”, según establece la resolución.
Argenzio señaló que se dejó sin efecto la gestión de una organización social que ganó un llamado a concurso y, en su lugar, se efectuó “un nombramiento, una designación directa a una cooperativa que fue nombrada por la exdirectora departamental de Rocha [Bentancor]” en el expediente que fundamenta la resolución.
La rescisión del contrato se propuso en junio y fue presentada al directorio en noviembre, según la jerarca. Cardoso explicó que en junio un representante de Olas del Este contactó a un trabajador de Casa Ambiental para ofrecerle la coordinación del centro juvenil de Castillos. El trabajador le informó que ya había una organización encargada, a lo que el representante de la cooperativa respondió que sabía que no renovarían el contrato de Casa Ambiental. En una carta dirigida al directorio del INAU, los trabajadores solicitan aclarar cómo Olas del Este obtuvo información sobre el centro, entre otras cosas, la plantilla de trabajadores, planificación y actas de reuniones.
En una simple búsqueda en internet no es posible encontrar información referida al trabajo previo de la cooperativa signataria del convenio. El 12 de diciembre publicaron por primera vez en la cuenta de Instagram @olasdeleste_coop una imagen que dice: “Aviso. Estamos llegando”, con la ubicación de Castillos.
Observación en torno a permisos de salida
El Reglamento General de Convenios del INAU establece en su artículo 45 las sanciones aplicables: observación, apercibimiento, pago del 90% de la subvención correspondiente a la partida del mes siguiente a la sanción, retención total de la subvención, pérdida del derecho de liquidación y cobro de la subvención hasta tanto cese la irregularidad o, finalmente, rescisión del convenio.
Cardoso señaló que las únicas observaciones notificadas se debieron a los permisos de los representantes para las salidas didácticas de los adolescentes. El 7 de junio, el INAU les comunicó por escrito que tenían una observación por no contar con esos permisos y un apercibimiento por usar fotos de los adolescentes en la página de Casa Ambiental sin autorización para el uso de imagen. Sin embargo, Cardoso aseguró que los permisos estaban en regla desde el momento de la inscripción.
En mayo del año pasado recibieron la visita de Méndez junto a una funcionaria del área programática del INAU, Verónica Arias. En ese encuentro, según Cardoso, les mostraron “todos los permisos; ellos sabían [que los permisos estaban], e igual hicieron esa observación”.
La asociación resolvió presentar un recurso por intermedio de su abogada, al que sumaron “todos los permisos” escaneados. El 14 de junio enviaron todo y unos días después el instituto les solicitó que lo llevaran en papel. “Los imprimimos todos y tenemos la fecha de recibo de todos los permisos, en tiempo y forma; los presentamos el 26 de junio”, sostuvo Cardoso. Sin embargo, afirman, no obtuvieron respuesta.
Falta de capacitaciones advertidas por Casa Ambiental
Los trabajadores de Casa Ambiental reclaman que desde la apertura del centro enfrentaron dificultades en la comunicación con la dirección departamental, así como falta de capacitaciones administrativas en el manejo de Sistema de Información para la Infancia (SIPI) del INAU.
Cardoso afirmó que el INAU falló en brindarles una capacitación específica del manejo del SIPI para centros juveniles, lo que los obligó a comunicarse con coordinadores de centros de otras organizaciones para despejar dudas, ya que el sistema les devolvía alertas derivadas de un error en la carga de la información.
Según Cardoso, en la visita que les hicieron en mayo, las autoridades dejaron “asentado las preguntas que estábamos realizando por la falta de capacitación” y aseguraron que las alertas no supondrían una sanción económica. Sin embargo, en junio, “cuando nos pagaron la partida de mayo, vino un descuento de 99.000 pesos”, afirmó.
Ante el reclamo, asistieron a una reunión virtual con la directora del Programa Adolescencia, Alicia Trillo, las encargadas del SIPI a nivel nacional y departamental y quienes los habían visitado en mayo. De acuerdo con Cardoso, en ese encuentro las autoridades afirmaron que era “evidente” que no habían tenido la capacitación suficiente y resolvieron agendarla. Desde la instrucción no hubo “más problemas en el sistema informático”, sostuvo la coordinadora del centro.
Programa Adolescencia
Argenzio señaló que “la situación del Programa Adolescencia ha sido muy preocupante” y que ha primado el carácter punitivo. La jerarca indicó que ante casos de baja asistencia de adolescentes a los centros juveniles, “siempre se respondía con la propuesta de rescindir o disminuir los cupos”.
Argenzio considera que esta es una actitud equivocada, ya que “la inasistencia debería considerarse un indicador de vulneración de derechos”, y lo que corresponde es “crear estrategias para acercarse a esos adolescentes, generar nuevas propuestas y buscar soluciones, pero nunca cerrar los espacios”.
La jerarca también se refirió al convenio del INAU con la cooperativa Uruguay Materna, que gestiona el proyecto Casa Anida, en Canelones, desde abril de 2023. La dirección de Programa Adolescencia propuso el pasado noviembre la revocación del proyecto que está destinado a acompañar la maternidad y paternidad de adolescentes, cuenta con el apoyo de la Intendencia de Canelones y es único en el interior del país.
Fernanda Carassus, integrante del equipo de Uruguay Materna, explicó que la decisión del instituto no se respaldó en “ningún tipo de argumento” y se tomó “sin aviso”. Tras presentar argumentos ante el directorio del INAU, lograron que se revirtiera la resolución, ya que son el único centro de referencia en la región para la maternidad y paternidad adolescentes.
Según Argenzio, es “una forma lamentable de operar del Programa Adolescencia, que parece centrarse siempre en recortar, cerrar y generar propuestas que realmente no abordan las necesidades de los adolescentes en los territorios”.
Consultada sobre cómo ha sido el relacionamiento con las autoridades del Programa Adolescencia, Carassus sostuvo que ha sido malo, con dificultades en la comunicación y negativas arbitrarias. Afirmó que tuvieron problemas desde el inicio en torno a que “nunca se avaló realmente la política de atención a adolescentes madres y padres con hijos”, y a partir de ahí han tenido dificultades con distintos niveles de supervisión del INAU.