El lunes, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa que el oficialismo estaba a la espera de “la opinión del resto de los partidos” políticos sobre la posible violación de la Consitución de la República por parte del senador colorado Andrés Ojeda, quien a fines de octubre solicitó, como abogado, el reexamen de una causa ante la Fiscalía General de la Nación. Ese día, la Mesa Política del FA había recibido dos informes distintos, uno de José Korzeniak y otro de Luis Fleitas, ambos constitucionalistas, que concluían que Ojeda cometió efectivamente una infracción.
El artículo 124 de la carta magna establece que los legisladores no pueden “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”, y marca como pena “la pérdida inmediata del cargo legislativo”. La Fiscalía es un servicio descentralizado desde 2015.
El martes, tras las declaraciones de Pereira, varios dirigentes de la oposición se manifestaron en contra de la sanción a Ojeda. Hubo declaraciones públicas en esa línea por parte de Graciela Bianchi (Partido Nacional), Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente), entre otros.
En entrevista con Desayunos informales, Pereira dijo este miércoles que “el Frente Amplio no tiene dentro de sus características que ningún senador pierda la banca por una decisión mayoritaria de la bancada del Frente Amplio”.
El presidente de la fuerza política señaló que los dos informes recibidos el lunes por la Mesa Política coinciden en que hubo una violación de la Constitución por parte de Ojeda, pero difieren en cuanto al mecanismo para ejecutar la pena prevista en la carta magna, esto es, la pérdida de la banca. Apuntó que, mientras Korzeniak sugiere la aprobación de una resolución (acto administrativo) en el Senado por mayoría simple, Fleitas “va por el lado del artículo 115 de la Constitución, que es generar dos tercios de la bancada de senadores”.
Con todo, Pereira sostuvo que la cuestión de fondo es determinar si Ojeda, “o cualquier otro abogado” que sea legislador, “puede hacer o no gestiones para terceros en organismos de servicios descentralizados”. “Si puede, no violó la Constitución. Pero hasta ahora no he sentido a ningún dirigente político decir 'puede'”, apuntó.
“Nosotros vamos a ir tomando el tema con serenidad”, resaltó el presidente del FA, y manifestó: “Lo que menos queremos es que Ojeda pierda su banca, [pero] lo que no queremos es que ningún político pueda, por su poder, hacer lo que quiera, lo que se le antoje, porque ese margen no lo tiene, la Constitución no se lo da”.
Pereira comentó en la entrevista de este miércoles que les ha pedido personalmente a varios dirigentes del Partido Colorado (PC) que le entreguen una copia del informe sobre este tema que, según ha trascendido, ha elaborado a pedido de Ojeda el constitucionalista Ruben Correa Freitas. Pereira señaló que se trata de “una opinión autorizada”, al margen de la pertenencia de Correa Freitas al PC.
“No quiero que haya un debate en el barro”, puntualizó el presidente del FA, y reiteró que la próxima semana mantendrá una reunión con la bancada de senadores del oficialismo para analizar el tema, que, por otra parte, ya está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, a raíz de una denuncia presentada por un convencional del PC.