Aunque rechazó el término “salvataje”, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció este miércoles en una rueda de prensa que el Estado evalúa brindar asistencia financiera a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). “Yo, como responsable del Estado, quiero poner la menor cantidad de dinero posible, porque ese dinero que tengo que poner allí no lo puedo afectar a otras prioridades que son muy relevantes para el país, pero al mismo tiempo entendemos que esto es una negociación que está abierta”, manifestó.
Asimismo, Oddone señaló que, si bien “va a haber cosas diferentes”, los “cambios” que propondrá el Poder Ejecutivo para la CJPPU “no son sustancialmente distintos a lo que estaba contenido en la ley”, en referencia a la reforma impulsada por el anterior gobierno, que fue rechazada en el Parlamento en 2023 y que establecía, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación, un nuevo impuesto para los profesionales jubilados y “transferencias” desde Rentas Generales hacia la caja paraestatal. Pero Oddone no dio mayores detalles al respecto: “Preferiría ser cuidadoso en adelantar cosas que se están discutiendo”.
El Poder Ejecutivo ya le había transmitido a la CJPPU que otorgará un aporte financiero en el corto plazo. Así lo señaló el director Fernando Rodríguez Sanguinetti en una de las últimas sesiones del directorio, tras reunirse con el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico: “Me manifestó que el Estado tendrá que aportar dinero y que él está escuchando todas las posiciones sobre la caja”, contó Rodríguez Sanguinetti, según consta en la versión taquigráfica.
En diálogo con la diaria, Di Doménico señaló que la CJPPU es actualmente un instituto de seguridad social “desequilibrado”, ya que “su estructura de ingresos no cubre su estructura de egresos”. Reiteró que para abordar la situación “tiene que haber una asistencia de shock”. “No podemos ir con medidas graduales en el tiempo, tienen que ser medidas de ajuste financiero de shock”, resaltó.
Acerca del tipo de aporte financiero que hará el Estado, ya sea una transferencia, un préstamo o una garantía soberana para un crédito bancario –como ocurrió con la Caja Bancaria–, Di Doménico señaló que el instrumento “todavía no está definido”. “A priori, no descartamos ninguna alternativa de asistencia”, expresó; y mencionó que el gobierno aún está “actualizando la información financiera y actuarial que no teníamos”.
“Tenemos que ir viendo cómo construimos ese equilibrio para preservar el principio de solidaridad entre los afiliados a la caja, y ese equilibrio con la solidaridad implícita que surge de la sociedad que, a través de Rentas Generales, concurren a evitar un mal mayor”, manifestó el jerarca.
Di Doménico apuntó además que, por disposición constitucional, “el Estado tiene en última instancia la responsabilidad de toda la gestión de la seguridad social y también de las instituciones paraestatales, como es la Caja de Profesionales”.
Consultado al respecto, Rodríguez Sanguinetti dijo a la diaria que el Estado tiene la obligación de asistir financieramente a la CJPPU no sólo porque así lo establece la Constitución, sino porque “el Estado ha sido arte y parte en los problemas de la caja” por intermedio de los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio del organismo previsional. “No es ni una contribución, ni un salvataje, ni tampoco un ‘vamos a ver cuánto menos podemos poner’... Es una obligación del Estado”, subrayó.
Por otra parte, Rodríguez Sanguinetti advirtió sobre “lo que también se ha dicho que todos van a tener que contribuir”. “No entendemos bien a qué se refieren con ‘todos’, porque los jubilados de la caja ya aportan un promedio del 8% al IASS, que va al BPS y no a la caja, y a los activos ya se les aumentó los aportes un 12,12% en términos reales con el último incremento del 2% en los fictos, entonces, no sé a quién se refieren”, manifestó.
Profesionales Independientes: “No tenemos nada que agradecerle al Estado”
La asistencia financiera por parte del Estado ya había sido planteada por la Asociación de Afiliados a la CJPPU como una de las posibles medidas para atender la crisis del organismo previsional. El colectivo propuso, en concreto, la “obtención de un préstamo que cubra los primeros años hasta que las nuevas modificaciones permitan obtener ingresos que cubran el déficit”.
Diferente es la postura del grupo Profesionales Independientes. Uno de sus referentes, Sergio Bedrossian, dijo a la diaria que “de ninguna manera” el respaldo financiero debe ser mediante un préstamo. “El Estado tiene que dar una respuesta a la caja, pero no porque a Oddone se le ocurra, sino porque la Constitución obliga al Estado a hacerlo, y además en este caso el Estado es corresponsable de la creación de la crisis y de su agravamiento, y eso obliga mucho más al Estado a dar soluciones para la caja”, expresó.
Según Bedrossian, no se trata de “ninguna concesión”. “No tenemos nada que agradecerle al Estado. Sí les tenemos que agradecer a los ciudadanos uruguayos que pelearon por sus derechos para que el artículo 67 esté en la Constitución”, afirmó.
Por otra parte, con relación a eventuales aumentos en los aportes de los activos y los pasivos de la CJPPU, Bedrossian señaló que en 2023 “el propio Frente Amplio [FA] rechazó una ley exprés con una base argumental que consistió, entre otras cosas, en analizar el impacto negativo que podía tener un aumento de la tasa de aportación de los activos”.
La posición del FA en la última discusión
A diferencia de la de la Caja Bancaria, que fue aprobada por unanimidad, la reforma de la CJPPU promovida por el anterior gobierno fracasó en el Parlamento. Juntos, Cabildo Abierto y el FA bloquearon la iniciativa, que tampoco tenía el apoyo de los gremios profesionales.
En el momento de la votación, el entonces diputado frenteamplista Daniel Gerhard abogó por “una salida justa”, que no implique que “un actor ponga todo, como tampoco que lo pongan los jubilados ni los activos ni los profesionales”. Gerhard también señaló la importancia de “ser justos en un sentido más general”, porque, sostuvo, Rentas Generales “es un fondo al que aportan los que peor están en la sociedad, que proporcionalmente son los que más aportan”, lo cual “también es muy injusto”.
Por su parte, el diputado del FA Felipe Carballo –actualmente senador– cuestionó el acotado alcance de la reforma elaborada por el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. “Este proyecto no menciona nada acerca de los 103.000, 104.000, 105.000 o 106.000 profesionales que no están aportando a la caja”, algunos de los cuales “son trabajadores dependientes y otros no ganan lo suficiente como para estar en condiciones de pagar la caja”, señaló.
Carballo también mencionó algunas incongruencias que se dan, por ejemplo, con los timbres profesionales. “Un profesional que redacta un escrito para sacar a un trabajador del Clearing de Informes paga 2.500 pesos, y otro profesional que hace un juicio contra una tabacalera por 100.000 o 200.000 dólares también paga 2.500 pesos en timbres”, apuntó. “En algún momento tendremos que profundizar esta discusión acerca de cómo generamos determinados ámbitos para cambiar algunas reglas de juego”, agregó Carballo.