El empresario José García Costas resolvió dejar el consejo directivo del astillero español Cardama Shipyard, según informó el medio local Faro de Vigo. La salida de García Costas se da días después de que la empresa española decidiera entablar un arbitraje internacional en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, debido a la rescisión del contrato por parte del gobierno uruguayo, firmado por la anterior administración, para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional por un total de 82 millones de euros.
Esto último pesó en la decisión de García Costas, según reconoció el propio empresario en declaraciones a Faro de Vigo. Dijo que “no es un tema que se vaya a resolver fácil y rápido” y señaló que “aún hay problemas sobre cómo se va a enfocar” la estrategia.
Según informó el diario español, el movimiento fue publicado este lunes de forma oficial en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Allí se consigna la dimisión del empresario como consejero de Francisco Cardama SA, el nombre oficial de la empresa española.
De todos modos, el empresario puntualizó que mantendrá las participaciones que tiene en el astillero (es el segundo accionista, con aproximadamente el 40% de la compañía, por detrás de Mario Cardama). La salida del consejo de dirección “es lo mejor para mí y para el grupo”, afirmó García Costas.
Días atrás, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo a la diaria que en el gobierno uruguayo hay “mucha tranquilidad” con respecto a la decisión que tomó Cardama, ya que para el Poder Ejecutivo el tribunal internacional al que recurrió el astillero “no tiene jurisdicción” en este caso.
En el contrato, firmado el 15 de diciembre de 2023 por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, se establece que los diferendos que tengan las partes sobre “asuntos técnicos” se resolverán, en última instancia, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Para cualquier otro caso, en el contrato se establece que “las partes intervinientes en el presente contrato se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo, Uruguay, para la resolución de cuantos litigios y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato”.
En ese sentido, Díaz señaló que el gobierno uruguayo presentará próximamente una demanda por “daños y perjuicios” contra Cardama en tribunales civiles nacionales; también reclamará una indemnización y la “entrega de lo construido”, que todavía permanece en las aguas de Vigo.