El pasado 21 de octubre, a través de sus redes sociales, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) hizo pública una serie de placas que recordaban los 50 años de la Operación Morgan. “No pudieron con el Partido, no pudieron con el pueblo”, llevaba como título la presentación, en la que se detallaba que a partir de octubre de 1975 la dictadura cívico-militar uruguaya desplegó “una operación contra el movimiento popular y la izquierda”. Se puntualizaba que la estrategia represiva “tuvo como objetivo central desarticular” las estructuras organizativas, propagandistas y financieras del PCU y de la Unión de la Juventud Comunista.
En la difusión se recordaron distintos aspectos de la llamada Operación Morgan, entre ellos, la pretensión de “eliminar las finanzas de la fuerza política” mediante la identificación y el castigo de las personas que en aquella época “contribuían al partido”. Según recordó el PCU, esto implicó el robo de casas, vehículos, propiedades y dinero. Asimismo, se hizo mención a que en el comienzo de la operación de represión el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas condujo a los detenidos a los centros clandestinos del Servicio de Información de Defensa, donde “fueron interrogados y brutalmente golpeados”.
Sin embargo, al margen de esa publicación, no mucho más se escuchó sobre el tema en el sistema político. En ese sentido, la secretaria de Derechos Humanos del PCU, Graciela Montes de Oca, reconoció en diálogo con la diaria que el cumplimiento de los 50 años de la Operación Morgan “no estuvo en primera plana”. Para la militante social y dirigente comunista esto tuvo que ver con la atención que concitó, en referencia a ese mismo período histórico, el proceso vinculado al Plan Cóndor.
“Queremos darle, el próximo año, un estudio basado en documentación de lo que fue la Operación Morgan, que cumplió 50 años y no estuvo en primera plana porque estaba antes que eso el Plan Cóndor”, señaló Montes de Oca, quien remarcó que, en un sector político “nuevo en promedios de edades”, resulta importante “hacerles conocer” a los dirigentes más jóvenes “lo que fue la agresión del fascismo y los costos que hubo que pagar por nuestros ideales”.
Montes de Oca puntualizó que este proceso, en el que se buscará “producir materiales”, funcionará en paralelo a los homenajes de los mártires del PCU que se llevan a cabo habitualmente. Agregó que, si bien el trabajo de difusión del material se iniciará “internamente”, posteriormente se “bajará” a las distintas agrupaciones, para finalmente “darlo a conocer lo máximo posible hacia la sociedad”.
Las finanzas y el asesinato
En una investigación publicada por la diaria en 2021 se muestra la relevancia que tuvo en su momento la figura del dirigente comunista Eduardo Bleier, miembro del Comité Central y secretario nacional de finanzas del PCU. Allí se señala que Bleier, junto con el empresario industrial Bernardo Joffe, importaron para el PCU el modelo de financiamiento de los partidos comunistas de Italia y Francia, que, a su vez, luego fue imitado, aunque con matices, por los restantes partidos comunistas del Cono Sur.
Según se recuerda, una de las frases de Bleier era que “no puede quedar nada sin hacerse por falta de recursos”. Bajo esa consigna, en la investigación se detalla que desde la organización del PCU se ocuparon de generar una estructura de empresas y grandes aportantes, la mayoría industriales, como una forma de generar ingresos para el partido. Según se señala, algunos empresarios afines al PCU comenzaron sus negocios gracias a un aporte inicial del sector y, por ende, debían ceder un porcentaje de las ganancias. Asimismo, otras empresas dependían directamente del PCU y eran manejadas por intermedio de apoderados.
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En este escenario, el golpe más importante de la Operación Morgan contra la organización del PCU se dio entre octubre y diciembre de 1975. Durante esos meses cayeron detenidos los principales dirigentes comunistas, incluido Bleier, que se encontraba clandestino. Según distintos testimonios, fue secuestrado en la calle el 29 de octubre. Fue asesinado y sus restos desaparecidos hasta el 27 de agosto de 2019, cuando fueron hallados en el predio del Batallón 13 de Infantería. Su identificación se produjo el 7 de octubre de ese mismo año. Fue despedido en la sede de la Universidad de la República.