“La falta de inversión y de personal en UTE tiene consecuencias”, se lee en la primera línea del comunicado que divulgó este fin de semana la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE). Allí, el sindicato enumera una serie de “eventos de enorme impacto público” vinculados a la empresa estatal, los cuales no son “producto del azar ni de hechos excepcionales”, sino la “consecuencia directa” de la falta de recursos.
En el comunicado, AUTE mencionó la explosión e incendio en la subestación MVJ de Barrio Sur el pasado 7 de diciembre; el “aumento exponencial” de las fallas en la red eléctrica debido a la alta demanda en los últimos días del año pasado y los “severos daños” provocados por el ciclón extratropical del 10 de enero. Todo esto, se sostiene, forma parte de “una política sostenida de recortes, desinversión y vaciamiento de áreas clave de la empresa”.
Según el sindicato, los servicios fueron restablecidos “gracias al compromiso y al esfuerzo extraordinario de los trabajadores”, en jornadas “de hasta 16 horas diarias”, con personal “trasladándose desde distintos puntos del país para cubrir las zonas más afectadas” bajo “condiciones climáticas adversas y asumiendo riesgos”.
“Estos episodios generaron múltiples cortes de energía en todo el país, afectando a miles de usuarios y usuarias durante horas, exponiendo a la población a situaciones de riesgo eléctrico en la vía pública y perjudicando seriamente la actividad de comercios e industrias”, se resalta en el comunicado.
Para AUTE, estos hechos “no son una sorpresa”, sino una confirmación de las “advertencias” que los trabajadores realizan “de forma sistemática desde hace más de diez años”, las cuales “han sido sistemáticamente ignoradas”. El sindicato señala que “el incremento de las fallas y las demoras en la reposición del servicio no son responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras”, sino el resultado de “decisiones políticas y de gestión que priorizaron el ajuste por sobre la calidad y la seguridad del servicio”.
A modo de repaso, AUTE señaló que en 2018 y 2020 el sindicato advirtió sobre los “recortes presupuestales” y su impacto, que derivó en “falta de personal, menos obras, menos materiales, peores condiciones de trabajo”. Más adelante, en 2023, se denunció “la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de la plantilla, la falta de ingreso de personal y el avance de las tercerizaciones”, cuyas “consecuencias están a la vista”.
“Las maestrías en gestión, los indicadores forzados y las ganancias económicas a costo del desmantelamiento se derrumban y dejan en evidencia cómo las políticas de recortes presupuestales desmedidas impactan directamente en el funcionamiento de la empresa, las y los trabajadores y usuarios del servicio”, se agrega en el comunicado.
Bajo la premisa de que el acceso a la energía eléctrica es “un derecho”, AUTE exigió el cumplimiento de tres puntos: un “aumento real del presupuesto y de la inversión pública para renovar y fortalecer el sistema eléctrico”; una cantidad de recursos “que garanticen condiciones de trabajo seguras y adecuadas”; y “el ingreso inmediato de personal para cubrir la enorme cantidad de vacantes”. “Si no se cambia el rumbo, estos episodios no serán excepcionales, sino cada vez más frecuentes, y las consecuencias las seguirá pagando la población”, afirmó el sindicato.