La Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único de Portuarios y Ramas Afines (Supra) firmaron el 7 de octubre un nuevo convenio colectivo con vigencia de cinco años que dio fin a un conflicto laboral que duró varias semanas en la única terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. La situación había despertado preocupación en varios actores, entre ellos la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), que entonces emitió un comunicado en el que definía la situación como “insostenible”. Con ese problema en el pasado, la preocupación de algunas gremiales que integran la confederación no desaparece y se evalúa la posibilidad de expresar una posición en relación con la situación estructural de competitividad del puerto.
El 12 de noviembre en el LATU tendrá lugar una nueva asamblea de la CCE. Fuentes que estarán en la reunión confirmaron a la diaria que hay varios temas en agenda. Sin embargo, hay dos que se consideran centrales. Uno de ellos es la elección en el Banco de Previsión Social (BPS), tema ineludible por su peso coyuntural, teniendo en cuenta que se desarrollará el 22 de noviembre. El otro asunto será la competitividad en el puerto de Montevideo.
Según señaló a la diaria una fuente empresarial, la competitividad del servicio portuario de contenedores forma parte de una lista de “temas delicados” que se están “conversando” tanto a la interna de las gremiales como entre algunas de ellas. Más allá de que se llegue o no a alguna resolución en la asamblea, las fuentes consultadas apuntaron a que el tratamiento es “seguro” por tratarse de un tema que “interesa mucho”. Por lo pronto, un dirigente gremial apuntó que entiende que el “ambiente” estará conteste a manifestar una posición en relación con la necesidad de una segunda terminal, aunque reconoció que la dificultad para arribar a un consenso estará en la falta de información disponible y en la posibilidad de “inducir al error” al gobierno (esto último en relación con la situación contractual que mantiene el Estado uruguayo con la empresa Katoen Natie y cómo esta condiciona o no la instalación de una segunda terminal especializada). Esta discusión se ha puesto en agenda desde que la empresa Neltume Ports –socia mayoritaria de Montecon– le presentó al Poder Ejecutivo un proyecto para la construcción de una nueva terminal especializada mediante una inversión de unos 900 millones de dólares.
Los argumentos cruzados entre Katoen Natie y Neltume Ports también hacen tener reparos a los empresarios, teniendo en cuenta que su idea tampoco es mostrarse “a favor de”, sino más bien posicionarse dejando en claro que los costos portuarios muestran que es necesario “favorecer la competencia”.
El trasfondo del asunto
A la vez que se dio a conocer la propuesta de Neltume Ports, también se reavivó una discusión jurídica que tiene ya varios años. En concreto, se remonta a 2021, cuando la administración liderada por Luis Lacalle Pou firmó con Katoen Natie la concesión de TCP hasta 2081. En ese entonces, en paralelo también se emitieron dos decretos al respecto. Uno de ellos establecía que no se podía avanzar hacia una segunda terminal especializada de contenedores hasta que no hubieran transcurrido dos años seguidos en los que TCP operara al 85% de su capacidad.
Ese fue uno de los puntos cuestionados por la oposición frenteamplista y por la compañía Montecon, que presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) un pedido de nulidad del acuerdo entre el Estado y Katoen Natie, así como de los decretos citados anteriormente. En febrero de este año, el TCA falló parcialmente a favor de Montecon. Concretamente, resolvió anular la cláusula 3.5.4 del Decreto 114 de 2021, que impedía el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada en el puerto de Montevideo.
Este fallo, sin embargo, no parece despejar –al menos para todos– la imposibilidad de que haya una segunda terminal. Jorge Gandini, director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, dijo semanas atrás a la diaria que si bien el TCA falló en contra de la cláusula del Decreto 114, el contrato vigente entre el Estado uruguayo y Katoen Natie “contiene una cláusula que es exactamente igual”.
Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, en la misma línea advirtió en el programa Quién es quién de Diamante FM que la “aceptación de la iniciativa privada implicaría” que la compañía notifique al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones “la existencia de un diferendo en el marco del tratado de protección de inversiones”.
El abogado Gonzalo Lorenzo, asesor jurídico de Neltume Ports, dijo a la diaria semanas atrás que, como no se puede decir que la cláusula en cuestión “cumpla con la legalidad en el Estado receptor” –a partir de la sentencia del TCA– tampoco Katoen Natie puede “exigir su cumplimiento”. “¿Cómo vamos a tener hasta 2081 una inversión violatoria del orden público de Uruguay? Es inverosímil”, sentenció.
“A mí me gustaría tener otro puerto de ese porte”, respondió en rueda de prensa el presidente Yamandú Orsi sobre la posibilidad de una segunda terminal. Por su parte, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, advirtió en la diaria Radio que “el gobierno no va a tomar decisiones sobre la base de presiones”. Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, señaló que “hay un contrato firmado por el Estado uruguayo con la terminal de contenedores y eso tiene una naturaleza jurídica que tiene que ser evaluada”.
