El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) recibió este martes a los ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, Gabriel Oddone y Juan Castillo, respectivamente, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y al coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, para profundizar en los detalles del proyecto que el gobierno envió al Parlamento para crear una causal de retiro anticipado a los 60 años.
Los representantes del gobierno se reunieron el lunes con legisladores del FA con el mismo objetivo. La agenda continuará este miércoles con las organizaciones sociales que participaron en el Diálogo Social y con miembros del Comité Fiscal Asesor y del Comité de Expertos de la Regla Fiscal, según adelantó Oddone en una rueda de prensa.
A la salida de la reunión, el presidente de la fuerza política de gobierno, Fernando Pereira, declaró a los medios que la presentación del proyecto “es tremendo avance” y que, eventualmente, “si una persona, cuando esta ley entre en vigencia, pierde su trabajo a los 59 años, naturalmente no va a tener una circunstancia igual si se puede jubilar a los 60 que a los 65 años”.
Castillo dijo en una rueda de prensa que la iniciativa “tiene en cuenta el Diálogo Social”, así como a “la población más vulnerable”. En ese sentido, Oddone señaló que ese grupo, que representa “aproximadamente el 30% de las personas que se jubilan cada año”, va a tener condiciones de jubilación “iguales o mejores que las que regían antes de la [Ley] 20.130 [del gobierno de Luis Lacalle Pou], que era cuando se podían retirar a los 60 años”. “Para las personas que no están en ese colectivo, para el 70% restante, toda la ley lo que intenta es incentivarlos a que se mantengan hasta los 65, que es lo que hoy establece la ley”, subrayó.
El ministro destacó que solo algunos colectivos hoy se pueden retirar antes de los 65 años, por lo que destacó que el régimen que establece la iniciativa implica un “acceso universal” al darles “la libertad a todas las personas”.
Por otro lado, el ministro anunció que, además del proyecto de la causal anticipada de retiro, antes del 30 de noviembre el Poder Ejecutivo presentará otra iniciativa vinculada a las administradoras de fondos de ahorro previsional, que, según confirmó la diaria con fuentes del gobierno, prevé, entre otras cosas, ampliar la posibilidad de inversión en el exterior.
Juan Castillo y Gabriel Oddone, en la Huella de Sergni.
Foto: Gianni Schiaffarino
Perrone propone discutir certificaciones médicas y automatización del trabajo
Consultado sobre sus expectativas en cuanto a la negociación con los partidos de la oposición, Pereira sostuvo que “es bravo votar en contra de este derecho”. “Yo no sé qué van a hacer, pero me imagino que debe haber legisladores reflexionando qué decirle a la gente que no se va a poder jubilar a los 60 años, aunque esto no tenga ningún costo fiscal o el costo fiscal sea muy bajo”, comentó.
Desde el Partido Nacional y el Partido Colorado se calificó el proyecto como “una mentira” y “muy tribunero”, y dada la configuración actual de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayorías, el FA necesita dos votos para aprobarlo.
Este martes, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone –quien en otras oportunidades ha tenido la llave para aprobar iniciativas– planteó en una rueda de prensa que antes de definir su postura es necesario “definir cómo se va a trabajar el proyecto, si se va a crear una comisión especial”.
En la línea de iniciar el diálogo con el oficialismo, Perrone planteó que, a su juicio, “es un buen momento para atacar la industria de las certificaciones médicas”, lo cual ya fue planteado por CA en el período pasado. “Es uno de los principales puntos a atacar en todo lo que tenga que ver con reformas de la seguridad social y el déficit del BPS [Banco de Previsión Social]; así que por ahí va a ser nuestro camino”, sostuvo, en el entendido de que “todo eso lleva al déficit del BPS”.
Por otro lado, en diálogo con la diaria, Perrone dijo que otro tema que va a plantear y “empujar”, en el marco del diálogo por el proyecto, es la automatización del trabajo. El diputado cabildante señaló que si bien no se puede “ir en contra del avance tecnológico”, es “evidente” que la seguridad social “necesita un aporte externo que no sea solo el aporte de los trabajadores”.
“Esa automatización, además de destruir un puesto de trabajo, no hace ningún tipo de aporte y recibe exoneraciones fiscales”, apuntó, y consideró que “de alguna forma [la automatización] tiene que volcar al sistema previsional, ya sea directamente creando algún tipo de impuesto, o eliminando beneficios tributarios”.
La diputada del FA Sol Maneiro –quien participó en el Diálogo Social– dijo a la diaria que el oficialismo “no está cerrado a discutir todos los demás que se presenten”, pero llamó a ir por “una cosa a la vez”. “Ahora vino este proyecto; me parece que nos tenemos que centrar en discutirlo y, si después vienen otras propuestas de discutir otras cosas, siempre estamos abiertos, [pero] no como moneda de cambio”.
En cuanto a la automatización, Maneiro reconoció que es un tema “pendiente” que es necesario “abordar tarde o temprano”, aunque no sabe si podrá ser en este período de gobierno. De todas formas, reafirmó la disposición a “generar otros ámbitos de discusión más amplios para empezar a procesar estas discusiones con la academia, las organizaciones civiles, los partidos políticos”.
Consultado por la diaria sobre las certificaciones, el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, José Lorenzo López, valoró que el tema “está laudado en el Estado y está en el marco de un convenio colectivo que firmó el actual Poder Ejecutivo, con la anuencia del resto de los partidos políticos y con la confirmación de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”. “Creo que Perrone para hablar del déficit de la seguridad social, en todo caso, tendría que hablar de la Caja Militar: es ahí donde está el déficit más importante, de 500 millones de dólares”, expresó.
