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Edison Lanza (archivo, agosto de 2025).

Foto: Alessandro Maradei

Uruguay y Brasil rechazaron en la OEA la convocatoria al TIAR para combatir el crimen organizado

El embajador Edison Lanza afirmó que Uruguay “no minimiza” los efectos del tráfico de drogas, pero eso “no permite asimilar delincuencia con terrorismo ni activar mecanismos para intervenir en asuntos internos de otro país”.

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El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró este viernes una reunión extraordinaria en la que consideró y aprobó el proyecto de resolución -suscrito por 12 países- para convocar al Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). La decisión tuvo 14 votos favorables, dos contrarios y una abstención. Uruguay, junto con Brasil, votaron en contra, mientras que la abstención fue de Bahamas.

La resolución aprobada sostiene la convocatoria del TIAR en la existencia de una “situación de peligro a la paz hemisférica” vinculada con el crimen organizado “implicado en tráfico de drogas y terrorismo”. En este escenario, el representante de Uruguay ante OEA, Edison Lanza, destacó durante su intervención que el país considera “con seriedad y alta preocupación la situación generada por la actividad del crimen organizado en la región”. Sin embargo, puntualizó que no se entiende “necesario” abordar el fenómeno “a través de un mecanismo como el TIAR”.

En la misma línea, Lanza recordó que se trata de un mecanismo que “fue creado para enfrentar otro tipo de amenazas”. Puntualizó que su espíritu tiene que ver “con la defensa colectiva ante la amenaza o el uso de la fuerza armada extrarregional contra un Estado de la región”. Más allá de eso, enfatizó en que además se trata de “una excepción a la prohibición de uso de la fuerza en el Sistema Interamericano”, lo que implica una “aplicación” que tiene que estar “sujeta a interpretaciones sumamente acotadas y para nada ambiguas”.

Dejando claro que Uruguay “no minimiza los impactos y afectaciones del crimen organizado”, Lanza remarcó que “ello no permite asimilar delincuencia con terrorismo ni activar mecanismos colectivos para intervenir en asuntos internos de uno u otro país”. “La delincuencia organizada y los fenómenos vinculados al terrorismo que amenazan la paz tienen regímenes jurídicos diferenciados que nuestras democracias deben respetar, dado que implican garantías derivadas de los derechos humanos y la vigencia plena del Estado de derecho”, complementó en el mismo sentido el representante uruguayo en la OEA.

Además, recordó que a la OEA “no le faltan marcos ni herramientas jurídicas, políticas o técnicas para enfrentar el crimen organizado trasnacional de manera efectiva y conforme al Derecho Internacional y las legislaciones de cada Estado miembro”. Subrayó que “Uruguay participa activamente” en las instancias regionales para el abordaje del crimen organizado y reconoció que hay espacio para “profundizar esta colaboración”.

Como ejemplo, Lanza puntualizó que Uruguay “saluda la convocatoria” de Panamá a realizar una “conferencia hemisférica de alto nivel sobre crimen organizado que reúna a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores de todos los países del hemisferio”. Aseguró que, por el contrario, la aplicación del TIAR “excluye a buena parte de los países que integran la OEA”.

Lanza se refirió en particular a la gestión nacional del fenómeno, puntualizando en que en la actualidad se cuenta “con un Plan Nacional de Seguridad construido de manera participativa” que busca “generar políticas de Estado”. Resaltó asimismo que su aplicación se da en paralelo a un proceso de construcción de un “sistema coordinado para perseguir el financiamiento de las economías ilícitas y el lavado de dinero”.

El vínculo de Uruguay con el TIAR tuvo cambios entre 2019 y 2020. En setiembre de 2019, sobre el final del gobierno de Tabaré Vázquez, Uruguay decidió retirarse del mecanismo en el marco de la votación de una resolución que llamaba a “utilizar todas las medidas” para “perseguir, capturar, extraditar y sancionar” a personas que “ejercen o han ejercido como altos funcionarios” del gobierno venezolano y hayan participado en hechos de “corrupción” o violaciones de los derechos humanos.

Meses después, en el inicio de la gestión de Luis Lacalle Pou, el entonces canciller Ernesto Talvi anunció como una de sus primeras medidas el retorno de Uruguay al TIAR. Según argumentó, esa acción fortalecería a la OEA “como el lugar donde primariamente deben dilucidarse los problemas y encarar los desafíos”.