Una a favor y una en contra tuvo el miércoles el Partido Nacional (PN). Por un lado, la Fiscalía decidió archivar la causa que tenía abierta el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, lo que fue celebrado con una declaración del PN, que exhortó a “cuidar el preciado honor de las personas y evitar por tanto toda intencionalidad y motivación política” en este tipo de instancias judiciales. Por otro lado, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyó que la exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, “violentó las normas de conducta en la función pública” cuando, en agosto de 2022, firmó una resolución que otorgó beneficios tributarios a una empresa en la que su esposo era gerente general.
El dictamen de la Jutep fue aprobado solo con los votos de los directores del oficialismo, Ana Ferraris y Alfredo Asti, y tuvo el voto en contra del representante de la oposición, Luis Calabria.
En una segunda declaración, emitida el jueves, el PN manifestó “su plena confianza” en Arbeleche, “cuya trayectoria se caracterizó por la responsabilidad, la transparencia y el estricto apego al derecho”, y afirmó que su accionar durante el período pasado “se ajustó a derecho y se desarrolló dentro del marco de las normas vigentes que regulan la conducta en la función pública”.
Asimismo, el PN acusó a la mayoría conformada por Ferraris y Asti de hacer “un sistemático uso partidizado de un organismo que, por su naturaleza institucional, debe actuar con estricto apego a criterios técnicos y jurídicos”. “Exigimos a la Jutep que, en el ejercicio de sus competencias, actúe con estricto apego al derecho, garantizando criterios jurídicos objetivos y evitando cualquier utilización del organismo con fines políticos, en resguardo de la credibilidad institucional que debe caracterizar a los órganos de control del Estado”, finalizó el principal partido de la oposición.
Pablo Abdala: “La pérdida de la confianza” en la Jutep “se ha profundizado”
“Azucena Arbeleche no cometió ninguna ilegalidad, actuó en el marco de una actividad reglada y no ejerció ninguna forma de discrecionalidad”, aseguró el diputado del PN Pablo Abdala. En diálogo con la diaria, el legislador sostuvo que la exjerarca tomó una decisión que “podría haber tomado cualquier otro ministro de Economía”; de hecho, señaló que “la misma decisión se ha tomado con anterioridad en gobiernos del Frente Amplio”, en el marco de “la aplicación de la Ley de Inversiones”.
Técnicamente, lo que hizo Arbeleche en su momento fue aprobar la financiación de un proyecto que había sido presentado por la empresa Lanafil SA -en la que su esposo era el gerente general- ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. El visto bueno se hizo con base en un informe técnico previo del Ministerio de Economía y Finanzas. A la empresa se le otorgó un crédito por el impuesto al valor agregado equivalente a 27 millones de pesos de aquel entonces y una exoneración del impuesto a las rentas de las actividades económicas de alrededor de 19 millones de pesos.
Para Abdala, el fallo de la Jutep confirma que “hay un manejo muy tendencioso” del organismo de contralor por parte de la mayoría oficialista. Reiteró que en el caso de Arbeleche “no hubo una desviación de conducta” y catalogó la resolución de la Jutep como “absolutamente desproporcionada”.
Según informó Búsqueda, en el dictamen de la Jutep se sostiene que, conforme al Código de Ética en la Función Pública, Arbeleche debió abstenerse de ejercer su función con relación a empresas con las que existiese un vínculo familiar. “Respetar esta prohibición no implicaba que la empresa perdiera el derecho al beneficio que podía legítimamente corresponderle: bastaba con que la ministra se excusara y delegara en quien correspondiere la firma de la resolución”, se señala.
En declaraciones a Telemundo, Ferraris dijo que la intervención de Arbeleche fue “mucho más que una cuestión protocolar”, dado que “la firma de la ministra es la que resuelve” si se otorga o no la exoneración. “Acá lo que no está en discusión es el derecho de la empresa a acceder a esos beneficios tributarios, ni mucho menos. Acá lo que nosotros analizamos es la conducta de la ministra y lo que debió haber hecho de acuerdo a lo que el propio código prevé, [que] es haberse excusado de intervenir y haber puesto en conocimiento a su superior de la situación que estaba planteada, en este caso, al presidente de la República”, expresó.
Abdala, quien el año pasado interpeló al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por el cuestionado fallo de la Jutep sobre el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, señaló que desde entonces “la pérdida de la confianza” en la mayoría oficialista de la Jutep “se ha profundizado”.
“Creo que a esta altura está claro que hay que tomar una decisión de fondo, de menos a más. Lo de menos sería la renuncia inmediata de los directores de la Jutep y la conformación de un nuevo directorio. Y a partir de allí, eventualmente, creo que el sistema político debería abocarse a estudiar la razón de ser de la Jutep”, manifestó el diputado nacionalista.
En ese sentido, Abdala hizo énfasis en el actual diseño de “dos y uno” que tiene el organismo de contralor, en referencia a la correlación de fuerzas en el directorio. “Notoriamente, este período de gobierno confirma que la politización de la gestión resulta prácticamente inevitable, por lo menos cuando gobierna el Frente Amplio”, agregó.
Gil Iribarne: “El dos a uno lo impuso la Coalición y lo aceptó el Frente Amplio”
Para Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep, Arbeleche “no respetó la ley”, lo cual “no quiere decir que haya incurrido en una práctica corrupta”. “La exoneración al marido había que dársela, [pero] lo que ella no podía hacer, porque la ley se lo prohíbe, es firmarlo”, señaló, en diálogo con la diaria. La exoneración, añadió, “la podía haber firmado a otro y estaba bien dada”.
Acerca de las críticas que ha recibido la mayoría del directorio de la Jutep, Gil Iribarne consideró que el tema es “muy preocupante”, pero puntualizó que “no es de ahora”. “Esto arranca en el 2020, cuando se oficializó la cuota político-partidaria en la Jutep; o sea, en el 2020 los cargos de la Jutep se repartieron dos para el oficialismo y uno para la oposición, lo mismo que en UTE, Antel y en cualquier organismo”, apuntó.
Gil Iribarne sostuvo que, de este modo, se “partidizó” el organismo de contralor: “No hay ninguna duda y lo que se ve es el efecto de eso”. En el gobierno anterior, señaló, la entonces mayoría oficialista no se expidió “en ninguno de las decenas de casos en que había elementos de duda sobre el comportamiento ético y político, en materia de corrupción, de distintos jerarcas” del oficialismo.
Y en la actual administración, continuó, “hubo dos pronunciamientos públicos que generaron protestas [el de Danza y el de Arbeleche] y la queja del dos a uno”. “El dos a uno lo impuso la Coalición [Republicana] en el período anterior, y lo aceptó el Frente Amplio, en el período anterior y en este”, resaltó.
Según Gil Iribarne, “lo peor es que eso está generando una desconfianza brutal” en la población, porque “hoy el ciudadano no tiene como referencia un organismo anticorrupción en el cual pueda confiar”. “Mientras siga politizado y cuotificado, yo creo que no va a recuperar la confianza y eso es muy preocupante”, añadió.
“Cuando se deteriora el funcionamiento de los organismos de esta manera, lo que se produce es que se transmiten más dudas y ninguna certeza al que realmente interesa, que es el ciudadano común, que va a terminar pensando que los políticos son todos iguales y va a perder la confianza, y ya sabemos lo que pasa cuando la gente le pierde confianza al sistema”, subrayó.