En una resolución del 16 de marzo, el Poder Ejecutivo (PE) confirmó la integración del Consejo Nacional Honorario del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y, tras un proceso de convocatorias que lideró el instituto regulador sistematizando propuestas provenientes de cada sector, designó a los representantes de la sociedad civil: Juan Manuel Varela y Rosina Yemini en representación de los clubes de membresía; Julio Rey y Margarita Olivera por los cultivadores domésticos, y Juan Pérgola junto con Federico Sasson como delegados de las empresas licenciatarias –titular y suplente, en ese orden–.
“Por razones de conveniencia, se entiende oportuno designar como representantes de los referidos sectores en el Consejo Nacional Honorario a las personas propuestas por el Ircca”, consideró el PE.
Como informó este medio, el Consejo Nacional Honorario tiene su origen en el artículo 26 de la Ley 19.172, que regula el acceso a la marihuana. A pesar de que la ley culminó su trayecto parlamentario en diciembre de 2013, el órgano consultivo fue convocado por primera vez en mayo de 2025, y también está integrado, además de los representantes listados en el decreto, por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), un representante de la Universidad de la República (Udelar) y un representante del Congreso de Intendentes. Son nueve miembros en total.
A finales de febrero, cuando el presidente del Ircca, Martín Rodríguez, dialogó con la diaria, dijo que funcionará como “un ámbito de intercambio y de diálogo que va a contribuir a que las decisiones que se tomen en los distintos espacios institucionales sean más informadas”.
Referentes de clubes prevén agruparse en una federación, y cultivadores perseguirán cambios en los decretos reglamentarios
Varela, titular por los clubes de membresía, explicó a la diaria parte del proceso. Narró que elaboraron un grupo de trabajo integrado por cuatro personas para viajar a los distintos departamentos con el objetivo de “conseguir el apoyo para esta postulación”, lo que les permitió cosechar la firma de 65 clubes tras seis asambleas.
De forma paralela, detectaron “la necesidad de generar algo institucional que esté por detrás de este consejero para que tenga un sustento más real y una representatividad mayor”. “En base a eso armamos el Congreso de Clubes, que va a ser una nueva federación que está en formación, que es una asociación de personerías jurídicas. Ya contamos con 43 aproximadamente, ahora estoy hablando con otros, que se están sumando para ser fundadores, lo cual es algo histórico porque antes obviamente existió la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FECU), pero no superó los 40 miembros activos nunca”, indicó. En Uruguay hay 557 clubes habilitados en funcionamiento, según un informe del Ircca con datos de 2025 que relevó este medio.
Para Varela, los reclamos “son siempre los mismos” y listó “una universalidad en accesibilidad, seguridad jurídica y disminución de los riesgos”. De las tres que prevé el sistema, entiende que los clubes representan “la única vía estable que logra mantener un stock y la menos afectada con problemas de disponibilidad”: “Los clubes tienen un 25% de los usuarios y dispensamos más del 52% del cannabis dispensado formalmente en 2025. Eso implica que las personas que son socias de los clubes tienen menos desviaciones hacia el mercado informal porque tienen stock más constante que en la farmacia”, acotó.
“Planteamos que es importante que la política pública nos tenga en cuenta para todo lo que se viene”, solicitó en relación al registro único, al acceso para no residentes y otras novedades que incluye la revisión normativa que actualmente impulsa el Ircca. Sin embargo, destacó la apertura de Martín Rodríguez y también la del exjerarca Daniel Radío, aunque “a veces se escucha pero no se ve reflejado en las acciones”.
“Los clubes generan trabajo. Somos 600 clubes y hay tres personas, por lo menos, trabajando en cada club. Estamos hablando de más de 1.800 empleos directos”, puntualizó. Frente a eso, los requerimientos exigidos por el Ircca implican “costos cada vez más altos”, mientras que su “punto de eficiencia” requiere socios “constantemente”, pero “muchas veces no tienen el poder adquisitivo como para poder llegar todos los meses”. “Para bajar los costos de eso se necesita poder tener más plantas, más socios, aunque sabemos que el informe dice que no todos los clubes, o solamente muy pocos, el 17%, tienen completo su cupo, pero eso no obedece a que no haya gente queriendo entrar a los clubes, sino que las condiciones que los clubes ponen son muy difíciles de solventar”, cerró.
Rey, representante de los cultivadores y referente de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA), que nuclea a unos 120 miembros activos, dijo a este medio que llegarán al ámbito con “propuestas de modificaciones mínimas a la redacción de los decretos reglamentarios”, no a la ley en sí, por tratarse de una decisión que no involucra el ámbito parlamentario y puede modificarse “por voluntad política”; “básicamente, todo lo que tenga que ver con cuestiones que se entiendan como punitivas de la ley –por ejemplo, los destinos lícitos– y el tema de dejar claro qué son faltas administrativas y qué son delitos en sí respecto de la tenencia, producción, etcétera, de lo que es el cannabis”, ejemplificó.
Consultado sobre el proceso que derivó en su designación, dijo que ACCA transitó un proceso “de largo aliento”, y que el hecho de “nuclearse” para “mejorar la ley” ha sido “un acumulativo que hemos llevado desde los inicios de esta agrupación, por 2019, en el tema de acompañar casos jurídicos y procesos penales”, aunque entienden que trasciende al Ircca. Aún no se definió un ritmo de trabajo.